Desde hace seis meses un joven con discapacidad espera que la obra social le autorice el traslado a San Luis
Se accidentó en la ciudad de La Punta y desde mediados de julio del año pasado espera volver a su casa para estar junto a su familia. La mutual Femesa argumentó que no se hará cargo del viaje porque “va a tener terapias precarias”.
El 29 de diciembre de 2019 alrededor de las 21 Ezequiel Guerra fue chocado por una camioneta a cuatro cuadras de su casa, en la ciudad de La Punta. El impacto le provocó un traumatismo de cráneo y dejó grandes secuelas en el joven que en ese momento tenía 18 años.
El diagnóstico no era alentador. Los profesionales de la salud le advirtieron que posiblemente iba a quedar en coma. Estuvo en terapia intensiva por 15 días en el Hospital San Luis, luego pasó a la intermedia. Llegó la pandemia y su familia determinó que era mejor trasladarlo a su casa.
“Desde que llegamos a casa la obra social no se hizo cargo de nada, tuvo casi dos meses de abandono de persona, no teníamos nutricionistas, no teníamos enfermeras, y siempre nos metieron excusas por el tema de la pandemia”, expuso la hermana del joven, Florencia Guerra, en comunicación con El Chorrillero.
Pasaron dos meses desde que Ezequiel ya estaba en su hogar, pero una mañana su madre fue a darle la medicación y se encontró con una desgarradora escena: su hijo estaba sufriendo convulsiones.
“En cinco minutos tuvo cinco convulsiones y dos paros cardíacos”, precisó.
En ese momento, el chico ya había perdido toda su movilidad motriz por lo que su hermana decidió acompañarlo al centro de rehabilitación “Castillo Morado” de Córdoba.
“Le dieron el alta el 2 de noviembre del 2021. Ya pasamos mucho tiempo sin volver a nuestro hogar. La psiquiatra a cargo de mi hermano se cansó de notificar a Femesa para que nos dieran el traslado, pero todo fue en vano”, expresó.
Cansados de ser ignorados, el padre de Ezequiel se acercó a la Superintendencia de la Salud en San Luis en donde se realizó una nota para que la obra social diera una respuesta dentro de los 15 días.
Al no obtener ninguna contestación, se dirigió a Casa de Derechos Humanos, elaboraron otro escrito y la respuesta llegó después de cinco meses.
“Nos manifestaron que primero necesitamos un representante legal, mis padres se asesoraron con sus abogados, y le dijeron que no lo necesitan para estos casos”, señaló la mujer.
Y agregó: “Después otra de las respuestas, fue que no iban a hacer el traslado a la casa porque iba a tener terapias precarias. A eso le llaman que los kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, entre otros, vayan a nuestra vivienda a realizarle las terapias y es justamente lo que pedimos”.
Florencia graficó que desde hace meses que habita junto a su hermano en una pequeña habitación y que no pueden salir al exterior porque Ezequiel se contagió de un virus intrahospitalario.
“Nosotros queremos que nos den el traslado y las terapias en la casa porque ellos tienen los servicios para darnos, hace 15 años estamos afiliados”, insistió al final.