“Les molesta que los controlen”: Tamayo se negó a responder sobre qué pasó con los fondos de la deuda Nación-Provincia que le corresponden a la ciudad de San Luis

Tras insistir en varias oportunidades, los concejales opositores de Unidos por San Luis finalmente tuvieron una contestación a una nota enmarcada en la ordenanza de Acceso a la Información Pública (N°II-0906- 2019 -3601/2019).

Buscaban que la gestión de Sergio Tamayo diera precisiones sobre qué destino tuvieron los recursos que debía bajar el Gobierno provincial por el cobro de la deuda proveniente de Nación. Pero la respuesta no fue para nada satisfactoria debido a que no brindó ningún tipo de dato.

En la respuesta firmada por el secretario de Gobierno, Andrés Russo, da cuenta que se ha dado “la publicidad que legalmente se exige a todo acto de gobierno por los medios pertinentes”. Es decir, que “ya fue comunicado”, aunque no se mencionaron por dónde, ni cuándo.

En este sentido, presidente del bloque, Guillermo Araujo sostuvo que “siguen buscando excusas” y que “no pueden contestar una simple pregunta”.

“¿Que ocultan? ¿Qué pasó con los bonos de la deuda que deberían haber llegado durante el 2021 a la ciudad? ¿Los habrá usado la Provincia para tapar su déficit?”, preguntó a través de su perfil de Twitter.

Fue el 14 de septiembre que, junto a las legisladoras, Agustina Arancibia Rodríguez y María del Carmen “Pini” Molina, solicitó el requerimiento.

“Evidentemente, además del desconocimiento supino de la normativa municipal, les molesta que los controlen, dar explicaciones y ser transparentes en el uso de los fondos públicos. Lo bueno es que en un año el kirchnerismo se va del gobierno”, agregó Araujo en las redes sociales.

El 31 de marzo del año pasado la administración de Alberto Rodríguez Saá firmó un convenio con todos los municipios para coparticipar el pago de la deuda de Nación por medio de bonos.

Se tratan de fondos por un monto total de $25.734.732.130 que se iban a dividir entre las 67 localidades. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay mayores detalles sobre qué sucedió con el dinero.

“Están esquivando y no otorgando la información, incumplen gravemente. La ordenanza establece justamente que si la información es pública y está publicada en algún lado, tiene que indicar en dónde se encuentra, en qué edición del boletín oficial, por ejemplo. La Municipalidad no cumplió con la ordenanza”, completó Araujo en declaraciones a El Chorrillero.