Concejales de Frontera aprobaron decretos que antes debían pasar por el Tribunal de Contralor
En la sesión extraordinaria que cerró el año el intendente consiguió el visto bueno para usar dineros públicos sin pasar por el circuito previsto regular.
Este miércoles hubo sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Villa de Mercedes y estuvo rodeada de polémica. Los cinco primeros decretos que se trataron no pasaron por el Tribunal de Contralor, que es el órgano principal que debe darle legalidad a los actos administrativos para que el intendente ejecute los dineros públicos.
Cuatro de ellos fueron aprobados por los concejales K, y rechazados por la oposición que realizó una fuerte crítica a Maximiliano Frontera por la “falta de respeto institucional”.
El primero que se trató fue la homologación del Decreto Municipal N° 6529/2022 relacionado a la adenda en el contrato de prestación de servicios con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. La misma establece un aumento del 86%, con el cual eleva el monto mensual a $5.242.000. Los cuestionamientos hicieron referencia primero a que la presentación se hizo fuera del término establecido, y apuntaron por eso a un “trámite irregular y una falta grave”.
“Esta gestión municipal no tiene un rumbo institucional definido, hace lo que quiere sin respeto. Estos expedientes para su homologación primero debieron haber pasado por el Tribunal de Contralor, y se ha violado la Carta Orgánica Municipal. Estamos viendo que el municipio ha tomado como una forma de actuar el hacer cosas sin importarle cuáles son los rumbos institucionales”, dijo la concejal de Unidos por San Luis, Gabriela López.
Recordó que antes ya pasó, y puso dos ejemplos, la vez que se eligió primero el nombre a una plaza y luego se trató en el Concejo, y lo más reciente: “El intendente permitió que el gobernador definiera el nombre de un barrio (bautizó a las 300 viviendas como Unión) sin ni siquiera sugerir el tema para que pasara por el recinto”.
“El ejecutivo parece dedicarse a obstruir la tarea del órgano auditor que está controlado por la mayoría del Frente Unidos por San Luis. El intendente está demostrando no tener vocación republicana, sino que quiere hacer las cosas y acomodar la ley a como más le convenga y eso no es serio para las instituciones y no contribuye al sistema democrático de la ciudad”, consideró López.
Advirtió que no hay respecto a la división de los poderes. “Por un lado pretende inmiscuirse en decisiones propias de este concejo tratando de imponer fechas y condiciones para la designación de nuestras propias autoridades”, dijo en relación a una “solicitud” que mandó Frontera para que se designe nuevo presidente del Concejo.
Pero esto, que fue el último punto de la orden del día, no se logró porque se consideró “improcedente”. La oposición en la misma línea defendió que no solo que se trata de una facultad exclusiva del Concejo Deliberante, sino que el mandato de las autoridades “está plenamente vigente”, y que la elección se hace el 28 de febrero de cada año.
Aprobaron otros tres decretos que contemplan fondos públicos. “Es decir, destinos de los recursos que hacen al patrimonio municipal que obligatoriamente debieron haber pasado por el Tribunal de Contralor para que emita su opinión respecto de la legalidad administrativa y financiera de esos actos”, tuvo en cuenta el vocal del órgano, Ricardo Bazla, al ser consultado por El Chorrillero.
“Lo que ha ocurrido hoy ha configurado una obstrucción por parte del Departamento Ejecutivo a las obligaciones que debe cumplir el Tribunal. Esto lo estamos analizando desde hace algunos días porque sabíamos que podía suceder, y es probable que una vez que lo terminemos de analizar formulemos las denuncias administrativas y judiciales en contra del intendente y de los funcionarios que debieron haber actuado para enviar estos expedientes en forma previa al control técnico”, sostuvo.
Por último, el quinto decreto que tenía que ver con el pago de una demanda que hizo una familia en contra de la Municipalidad, fue rechazada por los concejales oficialistas. Así se opusieron al pago de $7.883.665,04 en concepto de indemnización a un niño que sufrió un accidente cuando jugaba en una plaza de la ciudad: se le cayó un cesto de basura de cemento encima y tuvieron que amputarle un dedo.