San Luis es la tercera provincia con más beneficiarios del programa nacional Acompañar; destinado a mujeres y LGBTI+ que sufren violencia
Es superada por Buenos Aires y Tucumán. Desde 2020, 13 mil personas han recibido apoyo económico y acompañamiento en la provincia. En 2022, la cantidad de beneficios creció en un 113%.
El ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad transparentó datos vinculados a violencia de género en todo el país. Fue mediante la presentación de una base con información vinculada a las personas que son víctimas, las denuncias realizadas, la intervención de organismos y la asistencia que brinda el Estado.
Uno de los temas que se puede conocer es la cantidad de personas destinatarias del Programa Acompañar, que está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género con el objetivo de “fortalecer la independencia económica” de ambos sectores.
El plan que se implementó en 2020 consiste en apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses consecutivos, y acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.
De los datos públicos se puede advertir que San Luis es una de las tres jurisdicciones con más beneficios otorgados alcanzando un total de 13.781 hasta el cierre de 2022. Sólo es superada por la provincia de Buenos Aires que posee 96.568 destinatarios y Tucumán con 18.937.
Los datos de todo el país.
Si nos centramos en los números locales, podemos advertir un fuerte incremento con el correr de los años. Por ejemplo, en 2020 solamente el programa llegó a siete sanluiseños. A nivel nacional eran 132, distribuidos en ocho distritos.
En octubre de ese año, el gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó con Nación un convenio para la implementación del Programa Acompañar. Estuvo acompañado de la entonces secretaria de la Mujer provincial y ahora ministra de las Mujeres de la Nación, Ayelén Mazzina.
En 2021 hubo un crecimiento exponencial. Reportaron en la Argentina a 118.565 destinatarios, entre mujeres y el colectivo LGTBI+. De ese total, 5765 llegaron a San Luis, siendo en ese periodo la tercera jurisdicción con más poseedores.
El año pasado, la suma en la provincia ascendió a 12.327, lo que representó un 113% más en comparación con el periodo anterior.
Pero la información permite conocer más allá de los números, como los contextos de los hechos de violencia y también de las víctimas. Para eso nos detendremos en el número global de beneficios en la provincia (13.781).
En relación a la modalidad de violencia, el 99% se produjo en el ámbito doméstico, un 1% en lo laboral y el mismo porcentaje en lo institucional.
Sobre el tipo, un 90% de las personas afectadas reconoció agresión física, un 81% psicológica, un 46% económica y patrimonial, un 31% simbólica, un 26% sexual y otro 26% ambiental.
Los destinatarios del beneficio tuvieron que exponer palabras vinculadas a las conductas violentas. Las más frecuentes fueron Nube de palabras en conductas violentas empujones, golpes, humillaciones, gritos, hostigamiento y estrangulamiento.
Las provincias con menor cantidad de mujeres y LGBTI+ que forman parte del programa son Santiago del Estero (3201), Neuquén (2093), Santa Cruz (1395), Formosa (1301) y La Pampa (974).
Por otro lado, se puede conocer el vínculo con los agresores: un 85,4% eran ex parejas, un 4,8% la pareja actual, un 3,8% otra persona, un 3,1% padres o tutores, un 2,7% otro familiar y menos del 1% se trató de un superior jerárquico, familiar de pareja o ex, madre o tutora y funcionario público.
El 97,5% de los atacantes fue un hombre, mientras que el 1,7% una mujer.
Otro de los ejes claves sobre la realidad de San Luis está vinculado a los indicadores de letalidad. En esto, el 41% de las víctimas estaba en un nivel de riesgo altísimo. Un 34% se trató de una persona agresora con antecedentes de violación de medidas de restricción. Y un 23% fue una persona agresora con acceso a armas de fuego.
De las beneficiarias, un 44% cuenta con medidas de protección. La más común es la restricción de acercamiento, pero también aparece el botón antipánico, la exclusión del agresor de la residencia común, o medidas de seguridad en domicilio.
En el rango etario se puede establecer que la mayor proporción de víctimas tiene entre 18 y 29 años con un 45%. Otro 41% abarca entre los 30 y 44 años, y un 13% de 45 a 59 años.
Por otro lado, la mayor cantidad de beneficiarios cuenta con el secundario completo (39%), mientras que un 25,7% incompleto.
Dentro de las personas destinatarias también se encuentran discapacitadas, refugiadas, indígenas o en situación de trata.
Asimismo, el 26% tiene un hijo, el 24% dos, el 16% tres, el 8% cuatro, el 6% cinco o más, y el 17% no posee.
Finalmente, el 84% reside en una casa o departamento, un 11% en condiciones precarias como casilla, rancho o móvil, y un 4% en inquilinato, pensión u hotel.