Diputados de Rodríguez Saá aprobaron un Presupuesto "deficitario" para el 2023 con un aumento de funcionarios

En una maratónica sesión que se extendió por casi 7 horas y media, los diputados de Fuerza San Luis aprobaron el proyecto de ley de Presupuesto 2023 que contempla recursos que ascienden a $256.985.036.756.

El kirchnerismo defendió a capa y espada la propuesta. De hecho, se negaron a realizar algún tipo de modificación y lo sancionaron tal cual llegó desde Terrazas del Portezuelo. En sus discursos, elogiaron las finanzas de la administración de Alberto Rodríguez Saá al calificar el proyecto como "equilibrado" y "ordenado".

El poggismo había propuesto un proyecto alternativo que incorporaba dos ejes claves: 1) reducir en un 50% la planta de funcionarios y 2) desde el inicio de las campañas electorales, el Gobierno no pueda implementar planes ni otorgar préstamos con el objetivo de captar el voto del vecino.

Si bien los recursos significan un incremento del 111% en relación al presupuesto actual, contempla la venta de bonos del juicio Nación-Provincia por $29.815.575.048. Desde la oposición señalaron que ya se está en presencia de un “déficit crónico”. La provincia viene de tres años con los números rojo y en 2023 necesitará también echar manos a los bonos que vienen del cobro del juicio.

Mónica Becerra dijo que en el proyecto “no observamos que cumpla el objetivo de un reparto equitativo, es más, vemos una provincia que está sumergida cada vez más en la pobreza, con indicadores socioeconómicos decadentes, preocupantes y de los cuales el único responsable es el Gobierno”.

Por otro lado, señaló que se trata de un presupuesto “deficitario” porque “cubre los gastos ordinarios con recursos extraordinarios, es decir, que se apela al uso de fuentes y aplicaciones financieras para cubrir otros gastos. En la Cuenta de Inversión vimos que se utilizaron la mitad de sus bonos y ahora vemos que van a delinear la misma metodología”.

La legisladora de Unidos por San Luis apuntó contra el discurso del oficialismo que exhibe como una fortaleza el aumento de un 111% de los recursos: “Hay un error en conceptualizar ese crecimiento. Hablamos de índices inflacionarios del 95%, por lo tanto, es una mera actualización el Presupuesto”.

Por otro lado, afirmó que en la iniciativa, que ahora pasó al Senado para su tratamiento y donde tiene vía libre para su sanción, el Gobierno clasificó algunos gastos corrientes como capital como el consumo de combustible. También indicó que desde el 2018, el Gobierno subejecuta obras, es decir, que no las realiza y las repite cada año en la construcción de la ley de leyes.

Habló de que el Gobierno pretende destinar a los organismos descentralizados (son 26 en total) $17 millones: “Éstos tienen controles más laxos, escapan a los procedimientos de control y contratación”.

“Estas políticas de agrandar la planta política ya las vemos desde hace años y no responden al modelo de San Luis. Este sobredimensionamiento de la estructura del Estado hace generar mayor carga al sector privado, que está en decadencia, que no crece y no tiene apoyo, y que lo único que se puede generar es una mayor carga tributaria para soportar los gastos de un Estado cada vez más grande”, manifestó.

El presidente del bloque Unidos por San Luis, Gastón Hissa se refirió a la importancia de la propuesta que presentaron y sobre a la disminución la cantidad de funcionarios: “Ese ahorro en recursos se puede redistribuir en las áreas de salud, educación y seguridad que en este presupuesto no se ve reflejado ese incremento”.

“No queremos planes platita en épocas electorales. Si tienen los recursos, las herramientas para ejecutarlos, haganló pero ahora, no dos semanas antes de cuando elijamos al próximo gobernador de San Luis. Que el dinero le llegue ahora a la gente”, dijo.

“Me parece que se está gobernando de espalda a la gente. Están preocupados por el tema inflación, pobreza, no llegan a fin de mes. La pobreza lastima, la indigencia se incrementa y uno ve este presupuesto donde se incrementan los funcionarios públicos”, apuntó.

“Este presupuesto no condice con lo que le pasa al ciudadano. Hay menos recursos para salud, menos para seguridad, no se entiende eso”, cerró.

Anabela Lucero desde el bloque de Rodríguez Saá señaló que el incremento de los recursos de un año a otro representa una “mayor autonomía” y “demuestra el crecimiento de la economía local”.

“Es un presupuesto equilibrado, refleja que San Luis es un Estado solvente producto de una administración eficiente y ordenada, con autonomía, independencia para que pueda definir sus propias políticas y contar con los fondos necesarios para llevar adelante”, manifestó la presidenta de la comisión de Finanzas.

Por otro lado, expresó: “Se destaca por la excelente administración y tener la capacidad de distribuirlo de la mejor manera, entre ministerios y secretarías, generando bienestar, empleabilidad, desarrollo por la fuerte inversión social apostando a la educación, deporte, inclusión social y crecimiento económico local y regional”.

“Nos enorgullece saber que se trata de un presupuesto inclusivo, porque presenta como elemento distintivo y destacable la perspectiva de género para seguir creciendo en igualdad y justicia. Estos números hablan de los sueños de los habitantes de nuestra tierra, de sus oportunidades y derechos como ciudadanos. Por eso reafirmamos nuestro compromiso militante con un proyecto provincial inclusivo y democrático que construye y promueve la construcción de una sociedad libre, justa y soberana”, finalizó.

La presidenta del bloque kirchnerista, Gloria Petrino se detuvo en el contexto económico y social en el que se elaboró el proyecto: “Teniendo en cuenta el escenario que se aproxima, pronósticos sobre variables macroeconómicas, y con la decisión de contribuir al crecimiento, el presupuesto se basa en un escenario positivo y prudente, no prevé ningún endeudamiento interno ni externo. Es equilibrado, difícil de sostener y de mantener en el contexto que vivimos y se está logrando y se ha logrado año tras años y en este presupuesto también”.

Sobre el incremento en la planta de funcionarios, aclaró que “el 65 por ciento del personal de nuestro Gobierno trabaja en salud, seguridad y en educación”.

En el debate también intervinieron Luis Lucero Guillet, Víctor Sosa, Marisa Patafio, Eugenia Gallardo, Gabriela Mancilla, Ingrid Blumencweig, Nancy Albornoz, Federico Trombotto, Mario Merlo, Mario Alume, Carlos Altamiranda, María del Carmen Gosteli, Beatríz Ochoa, Ariel Farías, Carlos Muñoz, María del Carmen Portela, José Pedernera.  También hablaron Fernanda Spinuzza, Marcelo Páez Logiogia, Gustavo Morales, Sofía Larroudé, Teresa Páez, Verónica Garro, Sonia Delarco, Analía Aguero, Juan Carlos Eduardo, Federico Berardo, Alberto Leyes y Berta Arenas.

Finalmente, y por votación nominal, la iniciativa fue aprobada por 26 a 13.