Tras las denuncias por corrupción, el intendente Frontera contraatacó y promueve el juicio político contra el auditor Ricardo Bazla

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera a través de sectores que le responden promovió el juicio político en contra del auditor, Ricardo Bazla, uno de los dirigentes más críticos de la gestión que ha promovido investigaciones en el municipio, entre las que se destacan presentaciones por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos.

El pedido ya está en manos del Concejo Deliberante desde el viernes que deberá expresarse a través de sus órganos de enjuiciamiento. Este martes tomará estado legislativo.

Bazla dirigente del partido Avanzar San Luis y Unidos por San Luis se refirió a las acusaciones y puntualizó que “hay una evidente conducta autoritaria” por parte de Frontera.

“Indudablemente no le gusta ser controlado, les molesta ampliamente. Hay molestia por los controles que estamos llevando adelante”, sostuvo en declaraciones a La Mañana de Dimensión.

Bazla durante el último tiempo formuló varias presentaciones ante el municipio y el Concejo con el objetivo de indagar en detalles de la administración de Frontera. Por ejemplo, trazó un seguimiento de las irregularidades en el Refugio de Animales o la compra por $6 millones de juegos infantiles a un lugar donde funciona una “carnicería”.

Entre los hechos en los que se detiene la denuncia se encuentran declaraciones que realizó apuntando al uso de recursos públicos, la conformación del Gabinete de Control de Cuentas, entre otros.

Así, Bazla se respaldó en la elección del 2019 que lo dio nuevamente como integrante del Tribunal y ponderó que la mayoría del órgano está en manos de la oposición.

“El Tribunal debe ejercer su función con toda independencia y con la obligatoriedad de controlar cómo se manejan los dineros públicos. Si no le gusta algo (a Frontera) es que no debe estar bien, de lo contrario ¿cuál es el impedimento de rendir cuentas y de contestar los pedidos de informes?”, dijo durante una entrevista con Nino Romero.

Seguidamente explicó que las solicitudes para conocer determinados datos como la declaración jurada de funcionarios, son respondidas, en algunos casos, “con cuatro meses de demora”.

“Se cumplirán los pasos que sean necesarios y bajo ningún punto de vista, y lo dejo aclarado públicamente, me voy a prestar al juego que pretende Frontera y (Alberto) Rodríguez Saá, atacándonos”, añadió.

Y completó: “Es una barbaridad, un despropósito total producto del desconcierto o la incertidumbre que le provoca que no gobernarán en 2023 por el crecimiento de (Claudio) Poggi. Eso le pone muy nervioso, el momento de que este ciclo concluya”.