Comienza el juicio contra el ex senador de Rodríguez Saá, Ariel Rosendo
El dirigente de Villa Mercedes está acusado de robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas anti epidémicas en concurso ideal. Fue detenido en octubre de 2020, tras cinco meses de ser protegido por sus pares en la Legislatura.
A dos años y cinco meses desde que ocurrió el episodio, Ariel Rosendo comenzará a ser juzgado en los Tribunales de Villa Mercedes, de donde es oriundo. El hecho por el cual fue investigado data del 18 de mayo de 2020, cuando regía el aislamiento por la pandemia de Covid-19. En ese momento, cuando era senador por el departamento Pedernera, ingresó de manera violenta al domicilio de su ex esposa, Ivana Massimino, con quién tenía una orden de restricción de acercamiento.
Para hacerlo, rompió las puertas de ingreso. Además, sustrajo una serie de bienes muebles que eran propiedad de Smata, gremio a quien pertenecía el lugar.
Pasaron cinco meses para que el legislador que responde a Alberto Rodríguez Saá pudiera ser demorado. Entre los obstáculos que hubo en ese tiempo para lograr la aprehensión estuvieron las recusaciones al juez de la causa, Leandro Estrada, la protección de los demás senadores oficialistas para no quitarle los fueros y una enfermedad que lo llevó a estar internado.
La acusación que pesa sobre Rosendo es por los delitos de robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas anti epidémicas en concurso ideal.
Se espera que este lunes, las partes realicen la presentación de la causa, con las pruebas a incorporar y la hipótesis del hecho que buscarán desarrollar a lo largo de todo el debate oral. Las testimoniales iniciarían en la segunda audiencia.
El caso
Según la denuncia, el día del hecho, el entonces senador estuvo acompañado por una mujer y dos hombres, rompió con un hacha la puerta para llevarse muebles, electrodomésticos (pertenecientes al sindicato) y ropa.
En las horas siguientes, sus compañeros del bloque evitaron pronunciarse bajo el fundamento de que no habían recibido una notificación formal. “No hemos recibido ningún tipo de notificación al respecto, así que no podemos decir nada en estos momentos acerca del tema”, dijo en ese entonces Mabel Leyes.
La ex pareja, Massimino hizo alusión al temor con el que vivía, las amenazas que recibía de forma permanente y las medidas de resguardo que debió adoptar. “Si yo hubiese estado en la casa, no la estaría contando”, afirmó sobre el episodio.
48 horas después, el juez Estrada ordenó allanamientos vinculados a la investigación. A raíz de eso, secuestraron una camioneta 4×4.
Los días siguientes estuvieron vinculados a pronunciamientos de diferentes sectores, pedidos de informes de legisladores de la oposición y reclamos de concejales a la ex secretaria de la Mujer, Ayelén Mazzina para obtener una posición sobre lo ocurrido.
Desde el incidente, Rosendo no volvió a presentarse a la Legislatura provincial ni a sesionar. Más tarde presentó una licencia. Desde Avanzar denunciaron un “silencio cómplice” del Gobierno de Rodríguez Saá.
Tras el hecho, Rosendo no volvió al Senado.
Ya en los primeros días de junio, L}la fiscal Daniela Torres, solicitó el llamado a declaración indagatoria. Cuatro días después, Estrada pidió el desafuero y la detención bajo el fundamento de que existían “suficientes elementos probatorios” en su contra.
La Justicia se encontró con el primer obstáculo: el albertismo rechazó el desafuero en el Senado. El argumento que dieron fue que era “innecesario porque el juez tiene la facultad para llamarlo a indagatoria”.
Ante esto, la labor del juez se enfocó en continuar produciendo pruebas y recibiendo la declaración.
La convocatoria se concretó en el cierre del mes, pero tampoco se concretó. Y por el contrario, presentó una recusación del juez. Éste la rechazó y elevó el recurso a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional N° 1, conformado por los jueces Virna Eguinoa, Sebastian Cadelago Filippi y Diego Herrera.
El respaldo a Rosendo no fue solo de los senadores oficialistas, lo mismo hicieron diputados y concejales ante proyectos de repudio o pedidos de informes.
El 3 de julio, la Cámara ratificó a Estrada frente a la investigación y tras un nuevo llamado, el dirigente se presentó a declarar. Al hacerlo negó las acusaciones y no quiso responder preguntas. Todo se limitó a la lectura de un escrito donde dijo que sufre persecuciones de Smata y que fue despojado de la vivienda sin pruebas.
El 8 de septiembre el juez Penal ordenó el procesamiento y la prisión preventiva del senador del Frente Unidad Justicialista. Pero para que se concretará, el Senado tenía que despojarlo de los fueros. Esto recién sucedió dos semanas después.
Cuando intentaron aprehenderlo, a principios de octubre, el legislador estaba internado. Se pidieron informes donde una forense determinó que estaba en buen estado de salud.
Finalmente, el 13 fue detenido. El camino que siguió fue el apartamiento de Estrada de la causa, una denuncia de extorsión contra el magistrado, pedidos de excarcelación o de prisión domiciliaria, una nueva declaración, el reclamo para cobrar módulos pendientes del Senado y el arrepentimiento por haber acusado al juez.
Rosendo fue detenido en octubre de ese año.
La última audiencia fue el 31 de agosto, donde la Justicia volvió a rechazar el pedido de excarcelación y dispuso una prisión preventiva por un lapso de dos meses.