Unidos por San Luis propone un presupuesto alternativo que reduce a la mitad la cantidad de funcionarios y no permite el gasto clientelar
El bloque de Claudio Poggi llegará a la sesión con un dictamen propio que incluye objeciones al gasto que proyecta hacer en 2023 el Gobierno de Rodríguez Saá.
La oposición de Unidos por San Luis presentó un despacho de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos alternativo que apunta a achicar a la mitad la planta de funcionarios políticos y prohíbe el gasto clientelar, entre otras propuestas.
La Cámara de Diputados tratará este miércoles el presupuesto que ejecutará Alberto Rodríguez Saá en un año electoral que será además el último de su gestión. Asciende a $256.985.036.756, es un 111% superior al vigente y se da en un contexto de una inflación desbocada. La venta de bonos del juicio Nación-Provincia por $29.815.575.048 maquillan lo que a esta altura se considera un “déficit crónico”. Por cuarto año consecutivo las cuentas de Terrazas del Portezuelo cerrarán en rojo.
Los números del proyecto de ley de gastos reflejan la absoluta dependencia del Gobierno provincial de los recursos de la coparticipación de la Nación que viene financiando prácticamente toda la obra pública en la provincia y asistiendo con planes sociales, más allá del Plan de Inclusión.
“Vemos que están sobredimensionadas las estructuras de ministerios y secretarías, que no repercuten en la calidad de vida de los sanluiseños. Queremos que la planta de 1271 funcionarios se reduzca a la mitad”, sostuvo la diputada Mónica Becerra de Unidos por San Luis-Avanzar que como miembro informante de la oposición sostendrá la propuesta del poggismo surgida del Gabinete de Control y Seguimiento Fiscal. Se hizo un análisis meticuloso del proyecto.
En ese sentido propusieron que “la economía de gasto” por la eliminación de cargos jerárquicos en el Gobierno se destine a “salud, seguridad y a gastos vinculados a la educación formal”.
“Miles de millones se gastan en pocas personas en detrimento de casi la mitad de los sanluiseños que vive en la pobreza. Queremos un gobierno ágil, que escuche y esté presente, pero no creemos que sea a través de esta gran estructura del Estado”, dijo la legisladora de Villa Mercedes e insistió:“Vemos los organigramas y hay funcionarios que no tienen ni siquiera funciones”.
“Es necesario que cada sanluiseño entienda lo que está pasando, este dinero que se asigna a este exceso de funcionarios es el doble de lo que se asigna a las escuelas privadas, escuelas autogestionadas, copa de leche y al hospital de Villa Mercedes”, graficó al dar algunos ejemplos.
Por otro lado Unidos por San Luis quiere que por ley se prohiba el gasto orientado a torcer la voluntad del electorado que se materializa a través del popularmente llamado “plan platita” y la oportunidad de hacerlo es esta instancia.
Buscan eliminar el gasto clientelar incorporando a la ley el siguiente texto como artículo 15: “Desde el inicio de las campañas electorales nacionales y/o provinciales y hasta la finalización de los comicios respectivos, el Poder Ejecutivo no podrá, directa o indirectamente, lanzar o implementar planes, proyectos o programas de cualquier naturaleza ni otorgar préstamos, subsidios en dinero o en especie, facilidades de pago, condonaciones o quitas, planes sociales o afines, ni ejecutar acto alguno que pudiera promover la captación del sufragio o compeler al elector a votar en determinado sentido. Cuando la fecha de la elección municipal difiera de la provincial o nacional, la prohibición también alcanzará al período que inicia con la campaña municipal y hasta la fecha de los respectivos comicios, dentro del territorio municipal del que se trate. En todos los casos, la prohibición se refiere a las elecciones primarias y generales”.
“Hemos querido dejan plasmado después del fallo de la Cámara Nacional Electoral que no se deben usar los fondos públicos en proselitismo que se disfraza en asistencia social”, afirmó Becerra.