Un proyecto de Unidos por San Luis fue el disparador de la declaración de la emergencia agropecuaria

La agenda política de los bloques de Rodríguez Saá es más que zigzagueante, a veces pareciera que se alimenta exclusivamente de las iniciativas de la oposición, como si no tuviera un norte claro ni dirigentes que pudieran gestionar por sí solos para solucionar los múltiples problemas que tienen los puntanos. La decisión es estar atentos a las críticas y las movidas ajenas e ir emparchando situaciones para no hacer enojar a la gente.

Si no programan alguna inauguración a las apuradas o llevan al gobernador a dar besos en giras de corte electoral, no encuentran la manera de llevar adelante  acciones efectivas. Es lo que pasó en los últimos días con el campo, al que suelen postergar a la hora de legislar, o simplemente de acercar algún alivio, como podría ser el arreglo de los caminos rurales o para brindarles a los productores algo de seguridad.

Se sabe hace mucho que la actividad agrícola y ganadera de la provincia viene padeciendo una sequía importante, a la que se sumaron heladas tardías que acabaron con buena parte de la producción. La que comenzó hace poco, es la tercera campaña en la que el fenómeno climático La Niña desparrama sus efectos, retaceando las lluvias y llevando las temperaturas desde registros extremos a heladas inoportunas, con ciertas dosis de granizo. Un cóctel que hace imposible tener una producción estable y rendidora para gente que apuesta todo a cielo abierto, soportando además una fuerte presión impositiva de todos los estamentos de gobierno.

Sin embargo, el Gobierno provincial no había mostrado reacción hasta que un diputado de Unidos por San Luis, Federico Trombotto, presentó un proyecto de ley para que San Luis adhiera a la ley nacional 26.509, que es la que legisla en qué casos se pueden decretar situaciones de emergencia y desastre agropecuario, para que los productores puedan recibir asistencia de la Nación y la provincia en forma de créditos blandos o alivio fiscal a través de diferimientos de pago, entre otros recursos.

Inmediatamente que Trombotto presentó en la Cámara Baja un proyecto de declaración para adherir a la ley nacional, que ingresó por mesa de entradas el 8 de noviembre, el Gobierno comenzó a redactar  un proyecto de ley de similares características que ingresó por el Senado donde antes Adolfo Castro Luna (Unidos por San Luis-Pedernera)  ya había presentado una iniciativa. Mientras tanto, se negó sistemáticamente a tratar el proyecto de la oposición.

El 30 de noviembre lo llevó al recinto con Fernanda Spinuzza como miembro informante, adueñándose de la iniciativa y haciéndola propia, invitando incluso a los dirigentes rurales, como la titular de la Sociedad Rural de San Luis, Yeny Yurchag que siguió la sesión de un palco.

La iniciativa oficial, como no podía ser de otra manera tratándose de un poder basado en el clientelismo, diagramó la conformación de una autoridad de aplicación presidida por el ministerio de Producción, con el asesoramiento de una comisión de emergencia agropecuaria, que estaría integrada por un senador, dos diputados, un representante de cada ministerio involucrado en temas rurales, incluida la secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos técnicos como el INTA y los colegios de ingenieros agrónomos y veterinarios.

Sin dudas que el proyecto de Unidos por San Luis, en el que insta a tomar medidas  políticas y realizar las inversiones que nunca se hicieron, apuró los tiempos y el oficialismo, entrando en un año electoral y habiendo recibido ya quejas de las sociedades rurales por su inacción, decidió actuar como si el campo le importara.

Eso sí, siempre tratando de que los productores “vayan al pie” y soliciten la ayuda, para luego actuar con la discrecionalidad histórica de esta gestión. Para eso crea la Comisión de Emergencia Agropecuaria, encargada de “filtrar” los pedidos de acuerdo a los antecedentes de cada solicitante, usando en beneficio propio el dinero que bajará la Nación a San Luis.

Mientras tanto, disimula su falta de inversiones dejando en manos del Estado nacional la posible ayuda, que siempre será escasa porque el presupuesto aprobado por el Congreso no destinó una partida importante para cubrir emergencias agropecuarias, por lo que es mejor que los productores no se hagan muchas ilusiones.

Todo en un marco en el que intentó sacar otra ventaja: necesitaba a la oposición en el recinto para tener quórum argumentando esta noble decisión de ayudar al campo, cuando en realidad lo que quería es meter el impuestazo que comenzarán a padecer los bolsillos puntanos en 2023.