A dos años y medio de la muerte de Florencia Morales, cesantearon a cuatro policías y suspendieron a otro

Prácticamente 31 meses pasaron desde la muerte de Florencia Magalí Morales. La causa sigue paralizada y no hay personas detenidas, pero esta semana se conoció la resolución que tomó el Gobierno con los efectivos de la Comisaría 25° que estuvieron vinculados a la detención de la mujer de 39 años.

Morales fue demorada durante el aislamiento estricto por salir a comprar alimentos el día que no la habilitaba su DNI. Horas más tarde apareció sin vida dentro de un calabozo. La Policía adjudicó el hecho a un suicidio, pero la familia descartó esa hipótesis.

Este jueves se firmó el decreto con la resolución del ministerio de Seguridad. El comisario Reinaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Arguello y la agente Victoria Torres fueron dados de baja por cesantía. Determinaron que los cuatro efectivos tuvieron “faltas disciplinarias gravísimas”.

A su vez, el inspector Gabriel Tarado recibió una sanción de 30 días de suspensión. Determinaron que los cinco efectivos incurrieron en “faltas disciplinarias gravísimas”.

En los fundamentos, tuvieron en cuenta el sumario administrativo que habían iniciado contra esos policías y tres mas: Héctor Mansilla, Patricia Ríos y Julio Busto. Todos a raíz de “omitir normas protocolares de custodia y traslados de detenidos”.

Consideraron además, que el 17 de abril de 2020, los oficiales habían sido pasados a disponibilidad a raíz de “irregularidades en el procedimiento, negligencia grave en la custodia y posterior deceso de la señora Florencia Magalí Morales”.

El Gobierno también se sirvió de declaraciones de 13 testigos, entre ellos, integrantes del poder Judicial. Y lo que manifestaron los mismos implicados en sus descargos.

En el decreto hicieron alusión a lo que había dictaminado el subprograma Sumarios Administrativos sobre la “valoración y análisis de la participación que tuvo cada uno de los agentes en el hecho que se investiga”.

En el caso de Clavero, quien era el jefe de la Comisaría 25°, tuvieron en cuenta que se encontraba “a cargo del funcionamiento” de la dependencia y era quien debía “asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios y el estado de las instalaciones” y “garantizar la seguridad de las personas detenidas”.

Sobre su actuación consideraron que hubo “incumplimiento de sus obligaciones, configurando una negligencia gravísima a su función”. Por esto se aconsejó la sanción de cesantía.

En relación a Ontiveros dieron la misma recomendación. Él actuaba como oficial de servicio lo que implicaba “informar sobre las personas detenidas, las cuales se encuentran bajo su custodia y responsabilidad, debiendo fiscalizar la acción del personal, surgiendo del caudal probatorio el incumplimiento de sus obligaciones”.

A partir del sumario, establecieron que Arguello y Torres tenían las tareas de “requisa, custodia y vigilancia” de los demorados y por eso incurrieron en las mismas situaciones que los anteriores.

Por su parte, sobre Terano indicaron que era el jefe de la guardia, lo que llevaba las mismas responsabilidades que el jefe de Servicio. Concluyeron en que “se encontraba a cargo de servicios externos con lo cual no intervino de manera directa en la custodia y vigilancia de la detenida”.

Sin embargo, el oficial “tuvo conocimiento de la detención, configurándose una omisión a su deber de intervención y asistencia”. Eso desencadenó en una “impericia” y por eso aconsejaron la sanción de 30 días de suspensión.

A su vez, el subprograma Sumarios Administrativos pidió la misma medida contra Mansilla porque actuó sólo cuando “se reducía a la detenida”. Pero en este caso no se aplicó.

En simultáneo, en los considerandos recomendaron eximir de responsabilidad administrativa a Ríos y Busto bajo el argumento de que ambos estaban trabajando fuera de la comisaría el día del hecho.

Más allá de la acción administrativa contra los cinco efectivos, la investigación en la Justicia está estancada desde mayo. Fue entonces cuando el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes ordenó investigar a los policías por tortura seguida de muerte. Después de eso hubo planteos y presentaciones de sus defensores que aún no fueron resueltas y la investigación permanece estancada.