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Ante el femicidio en Concarán, Mujeres en Lucha reclaman que autoridades provinciales y nacionales escuchen las demandas

La organización realizó peticiones a funcionarios en distintas ocasiones. En noviembre de 2022 enviaron una carta a las dependencias que dirigen Ayelén Mazzina en Nación y Tatiana Olguín en la Provincia.

Ayelén Mazzina y Tatiana Olguín.
Actualizada: 19/01/2023 22:57
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La localidad de Concarán continúa conmocionada por el femicidio de Soledad Zalazar ocurrido el domingo pasado. Por este hecho, la organización Mujeres en Lucha, en diálogo con El Chorrillero, expuso nuevamente las situaciones que atraviesan las mujeres en la provincia y que no han recibido respuestas por parte del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD) que dirige Ayelén Mazzina, y de la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, a cargo de Tatiana Olguín.

En la carta que enviaron a los organismos, el grupo recordó que en 2016 decidieron reunirse porque desde hace años que atraviesan diferentes situaciones de violencia machista, vulnerabilidad, empobrecimiento, falta de oportunidades y discriminación y que están pidiendo auxilio.

La organización está compuesta por 50 mujeres aproximadamente de diferentes zonas de la provincia, tanto urbanas como rurales. Entre sus objetivos está la lucha contra la desigualdad de género, contra la violencia institucional y buscan ayudar a que tengan las mismas posibilidades y no sufran más discriminación por ser pobres, no tener conocimientos o algún oficio.

“Si pedimos ayuda en la secretaría de la Mujer nos dicen que nuestras violencias no son recientes, si lo hacemos en Desarrollo Social nos mandan nuevamente a la secretaría porque allí están nuestros expedientes, y en las municipalidades nos la niegan porque cobramos el salario universal por hijo/a o algún plan que es insuficiente para sobrevivir. Si concurrimos al Poder Judicial se nos criminaliza y nos advierten que nos pueden sacar nuestros hijos e hijas”, expresaron.

En el escrito enviado a los gobiernos recordaron nuevamente las demandas de hace tiempo y agregaron datos personales de víctimas en la provincia.

En la misiva remarcaron que la violencia no es una cuestión unidimensional y que requiere “un abordaje criterioso, interdisciplinario entre la Justicia, Salud, Educación, Vivienda, Registro Civil y que brinden apoyo económico, psicológico y patrocinio a las mujeres que sufren agresiones”.

El grupo exige al Estado el cumplimiento de la Ley N°26.485 de prevención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Para lograr la atención de nuestras causas enviamos un mail, notas, solicitamos audiencias y hemos participado de varias reuniones con funcionarias locales, provinciales y nacionales, aunque ninguna en realidad nos supo brindar soluciones de fondo”, enfatizaron.

“Nos hemos reunido con la secretaría de la Mujer del Gobierno, con la funcionaria del Municipio capitalino, con la subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del MMGyD, con el programa Producir de la Nación, con la directora nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género, Marta Linares, con la organización no gubernamental Matriar, con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con el Programa Acelerar Derechos (PAD) y en 2022 enviamos la carta a los mismos 50 lugares luego de actualizar uno por uno los casos”, agregaron.

“Cada vez que vamos a una reunión nos ilusionamos y cada vez que termina tenemos la misma sensación: no tienen ganas de hacer nada o no tienen el poder para hacerlo”, expusieron.

A pesar del panorama oscuro, señalaron que ayudaron a muchas mujeres que viven en zonas rurales que están más desprotegidas. Llegan a esos sectores por la información que les proveen otras agrupaciones como la Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM), distintas colectivas de Villa de Merlo y del Valle del Conlara.

“Hemos logrado en estos años de gestión que a una mujer le pongan la casa del ex marido a su nombre para que viva con sus cuatro hijos en vez de alquilarla ya que está preso, que se incorporen en el Plan de Inclusión Social, entre otras cosas. Todos son logros colectivos, nada provino desde el Estado”, señalaron.

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