Entre la paralización y la impunidad: a tres años de la muerte de Magalí Morales ¿cómo se encuentra la causa?

“Se suicidó”. Hace tres años la familia de Florencia Magalí Morales (39) escuchaba esa frase proveniente de la Policía de San Luis. Le comunicaban que había muerto en uno de los calabozos de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara.

Ese 5 de abril del 2020 quedará marcado, no solo en la vida de los seres queridos de la joven madre y abuela, sino en la retina de los sanluiseños ante la gravedad de las irregularidades en la investigación y la impunidad que arrastra hasta la fecha.

En la actualidad el caso está casi paralizado ante los constantes recursos y apelaciones presentados por la defensa de los efectivos involucrados y por la lentitud en el dictado de las resoluciones. Aun así, hay indicios de que en las próximas semanas podría registrarse el primer movimiento desde hace más de un año.

Morales había ido a comprar alimentos para sus dos hijos (hoy de 14 y otro de 10 años) y la nieta (6), pero terminó detenida porque “estaba violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio” ya que circulaba en la vía pública un día que no le correspondía salir. Eran tiempos en que regía la terminación del DNI. También le adjudicaron que “andaba en bicicleta a contramano”.

Pero las cámaras demostraron que ingresó de forma voluntaria a la comisaría.

Por la noche, la familia recibió la noticia: apareció “colgada en la celda” y debían ir a buscarla a la Morgue Judicial. La fuerza de seguridad informó del hecho cinco horas después, cerca de las 23.

Más allá del dolor por la noticia y el shock del momento, la teoría del suicidio nunca cuadró para el entorno de la mujer (todos ellos de Mendoza). Desde un primer momento desconfiaron de la palabra oficial.

A partir de allí la investigación, caratulada como “averiguación de muerte”, llevada adelante por el juez Jorge Pinto estuvo marcada por irregularidades, manchas, demoras y múltiples interrogantes.

La ampliación de la autopsia a cargo de Gustavo Lafourcade Durán reveló que presentaba contusiones en los brazos y escoriaciones debajo de las rodillas, y “lesiones compatibles con autodefensa”. La médica que la revisó antes de la detención aseguró que no presentaba heridas y se encontraba “exaltada con la Policía”.

Pero más adelante la perito, Vanina Elizondo habló de la segunda autopsia sobre la mujer. Expuso que el cuerpo presentaba más de 10 moretones, advirtió errores en la primera necropsia y un detalle clave: le faltaban dos músculos y una arteria del cuello. Calificó el informe como “incompleto y tal vez hasta confuso”.

Respecto a los policías involucrados son cinco: el jefe de la dependencia, Heraldo Clavero, el jefe de guardia, Marcos Ontiveros, y los efectivos, Gabriel Tarano, Victoria Torres y María Eugenia Arguello. Ninguno de ellos fue detenido, aunque se encuentran fuera de la fuerza.

En el medio, el defensor de Pobres y Ausentes, José Francisco Pérez que defiende a los policías pidió archivar la causa por la “inexistencia de pruebas y motivos que profundicen la investigación”. Esto nunca prosperó.

El caso cruzó la frontera provincial y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió indagar a los policías por privación ilegítima, abuso de autoridad y apremios. Entre los argumentos, mencionaron que Morales fue “ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que –según consta- no tenía en su poder”.

“Resulta fundamental el juicio y castigo por las violaciones a los derechos humanos que provocan ciertos efectivos utilizando el poder que les otorga el propio Estado”, fundamentaron.

Ante este panorama, los abogados de la familia, Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli, acudieron a la Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes para que revisaran todas las actuaciones y estipularan una nueva carátula, la de “tortura y lesiones seguido de muerte”.

“Si bien no se habla de femicidio, eso deja la puerta abierta para el juicio oral de investigarlo. Sí la Cámara que confirma que hubo tortura y lesiones seguida de muerte. Es una visión totalmente distinta a la que tuvo el juez. La prueba es contundente”, sostuvo Calderón Salomón en declaraciones a El Chorrillero.

Los defensores de los policías acudieron al Superior Tribunal de Justicia y presentaron un recurso de nulidad, pero fue rechazado. Fue aquí donde las constantes presentaciones demoraron más de un año el avance del caso.

¿Qué resta para llegar finalmente al juicio oral? Que se resuelvan unos recursos de inconstitucionalidad. A partir de la definición, bajará nuevamente el expediente para que Pinto llame nuevamente a indagatoria bajo la nueva carátula del delito.

“No sabemos si habrá más apelaciones o no. Si no hay más quedará firme la resolución de la Cámara y tiene que volver al juzgado de origen para que tome indagatoria por los nuevos delitos. Ahí nosotros plantearemos la prisión preventiva por hechos más graves”, señaló el letrado.

“Hay una sensación de impunidad”

Durante todo este periodo, el silencio aturdió. El caso traspasó las barreras nacionales y hasta hubo un pronunciamiento de la ONU. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene como querellante. Pero el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá se mantiene a un costado.

Sólo una vez el gobernador habló sobre el caso y fue luego de una pregunta en una conferencia de prensa: “Ninguna de las muertes en las comisarías estuvo vinculada a la pandemia ni a las medidas tomadas (…) La chica de Santa Rosa, dramático, tremendo”.

“Las irregularidades, no son solo una cuestión propia de la familia, sino que la propia Cámara le pide una compulsa al forense y con las mismas pruebas le cambia la carátula. A nivel familia hay una sensación de impunidad, es lo que sienten”, agregó Calderón Salomón.

Celeste, la hermana de “Maga”, relató cómo transitan el día a día en medio del recuerdo doloroso y el aniversario de la muerte.

“Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero es difícil. El tema primordial es que la causa está prácticamente parada porque los abogados de quienes eran policías, presentan recursos de amparo constantes. Pasaron tres años, pero seguimos y seguiremos firmes”, precisó en declaraciones a este medio.

Contó que los pequeños se enteraron un año y medio después sobre la muerte de su madre. Hoy asisten a la escuela y muy pocas veces reciben asistencia psicológica.

“Se comprobó que la mataron. Por eso apuntamos tanto al forense que mintió y ocultó pruebas ¿Cuál fue el fin de ocultar y quitar músculos y arterias? ocultar pruebas. Pensaron que nadie iba a salir a pelear por ella, y que sería un caso más, pero no es así”, aseveró Celeste.

El nombre de Magalí Morales siempre estuvo presente en las múltiples marchas y pedidos de justicia en San Luis. Desde organismos que velan por los derechos humanos hasta organizaciones feministas trajeron nuevamente el caso sobre la mesa.

Lo cierto es que hoy la causa sigue abierta y no hay culpables juzgados. Pasaron tres años y nada se resolvió.