DESIGUALDAD
Con el 21% de aumento, el funcionario que menos cobra sumará $63 mil a su sueldo; un beneficiario del Plan apenas superará los $41.630
Con la actualización que anunció el jueves Alberto Rodríguez Saá, un trabajador del Plan de Inclusión Social en octubre llegará a $38640. Una brecha muy desigual.
Antes de que terminara la semana, Alberto Rodríguez Saá anunció un aumento del 21%, en dos partes. El primero que llega en octubre (del 18%) y el segundo en diciembre (del 3%). Con esto el Gobierno completará el 81% anual.
En medio de la crisis económica los sueldos de los trabajadores no le ganarán a una inflación que según la proyección del Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central superará el 100% en el cierre del 2022. Los que menos tienen viven un escenario complejo.
Aunque distinto es el panorama si se miran los cargos jerárquicos político dentro del Gobierno provincial. Tomando como base los $300 mil mensuales que cobra en promedio un jefe de área, que es la jerarquía más baja en el gabinete de Rodríguez Saá, la desigualdad se posiciona como una tendencia. Lo funcionarios de mayor jerarquía superarán cómodamente un salario de medio millón de pesos al mes.
El 21% de aumento para quienes cubren cargos en la base de la pirámide política significan $63 mil adicionales de sueldo. Ese será el impacto en los jefes de área. Mayor será la suba para los jefes de subprograma, jefes de programa, coordinadores ministeriales y ministros.
Para hilar más fino, y con los datos duros un beneficiario de Inclusión Social llegará a percibir $38640 en octubre, y $41630 alcanzará en diciembre. Un becario 22AG recibirá ahora $14800, y a fin de año $15930. Por su parte, los incrementos para “jóvenes líderes” llevarán la ayuda a $30600 este mes y a $32950 cuando termine el año.
La suba del 21% que comunicó Rodríguez Saá alcanzó también al personal docente, de salud, fuerzas de seguridad y a todo el personal de la administración pública.
“Nosotros tomamos especial preocupación por las cuestiones que nos llegan al corazón como la justicia social, y tenemos derecho a creer que si cumplimos con todo y gobernamos para todo San Luis, la justicia social tiene que estar bien en alto”, dijo el gobernador en un discurso que dio en Terrazas del Portezuelo este jueves.
Les aclaró a todos que su gestión “se preocupa por tener las finanzas sanas”, y que se logró reconstruir “todo lo que retrasó la pandemia”.
(Foto: ANSL)
Ese día también le agradeció a los gremios y sindicatos, que pocas horas después consideraron insuficientes los incrementos. En lo que se refiere a la administración pública pidieron un incremento que garantice que “ningún trabajador de la administración pública quede por debajo del índice de pobreza”. El 70% de la plata estatal integran las categorías más bajas.
En septiembre, la canasta básica total (CBT), con la cual el INDEC mide el umbral de la pobreza, aumentó un 7,1%, por lo que, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $128.214 para no ser considerada pobre. En tanto que la canasta básica alimentaria (CBA), que establece la línea de la indigencia, marcó que esa misma familia requiere de $56.732 para cubrir sus necesidades básicas.
Esta semana puso en evidencia la grave situación que atraviesan muchas beneficiarias del Plan en Tilisarao. Allí 8 madres jefas de hogar usurparon las viviendas que construye el Estado, porque ya no pueden alquilar más. “O pagamos alquiler, o le damos de comer a nuestros hijos. Tenemos derecho a un mejor futuro”, expresaron, a la vez que cuestionaron la falta de trabajo y de crecimiento que tienen en el pueblo.
En el barrio que ocuparon denunciaron amenazas de que les iban a quitar la ayuda social porque estaban llevando adelante la protesta. En la madrugada de este sábado el juez Jorge Pinto ordenó el desalojo, que se cumplió en medio de mucha tensión.