El gobernador pasó por Tilisarao pero esquivó a las 8 mujeres que protestan por una vivienda digna

Este martes Alberto Rodríguez Saá visitó Tilisarao, un pueblo que fue noticia hace un mes cuando ocho mujeres usurparon un barrio que estaba listo para ser entregado. Son todas jefas de hogar que no tienen donde vivir, que la crisis económica no les permite seguir alquilando y ese acto fue de desesperación. Algunos días después fueron procesadas por la Justicia por el delito de usurpación y el problema habitacional no se los solucionó nadie.

Ni siquiera los funcionarios que estuvieron de paso por el pueblo les llevaron soluciones inmediatas. “No nos dio la cara, no enfrentó la situación porque sabe lo que le íbamos a decir, sabe cuál es nuestra postura. Él es la autoridad máxima de la provincia y no nos tendría que haber hecho pasar por esto. Él vino acá y nada, nos mandó gente para que nos frenara”, dijo una de las mujeres que contactó El Chorrillero.

El mandatario provincial celebró la colocación del gas natural en el Barrio 84 Viviendas, porque mejora “las condiciones y la calidad de vida de los vecinos”. Para eso se invirtieron $15.361.344,51.

Ese día las mujeres habían acordado movilizarse para que el gobernador atendiera la necesidad que tienen, para que se entere cómo y dónde están viviendo. Pero acudieron a una estrategia que detuvo el escrache. Cuando la comitiva se enteró las convocaron a la Municipalidad para una reunión con el secretario de la Vivienda, Juan Pablo Suárez. Ahí estuvieron hasta que finalizaran los actos.

“Vinieron los de Vivienda y nos dijeron más de lo mismo, que no hay terrenos, que tienen que gestionar nuevas obras para ver sí se puedo, y qué podemos anotarnos en futuros planes de casas sociales”, trasmitió otra.

“Se enteraron que íbamos a hacer una marcha y ellos no querían. Entonces nos empezaron a llamar para la reunión. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, porque hasta acá es todo de palabra. Se comprometieron a ayudar a algunas a arreglar sus casas y después verán”, explicaron.

Los que el funcionario garantizó es arreglar el techo donde vive una mujer con su hijo discapacitado en medio de la extrema vulnerabilidad. El lugar es una especie de asentamiento, detrás del palacio municipal, donde funcionaban los edificios del ferrocarril que se caen a pedazos. En el mismo predio viven varias familias en las peores condiciones. A otra le dijeron que le arreglarán el baño.

Todo eso está muy lejos de terminar con el grave problema habitacional que hay en el pueblo.

“La gente ya está cansada, no se la puede manejar como antes, poniéndole el voto en el bolsillo, y metiéndole miedo. Hace 40 años que están manejando todo. Acá las mujeres destinan el sueldo entero en un alquiler. Vamos a seguir con los reclamos, porque ellos creían que metiéndonos una causa penal íbamos a quedarnos en el molde, y no será así. Están enojados porque una parte del pueblo se reveló. Hay hostigamiento y amenazas que van a quitar el trabajo, el plan. Se metieron con nuestros trabajos también, siempre en contra del que más necesita”, sostuvo una de ellas.

Las casas que ellas habían usurado ya fueron entregadas pero no hubo acto protocolar: “Lo hicieron todo callado. Llamaron uno a uno y les dieron las llaves. Dijeron que desde la Nación mandaron la lista de los beneficiarios, y nosotros sabemos que esto salió del Municipio”.

El gobernador entregó una ambulancia, y recorrió la obra donde funcionará una seccional de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”, donde se invertirán $220 millones.