La dueña de un carro de panchos denunció hostigamiento de la Municipalidad de Villa Mercedes
Los problemas comenzaron en 2020. Desde la intendencia sostienen que fue por una denuncia de los vecinos, pero la mujer asegura que funcionarios se acercaron a los domicilios en “busca de firmas” para trasladarla a otro sector.
La dueña de un carro de panchos cuestionó la decisión del intendente Maximiliano Frontera porque quiere sacar el puesto que se encuentra sobre calle Pueyrredón y Rivadavia desde hace 17 años y llevarlo sobre la Avenida 25 de Mayo.
La propietaria Miriam Mithiaux ante las reiteradas inspecciones “sin justifiaciones” tomó la decisión de contratar a la abogada Laura Marcollini quien brindó detalles del problema en el programa “La Mañana de Dimensión”.
“Esto tiene origen desde el año 2020 en donde de un día para el otro se le pide a la señora, en virtud de una supuesta denuncia por los vecinos de la zona, que debe abandonar el espacio público y colocarlo sobre la Avenida 25 de Mayo, donde ella paga al igual que el resto de los otros carros, más de $200 mil al año”, relató Marcollini.
La letrada manifestó que cuando intervinieron en la denuncia notaron que no había sido ratificada: “Preguntamos el motivo del cambio hacia la Avenida 25 de Mayo y aparentemente el intendente lo había ordenado. Se comienza con todo el procedimiento, se abre una causa en el Juzgado de Faltas Municipal y la jueza Mónica Fernández, pidió la clausura porque así lo había ordenado la Cámara de Apelaciones”.
“Se dicta la sentencia, la apelamos, y ellos desconocen ese recurso de apelación, la jueza de Faltas hace como que no existe, me manda una cédula diciendo que lo que no está en el expediente no existe. Considero que es una sentencia arbitraria, ilegal, carente de fundamento jurídico y realmente hemos agotado todas las instancias previas para solucionar esto, pero no se soluciona”, prosiguió.
Por su parte, Marcollini se acercó a hablar con los vecinos del lugar quienes le advirtieron que “en realidad ellos vinieron puerta por puerta a buscar las firmas, no es que entre los vecinos se pusieron de acuerdo”.
“Esto responde más bien a intereses privados, y no a un interés público, hasta acá están haciendo alusión que la plaza es de la Municipalidad dirían ciertos funcionarios, pero la plaza es un espacio público que pertenece a los ciudadanos”, enfatizó.
De igual manera, señaló que todos los carros de comida cuentan con una habilitación municipal, pero en “este caso particular a los únicos que no les sirve esa habilitación es a mi defendida”.
La abogada dijo que el camino judicial que les queda por continuar es pedir la nulidad: “Espero que la jueza haga lugar y declaré la nulidad del expediente porque no se respetó el proceso, el derecho de defensa, no se respetó la legalidad y la transparencia. Quieren conseguir lo que quieren sin importar cuáles sean los medios”.