La Cámara Electoral Nacional confirmó que el Gobierno de Rodríguez Saá quiso cometer delitos electorales y continuará la investigación a funcionarios
El Tribunal consideró que las medidas oficiales fueron desleales y violatorias de las reglas de la competencia electoral.
La Cámara Electoral Nacional confirmó hoy la resolución de la Justicia Federal de San Luis que se originó en una denuncia del Comité Electoral del Juntos por el Cambio contra el Gobierno provincial por la comisión de delitos electorales en la última campaña que terminó con la derrota del kirchnerismo de San Luis liderado por Alberto Rodríguez Saá.
La resolución del juez Federal, Juan Maqueda, dictada a instancias de una medida cautelar promovida por el fiscal Cristian Rachid, fuertemente criticado por el rodriguezaismo, fue confirmada por la Cámara Electoral. El fallo del máximo tribunal del país con competencia en la materia fue firmado por Daniel Bejas, Santiago Corchera, Alberto Dalla Vía.
Este proceso judicial se inició por una denuncia presentada el 7 de octubre de 2021 por la presidenta del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y presidenta de Bases Republicanas, Jimena de la Torre y el apoderado del Frente Unidos por San Luis, Ricardo Endeiza por la utilización de fondos públicos con fines clientelistas y discrecionales.
Jimena de la Torre y Ricardo Endeiza.
El Comité pidió que se frenaran hasta finalizada la elección las siguientes medidas oficiales:
| La utilización los fondos rotatorios “cajas chicas”, para entregar dinero en efectivo en forma absolutamente discrecional.
| El pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de $ 20.000 y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre (3 días hábiles antes de la elección).
| La operatoria de microcréditos de hasta $ 50.000 (que se entregan a sola firma y con evidente utilización partidaria).
| El otorgamiento de los subsidios a asalariados.
El fiscal Rachid solicitó el dictado de urgentes medidas cautelares "para evitar la comisión de delitos electorales" y el juez hizo lugar a todos los pedidos, incluido el uso de los fondos rotatorios “cajas chicas” por parte de los funcionarios para dar dinero en efectivo sin necesidad de rendir cuentas.
La respuesta del Gobierno provincial fue presentar un recurso de apelación. Lo hizo a través del fiscal de Estado, Eduardo Allende que además de cuestionar el fallo de primera instancia, embistió duramente contra el fiscal Rachid.
Fiscal Cristian Rachid. (Foto Marcos Verdullo)
Qué dijo ahora la Cámara Electoral:
1.- Declaró mal concedido el recurso.
2.- Confirmó la resolución.
Este fallo considerado trascendente fue dictado al cumplirse un año de las PASO del 12 de septiembre. En San Luis, el Frente de Poggi se impuso por 46,9% de los votos sobre el Frente de Rodríguez Saá que logró el 37,3%.
Funcionarios del gabinete.
Hay otro punto importante que se desprende del fallo emitido ayer por la Cámara: proseguirá la investigación a funcionarios del Gobierno de Rodríguez Saá para determinar la responsabilidad de quienes hayan intervenido en las maniobras orientadas a captar con fondos públicos la voluntad de electores para beneficiar al Frente Fuerza San Luis.
“En efecto, no debe pasarse por alto, que para el examen de las violaciones en las que pudieran haber incurrido funcionarios públicos en el marco de la norma transcripta, es necesaria la instrucción de un procedimiento que debe resguardarlas garantías propias del debido proceso”, dijeron los jueces.