El Gobierno dice que las madres que usurparon viviendas no podrán acceder a los planes sociales

Las mujeres que usurparon viviendas a raíz de la delicada situación que atraviesan, no sólo deberán enfrentar una causa penal, sino que ahora les negaron un posible acceso a casas sociales en un fututo.

Esta determinación se enmarca en la denuncia por usurpación que inició la empresa por ocupar viviendas de un complejo en construcción en Tilisarao.

Desde el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá se confirmó la decisión bajo el fundamento de que les dieron posibilidades y “consejos” para que desistieran de la toma en un barrio de la localidad del departamento Chacabuco.

El secretario de Vivienda, Juan Pablo Suárez aseguró que el accionar de las ocho jefas de hogar es un impedimento para acceder a planes sociales.

“Las aconsejé que no tomen esas viviendas porque es un delito importante. Tiene su agravante, no solo de usurpación”, dijo el funcionario en declaraciones que formuló hoy.

Sobre la madrugada del jueves, cuando las mujeres ingresaron a las casas en construcción, el funcionario relató que recibió un llamado del intendente Juan Manuel Olguín y a la mañana siguiente fue el primero en acercarse al lugar a dialogar con ellas.

“Estuvimos conversando sobre la situación de cada una y en qué las podíamos ayudar. Estaban en una posición que querían esas viviendas, ni siquiera escuchar. No había manera de que quisieran otra alternativa o arreglo”, aseguró Suárez.

El secretario también quiso desligarse de la causa judicial porque quien la impulsó fue la empresa a cargo de la construcción. El abogado que representa a la compañía es el ex ministro de Educación de Rodríguez Saá, Andrés Derchmekoff.

“Les ofrecí todas las alternativas posibles. Dejamos que actuara la Justicia, que es lo que corresponde. Lo que yo les aconsejé para el futuro de sus hijos es que no tuvieran causas penales. Se te complica más conseguir vivienda o empleo”, insistió el funcionario.

A su vez, planteó que las mujeres no estaban inscriptas en planes sociales y que el objetivo del Gobierno es tener “déficit habitacional cero”.

“Lamentablemente las chicas van a tener que comparecer ante la Justicia, responder porqué y todas las situaciones que no queremos que se llegue”, añadió.

Por su lado, las madres expusieron otra realidad muy diferente. Sus familias subsisten de la limpieza de casas o con beneficios sociales. Cuando tomaron la determinación de entrar al barrio fue porque se habían cansado de golpear puertas. La situación económica de cada una se agravaba con el correr de los días y tenían que elegir entre alimentarse o alquilar.

“Las que estamos acá hemos pasado de todo, hay madres con hijos discapacitados, que han sufrido violencia de género y laboral, que vivimos en lugares muy precarios, algunas sin baño. Esto lo hacemos por el futuro de nuestros hijos, para que ellos puedan vivir mejor, más dignamente. Tenemos derecho a estar mejor, y ser alguien. Acá no hay trabajo, y lo que hay te pagan mal”, expresó una de ellas, Macarena Escudero.

Explicaron que si pagaban el alquiler no les queda dinero para comer. “Ya que no tenemos un trabajo digno, por lo menos tener un techo para nuestros hijos”, reclamaron.

En el inicio de la semana, la Justicia realizó una audiencia donde les formularon los cargos que pesan contra ellas. Ahora todas están imputadas por el delito de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal, por haber resultado afectado el bien jurídico protegido, que es la propiedad, en perjuicio de la empresa Flama S.R.L.