Hubo alguna vez, no hace mucho, un San Luis que buscaba consensos

Buscar un precio justo para todos quienes están involucrados en la comercialización de ganado, cereales y oleaginosas. Ese fue el objetivo que llevó al ex gobernador Claudio Poggi a crear un Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA) en julio de 2015, mientras estaba al mando del Ejecutivo provincial.

La iniciativa tuvo un fuerte apoyo en su momento de parte de casi todos los actores vinculados a la producción, el transporte y la elaboración de carne, trigo, soja y maíz, que eran los commodities a analizar para fijar lo que en ese momento se conoció como “Precio de referencia San Luis”.

Duró poco más de un año y medio, lo que le quedaba de mandato al ex gobernador y hasta que despuntó 2017, ya que con el cambio de mando fue una de las buenas iniciativas que fueron dejadas de lado de manera silenciosa, como el Plan PIE en materia educativa y tantas otras con las que terminó el actual régimen, obsesionado por borrar los rastros de la administración anterior para eternizarse en el poder.

Fue una lástima, porque rápidamente el sector privado había mostrado su beneplácito con el proyecto, ya que así se saldaba una deuda histórica del Gobierno provincial, que nunca había manejado estadísticas productivas, lo que impedía hacer proyecciones económicas que desembocaran en inversiones que agregaran valor y dieran más trabajo a los puntanos.

Para evitar la tentación del intervencionismo estatal, Poggi decidió entonces que el IVAA siempre iba a tener una mayoría de miembros provenientes de las empresas y el campo, mientras que el Gobierno se reservaba la presidencia a través del primer mandatario y algunos delegados de los ministerios involucrados (Industria y Campo). Todos desempeñarían sus cargos ad honorem.

La primera misión del instituto sería la de encargarse de fijar un precio para el maíz, el grano más producido por la provincia, que siempre contó con la infraestructura suficiente para agregarle valor a través de empresas como Diaser (lo utiliza para fabricar biocombustibles) o Glucovil (jarabes para la industria de las gaseosas y otros derivados agroindustriales).

Mientras estuvo activo, el IVAA fue una herramienta operativa de carácter técnico; un prestador de servicios que brindaría asesoramiento, investigación y capacitación para aumentar la competitividad de la cadena agroindustrial de San Luis.

La financiación sería mixta, con fuentes públicas y privadas, más lo que pudieran aportar la Nación y las entidades de crédito internacionales. Además, iba a comercializar la prestación de servicios y esos fondos serían depositados en una cuenta bancaria en el agente financiero del Gobierno a nombre del instituto.

El empresariado local y la dirigencia rural se mostraron más que conformes y se pusieron enseguida a disposición para lograr ese precio de referencia tan necesario, ya que provincias mediterráneas como San Luis, que está tan lejos de los puertos de exportación, siempre estuvieron a merced de los valores que fijaran las empresas agroindustriales que reciben el maíz y otros productos del campo en las terminales del Gran Rosario o de  Bahía Blanca, que se quedan históricamente con la tajada más importante junto con el Gobierno nacional, que explota a los productores a través de los derechos de exportación, también conocidos como “retenciones”.

Por primera vez en mucho tiempo se habló de un cambio de paradigma, de dejar de lado la vieja disputa entre la industria y el campo, de encontrar las fortalezas de la producción puntana, de desarrollo agroindustrial y de conformar una mesa de discusión amplia en beneficio de San Luis, donde primaran los consensos. Incluso entidades nacionales como el INTA fueron invitadas a participar para diseñar ese futuro común, fijando estrategias y asumiendo riesgos con responsabilidad.

En los primeros meses, hasta que Poggi entregó el mando a Alberto Rodríguez Saá, la publicación del precio de referencia fue religiosa y así funcionó la cadena agroindustrial. El valor del ganado se fijó en base a los resultados de los remates de hacienda general que llevaron adelante las consignatarias puntanas, mientras que el de cereales y oleaginosas surgió del consenso de ambos lados del mostrador: productores y empresas involucradas, con sede de entrega en Villa Mercedes, el punto focal de la producción agroindustrial.

Las comisiones funcionaron de manera coordinada hasta fin de año. Conformaron una que se ocupó directamente de los precios, otra de cereales y oleaginosas, otra de la Cadena Cárnica y una cuarta de la Cadena Láctea, a la que se sumaron tambos de todos los tamaños.

Los ganaderos, por ejemplo analizaron el stock bovino, el flujo de movimiento de hacienda en pie, las salidas y entradas de la provincia, el consumo local y el volumen faenado y de carne procesada para llegar un precio de referencia, que si bien no fue obligatorio, sirvió para evitar los abusos. Hasta ese momento sólo había estadísticas ganaderas del INTA, en base a datos del Senasa de un año antes, por lo que no había certezas.

Esa oscuridad informativa a la que es tan afecto el actual gobernador, se cernió rápidamente sobre el “Precio de Referencia San Luis”. La publicación comenzó a espaciarse hasta desaparecer de los medios informativos de manera definitiva en marzo de 2017, cuando se puede rastrear la última vez que la Agencia de Noticias dio a conocer los valores y el kilo de ternero liviano costaba $41,77.

El IVAA fue desguazado, ya que los funcionarios de Rodríguez Saá dejaron de prestar atención a los cargos que les correspondían, por lo que los privados se quedaron sin interlocutores para continuar con el proyecto.

Entonces el maíz volvió a tener el precio según la cara y la espalda financiera del vendedor (o la posición de privilegio del comprador), la carne siguió entrando de otras provincias sin que nadie protegiera a la producción local y con la leche ya se sabe qué pasó apenas tres años después, cuando la promesa de un “Polo Lácteo” quedó rápidamente en la nada.

Se acabaron los consensos, la mesa de diálogo quedó vacía y el precio de referencia se convirtió en un grato y efímero recuerdo de un tiempo en el que lo público y lo privado pudieron trabajar en conjunto, sin trabas ni manipulaciones. Hoy la realidad es otra, pero está en los puntanos el poder de cambiarla.