Recaudar para financiar más funcionarios, la crítica de la oposición para Tamayo: “Representan $780 millones adicionales que se van a gastar en contratos políticos”

En una maratónica sesión, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ordenanza de tarifaria que establece el aumento de tasas y servicios para el 2023.

La norma tuvo el aval de los legisladores del bloque K Fuerza San Luis alineado con el intendente Sergio Tamayo. También apoyaron Javier Suárez Ortiz (UCR), Otoniel Pérez Miranda (PRO) y Carlos Ponce.

De esta manera, la Unidad Monetaria Municipal (UMM) pasará de $8,52 a $11,21 a partir del 1º de enero hasta el 30 de junio, lo que implica una suba del 31,5% para el primer semestre.

La ordenanza establece que, en la segunda etapa del próximo año, la actualización se aplique de forma automática en función de la medición oficial que realiza el Gobierno provincial sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el oficialismo estiman que rondará el 30 o 35%.

El concejal de Unidos por San Luis, Guillermo Araujo dijo que la norma era “poca clara y en algunas cuestiones no es legalmente correcta” por la manera en que se realizará la actualización en el segundo semestre.

“El intendente en algunos medios dijo que no tenía aumento la tarifaria. Y ahora se informa sólo la del primer semestre, cuando en realidad hay un incremento automático en la segunda parte del año del cual los vecinos se van a enterar cuando les llegue la boleta”, sostuvo.

También criticó el artículo 21 de la ordenanza que establece las categorías de pequeños, medianos y grandes contribuyentes: “Si bien se actualiza el valor, lo hace en un 31%. Esto significa que comerciantes considerados medianos este año, facturando lo mismo, pasan a ser grandes”.

“¿Quieren que acompañemos un sistema de recaudación para pagar más funcionarios? Esos contratos son funcionarios encubiertos y eso representan 780 millones de pesos adicionales que se van a gastar en contratos políticos. ¿Quieren que acompañemos una tarifaria que se va a gastar políticamente en lo que partidariamente les conviene y no beneficia al vecino?”, planteó.

Por su parte, el concejal de Fuerza San Luis, Lautaro Ojeda explicó que “el costo anual de los servicios que presta la Municipalidad se ve incrementado mes a mes durante el ejercicio lo que justamente, para mantener la calidad de la prestación de los mismos, es necesario prever un incremento en los ingresos de carácter tributario”.

“Esto se hace para poder prestar los servicios con total normalidad y hacer frentes a demandas y gastos que se plantearon en el Presupuesto 2023”, agregó.

Ojeda sostuvo que la norma mantiene el 10% de descuento para el buen contribuyente y también para el pago anticipado anual de los tributos. Además, se aplica una disminución del 5% adicional sobre tasa por servicios municipales para quienes quieran adherir al débito automático.

La tarifaria se aprobó por 10 a 4.

Otro tema

Durante la sesión, los legisladores de Fuerza San Luis aprobaron el Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio fiscal 2023 que contempla recursos por $8542.932.848,48, lo que implica un incremento del 70% aproximadamente respecto del que rige para este año.

El legislador dijo que la norma “no tiene endeudamiento porque no contempla tomar créditos, es equilibrado y muestra los esfuerzos que realizó y sigue haciendo la gestión para recuperar los recursos propios”.

Ojeda precisó que el gasto en el presupuesto de este año representa el 53,79% del total de los recursos mientras que para el 2023 es de un 47,41% y "aplicarlo a lo que es consumo, servicios, subsidios, bienes de capital, proyectos de inversión”.

Pidió la modificación de la redacción del artículo 5, el cual fija en 2718 el total de los cargos de la Municipalidad distribuidos de la siguiente manera: 1659 de planta permanente del Ejecutivo, Serba, Tribunal de Faltas, Tribunal de Cuentas, Concejo Deliberante; 161 de autoridades superiores y personal de gabinete del Municipio, 25 del Concejo, cinco para el juzgado de Faltas, cinco en el Tribunal de cuentas; y 863 cargos para la planta temporaria.

Araujo criticó que una de las cuestiones que Tamayo plantea para el año que viene es el incremento en la cantidad de funcionarios: “De 145 pasa a 161 y de 491 a 863 los contratos. En este último, los principales aumentos están en las secretarías de Gobierno (de 54 a 119) o de Hacienda de (39 a 110), algo que es totalmente inadmisible en el contexto en el que estamos”.

Además, dijo que aparecen por primera vez dos nuevos entes: Cultural y Turístico y de Noticias y Comunicación.

“Esto nos lleva a hacernos dos preguntas, por un lado, no se entiende bien el fin de la creación de más estructura municipal cuando encima se siguen manteniendo secretarías y funciones que se superponen con lo que harían estos organismos. Además, es más llamativo el segundo porque no dice nada de los objetivos de las tareas a desarrollar. Ni siquiera sabemos las funciones que se le han asignado”, detalló.

Araujo tuvo en cuenta que también se los faculta de administrar sus propios recursos y se les otorga el rango de organismo desconcentrado.

Otro de los puntos que remarcó son los superpoderes que tendrá Tamayo: “Puede hacer un movimiento de partidas del 30% que es muy elevado teniendo en cuenta que el 50% del presupuesto es inamovible porque está destinado al pago del personal y del otro restante, el 30 lo puede usar libremente y si sumamos un presupuesto subvaluado, el excedente de recursos es de libre disponibilidad, entonces va a quedar un mínimo porcentaje de este presupuesto en pie”.

Reprochó que en el ítem “presupuesto participativo” hay un monto destinado de $100 millones, pero “no se detallan las obras que se van a hacer ni a qué se va a destinar, fue puesto como para decir que se cumple con la norma que ordena eso”.

“Es un presupuesto subvaluado porque gran parte de este año y la totalidad del que viene las tasas se van a cobrar por medio de las boletas de Edesal, sin embargo, ese porcentaje no se ve reflejado”, opinó.

En general, la norma se aprobó por 10 a 4 con el apoyo de Ponce, Suárez Ortiz y Pérez Miranda. Unidos por San Luis y Libres del Sur no acompañaron.

En particular se votaron los artículos 9 y 12 y en ese caso la votación terminó en 8 a 6 a favor del oficialismo. De esa manera, no se incluyó ninguna modificación al texto original.