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Siguen los problemas alrededor del sospechado sistema informático de la Dirección de Rentas

Desde el cambio, profesionales y contribuyentes se encontraron con diversos trastornos para realizar todo tipo de gestiones. Por ejemplo el tiempo que deben destinar es el doble, los trámites no figuran y tampoco funciona la asistencia virtual.

El gobernador junto a su hijo, Alberto Rodríguez Saá y el secretario General. Miguel Berardo.
Actualizada: 03/01/2023 22:16
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Los beneficios que traería la “modernización” del sistema de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) siguen lejos de convertirse en realidad y, por el contrario, han traído dolores de cabeza y numerosos problemas a profesionales y contribuyentes.

El organismo informó el 6 de diciembre la renovación de la plataforma cuya puesta en marcha se iba a producir de inmediato para operar a partir del 14 de diciembre. Para ello postergaron los vencimientos.

Y si bien ya pasó casi un mes, cada vez son más los trastornos para utilizarlo y por eso decidieron prorrogar las fechas para pagar los impuestos en dos ocasiones más. Ahora fijaron una nueva extensión hasta el 31 de enero.

El cambio de sistema está rodeado de sospechas de corrupción que tomaron fuerza en septiembre cuando la entonces directora, Gimena Deluigi se negó a firmar un contrato por $25 millones para realizar el “mantenimiento”. La funcionaria fue echada por no acatar una orden que venía de más arriba, pero su salida se postergó unas semanas a raíz de que el portal El Puntano adelantó el escándalo interno.

La adjudicación del negocio se hizo a Ángel David Benardón, según informó el mismo portal ¿Quién es el beneficiario?

Es cuñado del secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo y amigo del ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá. Su nombre salió del anonimato en la pandemia del coronavirus cuando le vendió al Gobierno las cámaras para medir la temperatura por $14 millones, 400% más que el valor de mercado.

Para los funcionarios y empleados de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos no es un desconocido. Desde hace tiempo se mueve en el organismo como la máxima autoridad.

El “paquete” que le entregaron al cuñado de “Micky” Berardo era “el mantenimiento que hacían empleados” del organismo, señalaron desde la misma repartición.

Este medio intentó hablar en las últimas semanas con el empresario y el nuevo director de la DPIP, Walter Fernández. Ante las consultas, dos empleados respondieron que el primero “no se encontraba en este momento” en la oficina y el funcionario estaba “ocupado en una reunión que le iba a demandar toda la jornada con el área fiscalización”.

Entre los problemas que surgieron están vinculados a las demoras, altas de contribuyentes que no aparecen, dificultades para hacer las liquidaciones, declaraciones juradas con mayores trabas y hasta la imposibilidad de elegir una clave para gestionar.

El mes pasado también advirtieron falencias para ver las percepciones y retenciones, al igual que para obtener una constancia de inscripción.

Ante este panorama, hubo una reunión entre autoridades de Rentas e integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de San Luis. La única respuesta que les dieron a los profesionales es que “las inconsistencias se iban a registrar hasta que la nueva plataforma se acomodara”. Otros colegios de profesionales también se quejaron. Las entidades prefieren, al menos por ahora, no hacer público que sus afiliados están molestos.

Tampoco existía en ese momento la posibilidad de retornar al sistema anterior.

Un contador detalló a El Chorrillero los inconvenientes a los que se enfrentan a diario para poder trabajar. Por ejemplo, la demora para poder concretar las declaraciones juradas. El procedimiento involucra el doble de tiempo que hasta noviembre.

A esto se suma, que los profesionales no fueron consultados ni notificados con anticipación sobre la implementación de esta “modernización”. A su vez, tampoco recibieron capacitaciones sobre como emplearlo.

Con relación a las inscripciones surgieron otros problemas. Uno de ellos fue que quienes hicieron este trámite después no podían dar el “alta” cuando con el anterior era automática.

Asimismo, cuando el usuario ingresa por primera vez un requisito del sistema es cambiar la clave. Sin embargo, no permite que sea elegida por la persona y solamente da la posibilidad de una automática. Esto dificulta recordarla más tarde.

Por otro lado, cuando algunos contribuyentes quisieron hacer declaraciones juradas este martes, no podían ver las percepciones o retenciones bancarias que habían sufrido. Habitualmente aparecen sin necesidad de cargarlas de forma manual. Con esta última modalidad se hace todo más complejo.

A esto, agregaron que el chat de la página de la DPIP no brinda asesoramiento ante las consultas.

Lo cierto es que, si bien desde el Gobierno provincial habían asegurado que la modernización traería “beneficios” e iba a permitir que el profesional o contribuyente no tuviera que hacer todos los trámites de manera presencial, hasta el momento no sucede.

Quienes utilizan el sistema con frecuencia consideran que por el contrario, es más complicado y engorroso.

La lluvia de fondos que llegaron desde la Nación al Gobierno de San Luis también alcanzó a la Dirección de Rentas, donde manda el amigo del Alberto Rodríguez Saá (h).

El 28 de septiembre último el presidente Alberto Fernández firmó el desembolso de $456.750.000 del programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II (Provincias II) para “el fortalecimiento, modernización e integración del Sistema Tributario de la Provincia de San Luis”.

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