Poggi quiere saber si el Gobierno provincial pidió apoyo a las fuerzas federales para combatir la inseguridad 

Claudio Poggi presentó un pedido de informe al Gobierno Nacional para saber si la administración de Alberto Rodríguez Saá solicitó “auxilio federal para, de una vez por todas, poner freno a la escalada delictiva que vive la Provincia”, y “garantizar la seguridad y tranquilidad” de los sanluiseños “a través de la prevención de ilícitos y el esclarecimiento de los ya ocurridos”.

El oficial de la Policía de San Luis, Diego Gatica fue víctima de la inseguridad: para robarle la bicicleta y las zapatillas un grupo de delincuentes lo agredió causándole heridas de muerte. Su fallecimiento se produjo este domingo 11 de septiembre, después de pasar 6 días internado. La provincia vive horas de conmoción.

El diputado Nacional dirigió la petición al Ejecutivo Nacional, dos días después que ocurriera el ataque al efectivo, hecho que desnudó la ola de inseguridad que viven todos los sanluiseños. De este modo pidió que a través de los organismos competentes, se informe sobre los pedidos de asistencia o colaboración que haya realizado el Gobierno de San Luis para el esclarecimiento, investigación o prevención del delito.

El informe solicitó los siguientes puntos:

A) La asistencia o el asiento en el territorio de la Provincia de efectivos de Fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria) para colaborar con la Policía de la Provincia de San Luis en tareas de prevención del delito.

B) La asistencia de fuerzas federales para colaborar en la investigación o esclarecimiento de ilícitos no resueltos ocurridos en el territorio de la Provincia de San Luis.

C) La colaboración de los organismos federales competentes en la materia, para colaborar en la capacitación del personal de las fuerzas de seguridad de la Provincia de San Luis en cuestiones referidas a la lucha contra el delito.

D) La colaboración de los cuerpos de peritos o con especialización dependientes del Gobierno Federal para el esclarecimiento de delitos de competencia provincial o para la capacitación en la materia de personal de las fuerzas de seguridad provinciales.

E) Asesoramiento sobre el diseño de políticas o planes de prevención del delito.

Además requiere, en todos los casos de ser afirmativa la respuesta, “la remisión de los instrumentos por los cuales se han efectuado tales solicitudes y el detalle de la respuesta a tales requerimientos”.

“Hace ya un largo tiempo los habitantes de mi provincia se encuentran profundamente conmovidos por los continuos hechos delictivos contra la vida de las personas, contra la integridad sexual y contra la propiedad, entre otros”, fundamentó Poggi en la solicitud.

Resaltó que “la inseguridad golpea a los ciudadanos a plena luz del día, mientras hacen sus compras, realizan sus actividades cotidianas o en el camino de ida o regreso a sus lugares de trabajo, incluso dentro de su propio hogar”.

Consideró que “sin duda la gravedad de los delitos” exige “una inmediata e irrenunciable obligación del Estado Provincial para el diseño de políticas de prevención. Apuntó que no se deben “escatimar esfuerzos para esclarecerlos y que los responsables, luego de un debido proceso, reciban la sanción penal que les corresponda”.

En el caso de los delitos contra la propiedad, analizó que “se advierte una escalada en la agresividad con que actúan las personas que delinquen, ya que ingresan a los domicilios cuando están sus moradores, asaltan a las personas en la vía pública o en comercios, en horarios de plena actividad laboral, con el uso de armas”.

Poggi mencionó el caso de Gatica, a quien asaltaron el 5 de septiembre cuando transitaba por el Corredor Vial, en inmediaciones al Barrio Tibiletti. Le fracturaron el cráneo, y por eso desde el primer día su estado fue crítico.

“Episodios como este se repiten a diario en la provincia”, insistió Poggi.

También planteó lo que padecen los comerciantes: “Los ilícitos ya no se concretan solo de noche o cuando no hay nadie en los locales, sino que suceden cuando hay personas (propietario, empleados y/o clientes), por lo que no solo hay daños patrimoniales sino peligro cierto para la vida de las personas y su integridad física”.

Y añadió los casos de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello, dos muertes que sucedieron en comisarías de San Luis, en pleno aislamiento social por la pandemia de Covid-19, y que no están esclarecidas. También la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone, a quien se llevaron cuando jugaba en la puerta de una vivienda, en la zona sur de la ciudad.

“Es claro que en San Luis existe un accionar por parte del Poder Ejecutivo Provincial, en la cabeza de los organismos de seguridad a su cargo, que en algunos casos resulta cuestionable, en otros insuficiente y en otros omisivo, lo que genera una situación de inseguridad cada vez más alarmante y violatoria de las garantías de mis comprovincianos”, subrayó.