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ANTICIPO EXCLUSIVO

El Gobierno sí organiza el Encuentro Plurinacional de Mujeres: le cuesta a los puntanos 350 millones de pesos, según los documentos oficiales

La gestión de Alberto Rodríguez Saá autorizó la afectación de los fondos el 29 de septiembre. Los fondos los maneja la Sapem Consultoría a partir de un convenio firmado con la secretaría de la Mujer y fueron liberados a través del decreto N° 8773-SGG-SMDel-2022. En caso de ser necesario se ampliarán los fondos para solventar los gastos.

Alberto Rodríguez Saá y Ayelén Mazzina.
Actualizada: 04/10/2022 15:17
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El diputado provincial Charly Pereira reveló hace instantes en carácter de anticipo exclusivo en el programa la Mañana de Dimensión que el Gobierno provincial destinó $350 millones para El 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.

El Gobierno provincial afectó los fondos para el Encuentro que se desarrollará en la ciudad de San Luis a través del decreto N° 8773-SGG- SMDel-2022 del 29 de septiembre. El trámite que desembocó en la liberación del dinero del Tesoro tiene como antecedente el contrato firmado el 16 de septiembre entre la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina y la gerente General de la Sapem Consultoría San Luis, Gabriela Gaspari.

La gestión de Rodríguez Saá está empecinada en tomar distancia y despegarse del Encuentro que ha generado polémica en la sociedad. Los documentos a los que accedió el diputado Pereira y dio a conocer en una entrevista con Nino Romero que acaban de conocerse hoy confirman el grado de compromiso del Gobierno.

“Que son objetivos de las partes establecer un marco institucional para llevar a cabo la planificación y desarrollo del Encuentro”, señala el convenio celebrado entre los dos organismos oficiales y da cuenta más adelante que tendrá un “impacto cultural y económico de enorme magnitud”.

A través del contrato de quince cláusulas se determina que “la cooperación entre las partes permitirá el desarrollo de actividades conjuntas a través de su complementación, evitando superposición de esfuerzos y recursos cada una dentro de su respectiva área de acción”.

“Las políticas de Estado impulsadas por el Gobierno provincial tiene como fin promover y atender los requerimientos que se formulan, previendo las acciones necesarias y generando condiciones que permitan articular mecanismos idóneos en forma conjunta para el cumplimiento de tales objetivos”, deja en claro el convenio en los párrafos que anteceden a la parte dispositiva.

Ayer los medios oficiales volvieron a reproducir las declaraciones de la ministra de la Mujer que hace una semana dijo: “No es un evento de Gobierno”.

El convenio que trascendió hoy dice: “La secretaría encomienda a la empresa coordinar los medios necesarios que posibiliten y aseguren los servicios básicos para quienes asistan al 35° encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries a realizarse en la provincia de san Luis durante los días 8, 9 y 10 de octubre así como también llevar a cabo un operativo especial de funcionamiento que garantice el cuidado, seguridad y organización de la vida social durante esos tres días realizando todas las actividades que sean necesarias a los efectos de dar adecuado cumplimiento a tales fines.  Asimismo, la secretaría encomienda a la empresa la adquisición y provisión de distintos bienes, insumos, elementos materiales y indumentaria de acuerdo a las diferentes actividades a realizarse en el marco de tal encuentro, dentro del ámbito competencial de la secretaría por cuenta y orden de esta última según los requerimientos que a tal efecto se formulen”.

La Sapem fue facultada a desplegar todas las acciones necesarias como “la elección de los profesionales proveedores y subcontratistas de los que pueda valerse a tal fin, quedando fuera del objeto del presente contrato los requerimientos de prestaciones, que aun de forma justificada y conforme la ley vigente, ya hubiesen sido realizados”.

El cláusula cuarta contempla que se podrán ampliar las partidas para hacer frente a los gastos. En otro de los puntos estipula la confidencialidad de la información.

Charly Pereira (Unidos por San Luis -PRO) y Ayelén Mazzina.

En ese contexto el diputado Pereira señaló: “No puedo advertir cómo es traducible esa adquisición de bienes para realizar talleres de reflexión, actos, movilizaciones y menos por el orden de esa suma porque tampoco se ha especificado si fuera para la provisión de viandas. Es muy grave por el contexto en que se inscribe ese gasto, sabemos de los índices de pobreza en San Luis, de lo deficitaria que es la seguridad, de las demandas insatisfechas del pueblo con el sistema de salud y en este contexto se autoriza esa partida de 350 millones de pesos. Me parece obsceno”.

Pereira presentará un pedido de informes en las Cámara de Diputados para que el Gobierno de explicaciones. “Los funcionarios políticos deben dar cuenta del destino y uso de esos fondos”, dijo

“Hago un cuestionamiento político, hubiese preferido dar un bono por el Día de la Madre de 30 mil pesos a las mamás policías, docentes, celebrar a las mujeres de la forma en que los puntanos celebramos a nuestras mujeres”, propuso.

Pereira dijo que “el Gobierno patrocina y se hizo cargo de la organización con una duplicación de afectación de recursos porque traduzcamos en términos económicos cuánto le sale al Estado las 1300 mujeres, agentes de la salud, directivos escolares, el aseo de las escuelas y los polideportivos, a eso hay una duplicación del gasto de un orden económico de dinero líquido para hacer contrataciones”.

“Esto me hace presumir que, valiéndose en una causa legítima, que es la conquista de los derechos de las mujeres, acá hay un grupo de pillos que están advirtiendo las posibilidades de hacer negocios”, denunció públicamente Pereira en referencia a funcionarios del Gobierno de Rodríguez Saá.

Fue muy duro en este sentido Pereira y preguntó: “Adónde va ese dinero? participan muchas mujeres que se hospedan por sus propios medios, eso quiere decir que las 120 mil personas no necesitan un subsidio del Estado para participar, no lo veo”.

Los documentos:

 

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