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Empleados de una secretaría de la Nación señalan a Daniel Sosa de vaciar el edificio del organismo

Empleados de una delegación de la secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación denunciaron que funcionarios nacionales vaciaron las instalaciones donde trabajan.

Foto: gentileza
Cuando llegaron los empleados, la oficina estaba completamente vacía.
Actualizada: 07/10/2022 10:53
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Delegados gremiales apuntan al dirigente del Movimiento Evita y funcionario nacional, Daniel Sosa junto a un grupo de hombres, de llevarse muebles, computadoras, electrodomésticos, entre otros objetos pertenecientes al Estado.

Este jueves cuando empleados de la secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (Safci) llegaron a la oficina ubicada en el centro puntano se encontraron con un extraño y sorpresivo escenario: estaba completamente vacía.

Señalaron en una nota elevada a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el faltante de escritorios, computadoras, papelería, impresoras, mesas, sillas, heladera, microondas, utensilios, entre otras cosas. Apuntaron al delegado regional por Cuyo del Safci, Daniel Sosa.

Daniel Sosa.

“En ningún momento nos notificaron que iban a trasladar dichos elementos, por lo tanto, no sabemos dónde se encuentran. Se sustrajeron en el transcurso de ayer, cuando los trabajadores ya se habían retirado del lugar”, explicaron.

En este sentido responsabilizaron también a Roberto Fernández, Máximo Márquez y Gustavo Paredes, funcionarios como Sosa.

“Que no suframos ninguna consecuencia y sean devueltos tanto la documentación como los materiales de los proyectos, además de darnos solución respecto al espacio físico para desempeñar nuestras labores”, completaron.

En diálogo con El Chorrillero, la delegada de UPCN, Carla Rodríguez dijo que Sosa “se atribuyó el poder de sacar las cosas, pero nunca se notificaron a los trabajadores vía institucional”.

Seguidamente, contó que, si bien el contrato en el lugar se había vencido, comunicaron que “no era la manera de proceder”.

El punto clave que resaltó es que, en el edificio ubicado sobre Chacabuco, entre Las Heras y Bolívar, los 12 empleados mantenían reuniones con productores y llevaban a cabo los informes que debían remitir y estaban guardados en las computadoras.

“Es un avasallamiento total de nuestros derechos, además de que se trata de pertenencias del Estado. No son de ellos, no es que podemos llevarnos las causas a nuestras casas como si nada.

No sabemos dónde están, en qué condiciones, cómo la resguardan, es un atropello. Retiran las cosas de forma clandestina”, aseveró.

Ante este escenario, los trabajadores solicitan que les garanticen un lugar físico y anticiparon que, posiblemente, lleven adelante una manifestación para visibilizar lo que pasó.

“Pedimos que nos devuelvan el inmobiliario y poder trabajar nada más”, completó.

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