Docentes pidieron que el Consejo Superior de la UNSL se pronuncie sobre la realidad de las universidades nacionales

Docentes de universidades nacionales mantienen la lucha por mejoras salariales y han llevado adelante paros desde el comienzo de año. Si bien ahora las clases se están desarrollando con normalidad, ya anticiparon que el 17 de abril retomarán los paros si no tienen respuestas del Gobierno.

En este contexto, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) presentó una nota ante el Consejo Superior de la UNSL, paraque traten en sesión “la situación salarial y presupuestaria, proponiendo al cuerpo que exprese su postura en relación a esta problemática”.

Como fundamento, el secretario General Diego Costa, expuso que “las universidades nacionales vienen sufriendo una situación presupuestaria estructural, que afecta notoriamente su funcionamiento”.

“Frente a las necesidades, resulta insuficiente el presupuesto destinado al pago de servicios, infraestructura, mobiliario, instalaciones, mantenimiento y limpieza, como así también de becas, albergues y comedores, cada vez más necesarios en tiempos de crisis, al igual que para materiales de trabajo o estudio, equipamiento e insumos de laboratorio, y nombramiento de cargos (para una adecuada relación estudiantes/docentes) con sus respectivos salarios”, pormenorizó en parte del texto.

A continuación, la nota completa dirigida al secretario General de la UNSL, Raúl Gil

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar el tratamiento en la sesión del Consejo Superior de la situación salarial y presupuestaria, proponiendo al cuerpo que exprese su postura en relación a esta problemática.

Las universidades nacionales vienen sufriendo una situación presupuestaria estructural, que afecta notoriamente su funcionamiento. Frente a las necesidades, resulta insuficiente el presupuesto destinado al pago de servicios, infraestructura, mobiliario, instalaciones, mantenimiento y limpieza, como así también de becas, albergues y comedores, cada vez más necesarios en tiempos de crisis, al igual que para materiales de trabajo o estudio, equipamiento e insumos de laboratorio, y nombramiento de cargos (para una adecuada relación estudiantes/docentes) con sus respectivos salarios.

Los haberes están atrasados, desvalorizados en relación a la calificación y las tareas de enseñanza, investigación y extensión que realizamos cotidianamente en aulas, laboratorios, y en el territorio, junto a estudiantes, nodocentes y la comunidad.Todo esto, pone en jaque el presente y el futuro de la educación estatal, pública, gratuita, autónoma y cogobernada. Y con ello, se ponen en jaque las posibilidades de salir adelante como país, con un desarrollo nacional autónomo, sin dependencias que condicionen el crecimiento, con justicia social, igualdad de oportunidades, con equidad y bienestar para la comunidad.

La docencia de las universidades nacionales viene denunciando esta realidad desde hace tiempo. Ante el deterioro agravado en 2022, a fines del año pasado reclamamos a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación, una solución a esta situación para evitar que se llegue a un conflicto a principios del ciclo lectivo 2023.

Ante este pedido, la única respuesta que hubo fue la oferta que la SPU presentó y cerró, sin cambio alguno, el viernes 10 de marzo.

El cierre de la paritaria 2022 ocurrida ese 10 de marzo, confirmó la pérdida de casi un salario (el 85%) durante 2022, producto de las actualizaciones insuficientes y temporalmente atrasadas respecto a los incrementos de precios en un escenario de alta inflación que duplicó la de los años anteriores. De 12 meses en el año, en los hechos, cobramos 11 sueldos.

Como si esto fuera poco, en el mismo acto, se abrió la paritaria 2023 repitiendo el escenario que producirá la pérdida de un sueldo como en 2022, si no se corrige a tiempo: El 16% de actualización salarial de marzo 2023, que se cobra en abril, resulta insuficiente frente la inflación acumulada hasta marzo, que superará el 20%. Al mes de junio se cobrará un 30% cuando la inflación acumulada superará el 42% estimado por el Banco Central el mes pasado.

Asimismo, el nomenclador está deformado “por arriba” por el impuesto a las ganancias. Ni siquiera se ha atenuado su efecto desgravando ítems como antigüedad, título de posgrado o zona desfavorable. La IV categoría de ese impuesto se instrumentó en la década del ‘70 para evitar que el sector empresarial desvíe ganancias a través de la contratación directa de familiares, amigos o testaferros a quienes se les derivan las ganancias bajo la forma de salarios. Respecto al objetivo original del impuesto, en relación a nuestro sector, cabe señalar dos aspectos:

Por un lado, la docencia universitaria ingresa a sus puestos de trabajo por concursos abiertos de antecedentes y oposición. No hay posibilidad de contratación directa para desviar las ganancias de nadie.

Por otro lado, los haberes de la docencia se definen en paritarias con el Estado Nacional. No hay posibilidad de que el propio Estado pretenda evadirse a sí mismo.

En síntesis, los salarios del sector no pueden ser considerados ganancias en el sentido por el cual se instrumentó la IV categoría. Por lo tanto, no corresponde que el sector pague dicho impuesto.

Lógicamente todo lo anterior, afecta a la docencia jubilada que, según el caso, percibe el 82% el 85% de los haberes del personal docente en actividad. Percepción que registra hasta 3 meses de atraso por la periodicidad de las actualizaciones, y con exigencias cada vez mayores para obtener el beneficio jubilatorio.

Las direcciones de obras sociales, que forman parte de la estructura universitaria, están comprometidas. Estas direcciones se sostienen con el aporte porcentual de los ítems remunerativos del salario de su personal. Por eso, el atraso salarial ocasiona el desfinanciamiento de las prestaciones de salud, que han tenido incrementos de precios por encima del nivel general de la inflación.

Frente a toda esta realidad que cada vez se deteriora más, solicitamos a la SPU que acceda al diálogo. Pedimos  la re-apertura de la paritaria salarial para corregir el desfasaje en los haberes ante la escalada inflacionaria en curso y evitar la pérdida de un sueldo como ya ocurrió en 2022.

Luego de las medidas realizadas, que tuvieron una alta adhesión en todo el país, abrimos un compás de espera. Ahora, la respuesta la tiene el gobierno. Esperamos que priorice la educación, el desarrollo, el presente y el futuro para nuestra juventud.

Reclamamos que ninguna actualización salarial quede por debajo de la inflación, la recomposición del cargo inicial y el respeto del nomenclador, la exención del impuesto a las ganancias sobre los salarios, el respeto del 82 % y 85% móvil en las jubilaciones y un programa de regularización para docentes ad honorem y contratados.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente a la espera de una pronta y favorable respuesta.