A tres años del primer caso de Covid en San Luis: no debemos olvidar lo que vivimos en la pandemia por las arbitrariedades y el abandono del Gobierno
La pandemia dejó postales que marcaron a fuego la gestión por parte del Gobierno. Se cumple un nuevo aniversario del inicio de uno de los periodos marcados por el autoritarismo y la falta de la mano del Estado.
Este jueves se cumplen 3 años desde que detectaron el primer caso de coronavirus en San Luis, una mujer de 43 años que regresaba de un viaje de España. Un nuevo aniversario de la inauguración de uno de los períodos más dramáticos y difíciles.
La fecha merece hacer un alto para revisar qué sucedió durante estos años dentro del territorio provincial. Desde el vacunatorio VIP hasta los escraches en la TV del Estado; desde las muertes en las comisarías hasta los pueblos cercados; desde el abandono a los emprendedores y las pymes hasta los aprietes al personal de salud.
Una semana y media después del primer positivo, se ordenó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco del desconcierto que provocaba el avance del virus.
No transcurrió mucho tiempo para que el gobernador Alberto Rodríguez Saá emprendiera en los permanentes reportes televisivos. No solo se circunscribía a la información vinculada a la cuarentena, sino que utilizaba la plataforma para escraches contra vecinos e incluso al personal de salud.
Las cifras sanitarias
Hasta la fecha fueron reportados por el ministerio de Salud provincial 155.530 casos de Covid-19 y los meses más críticos fueron enero del 2022 con 51.242, mayo del 2021 con 18.436 y abril de ese año con 15.513.
A ello hay que sumarle las 1653 muertes.
En relación a la campaña de vacunación, desde que se inició el 29 de diciembre del 2020 fueron aplicadas 456.216 primeras dosis y unas 436.368 de la segunda. En otras palabras, el 80,67% de la población completó el esquema. Mientras que unas 325.820 personas recibieron la tercera dosis.
El personal de salud, en la primera línea
Los profesionales, técnicos y trabajadores del sistema sanitario puntano y de todo el país fueron quienes se pusieron la batalla contra el virus al hombro. En condiciones que hasta llegaron a ser precarias, se desempeñaron sin cesar aun cuando múltiples de ellos perdieron la vida.
Con hospitales, centros de salud colapsados (aunque el Gobierno nunca lo admitió) y hasta con el faltante del equipamiento primario, lograron ser reconocidos por su loable valor.
Desde Terrazas del Portezuelo en muchas oportunidades decidieron ningunear la labor. A la falta de personal que quedó expuesto, tuvieron que desempeñarse en un contexto hostil.
Hubo aprietes y destratos. En uno de sus reportes diarios Rodríguez Saá los culpó de contagios “por tomar mate” en horario laboral.
La ministra de Salud de la Nación, Claudia Vizzotti junto a la por entonces, su par, Silvia Sosa Araujo. provincial
Vacunación VIP
Sumado a que los escasos inyectables que llegaban a cuenta gotas a la provincia en los primeros meses, autoridades provinciales decidieron acotar caminos y desviar las dosis para beneficio propio.
El escándalo del vacunatorio paralelo de funcionarios y dirigentes del Gobierno nacional que le costó la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, tuvo su réplica en San Luis.
Políticos del partido gobernante y algunos de la oposición, funcionarios, legisladores, jueces y amigos del poder fueron privilegiados y saltaron la fila para ser inmunizados, inclusive antes que el personal esencial y grupos de riesgo.
Todo fue orquestado desde la Casa de Gobierno. Incluso el diputado nacional, Claudio Poggi manifestó que lo habían llamado para poner a su disposición la vacuna y rechazó el ofrecimiento.
Más adelante, la por entonces ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, admitió que fueron aplicadas vacunas a “personal estratégico que está relacionado con el gobernador”.
San Luis bajo llave, localidades cerradas y puebladas
Una tarea casi imposible y miles de trabas. Ese es el escenario con el que tuvieron que lidiar los ciudadanos cuando intentaban ingresar a la provincia. Demoraron meses para poder volver. Aquellos que buscaban solo atravesarla tuvieron obstáculos.
Los taludes en el ingreso a los pueblos, los canales en los puntos limítrofes provinciales, y las barreras en las calles eran la manera de controlar la circulación por parte de las autoridades.
La burocracia hacía las cosas aún más complicadas. Familias enteras debían acampar para esperar la aprobación de regresar a sus hogares.
Lo mismo ocurría con productores y emprendedores que se les impedía el paso. No podían trabajar y sufrieron graves pérdidas tal como la muerte de animales.
La insensibilidad de funcionarios llegó a los extremos cuando ni siquiera pudieron entrar familiares de personas sumamente enfermas. Tal es el caso de Martín Garay que estuvo alejado en sus últimos momentos de sus hijas Victoria y Antonela.
Protestas en los límites de San Luis.
Las restricciones impuestas impidieron la despedida de su ser amado. Cuando lograron entrar ya era tarde porque había muerto.
Lo cierto es que cansados por los abusos, los vecinos decidieron actuar por su cuenta y tomaron la decisión de derribar los montículos de tierra que cortaban los accesos. El deseo de volver a circular para trabajar o simplemente para comprar alimentos, ganó.
Un ejemplo de ello fue lo que sucedió en el límite entre Merlo y Córdoba. A fines de mayo del 2020, Mario Javier Cortés (41) quiso cruzar el talud que dividía el camino, pero perdió la vida trágicamente.
Esto provocó una verdadera pueblada. Tomaron las palas y picos y decidieron derrumbar el obstáculo. En Tilisarao sucedió algo similar.
La crisis y la (falta de) acción del Estado
Frente a la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de comercios, el Gobierno provincial brilló por su ausencia. Desde un comienzo decidió apartarse del cuidado de las fuentes de trabajo o de los ingresos de los hogares.
La ayuda nacional fue la única que tuvieron los trabajadores de San Luis, aunque no todos lograron recibirla.
En este marco comerciantes y pequeños empresarios realizaron varias protestas para ser escuchados por Terrazas del Portezuelo. Tanto en la capital como en Villa Mercedes, las caravanas de autos se hicieron presentes.
Recién en la previa de las elecciones del 2021 Rodríguez Saá decidió bajar recursos para créditos.
El efecto en la pérdida de trabajos formales fue inmediato. Las cifras oficiales marcan que de febrero del 2020 pasó de registrar 54.245 a 52.415 en solo un par de meses.
Todo este marco fue un caldo de cultivo perfecto para la degradación del tejido social. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), así lo mostró.
Las protestas en las calles.
La pobreza subió del 35%, registrado en el segundo semestre del 2019, al 44,3% durante el primer semestre del 2021. Hoy se ubica en 38,3% y casi siete de cada 10 niños están por debajo del umbral. La mitad de los hogares sanluiseños son pobres.
Sin datos, sin información
Los números acerca de la contención sanitaria y las estrategias del Gobierno nunca se conocieron. La falta de transparencia se agudizó en la pandemia y prácticamente se trató de una política pública.
El Gobierno mantiene bloqueados hasta ahora datos sanitarios, el manejo de fondos y el listado de vacunados VIP, entre otras cosas.
Un ejemplo de esto es el pedido de acceso a la información pública formulado por El Chorrillero a principios de junio del año pasado. El objetivo era conocer detalles que giraban, principalmente, en torno al “personal estratégico” que fue vacunado.
Es más, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) ubicó en la última posición a San Luis en su índice de transparencia presupuestaria durante 2021.
Vecinos derrumbaron los taludes que encerraban a los pueblos.
El proselitismo metido en la campaña de vacunación
En el 2021 se llevaron adelante las elecciones de medio término y la administración de Rodríguez Saá aprovechó el pico de la campaña de vacunación contra el coronavirus para colar publicidad electoral.
Los centros de vacunación eran decorados con carteles de #FuerzaSanLuis, la alianza electoral oficialista. Se habían transformado en una sede partidaria.
Luego la Justicia Federal intervino para que la propaganda se detuviera.
Las muertes de Florencia y Franco
Mientras regía la cuarentena más dura, sucedieron dos casos graves que hasta la fecha no fueron resueltos, ambos en comisarías.
El primero de ellos ocurrió el 5 abril del 2020 en Santa Rosa del Conlara cuando Florencia Morales (39) quedó detenida en una celda, en pleno ASPO por haber salido a comprar comida a sus hijos en un día que no podía hacerlo porque no le correspondía a su terminación de DNI.
Su familia recibió la noticia por parte de los efectivos que la encontraron sin vida. Desde un comienzo la versión oficial fue la de un “suicidio”, en tanto que los seres queridos de la mujer nunca lo creyeron.
La investigación llevada adelante por el juez Jorge Pinto estuvo manchada por irregularidades en las pericias y en los tiempos. En la actualidad no hay ningún detenido.
Los reportes fueron diarios en el primer tramo de la pandemia.
Ese mismo mes, Franco Maranguello (16) fue detenido en la puerta de la casa, también por violar el aislamiento. Su muerte generó conmoción porque sucedió en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes.
Desde ese entonces se llevaron a cabo medidas judiciales, pero hasta el momento tampoco hay respuestas de lo qué sucedió.
Rodríguez Saá se refirió a estos hechos en una sola ocasión. Fue recién en junio de ese año en una conferencia de prensa, aunque se desligó de responsabilidad: "Ninguna de las muertes en las comisarías estuvo vinculada a la pandemia ni a las medidas tomadas".