"El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y uno de nuestros temas centrales es defenderla"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que el presidente Alberto Fernández "sigue sosteniendo" la inocencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse los fundamentos del veredicto en la causa Vialidad, y señaló que esa sentencia busca "sacarla de la escena política e inhabilitarla para actuar políticamente".

"El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia", sostuvo la portavoz en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, y agregó que para el mandatario se trata de una "causa armada" con el objetivo de "perseguir" a Fernández de Kirchner para "inhabilitarla y que no pueda ejercer funciones políticas".

Además, consideró que esa resolución está dirigida a "aleccionar a otros dirigentes políticos que intenten tomar medidas que vayan a favor de las grandes mayorías".

Cerruti reiteró la postura del Gobierno respecto a que "no hay ninguna prueba concreta de nada de lo que se sostiene" en la sentencia de la causa Vialidad, y remarcó que el Presidente "ha dicho en más de una oportunidad que esta causa no tiene ni pies ni cabeza, y eso está claramente expuesto en los fundamentos, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la Vicepresidenta".

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dio a conocer este jueves los fundamentos del veredicto dictado el 6 de diciembre pasado en la "causa Vialidad", y por el cual condenó por supuesta "administración fraudulenta" a la Vicepresidenta junto a otros imputados, con lo que comenzó a correr el plazo de diez días hábiles para la presentación de eventuales apelaciones de las partes.

A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia" fue la "connivencia y protección" de los organismos estatales para garantizar la actividad del empresario Lázaro Báez, al tiempo que descartaron las prácticas de "lawfare" que habían sido denunciadas por las defensas de los acusados.

En esa causa la Vicepresidenta fue condenada en primera instancia a 6 años de prisión y la inhabilitaron para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia no está firme y aún debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación penal y la Corte Suprema. (Télam)