Ricardo Bazla frente al intento de destitución: “Nada ni nadie podrá detenernos en la función de controlar al Ejecutivo Municipal”
El vocal del Tribunal de Contralor Municipal se refirió al proceso de juicio político en su contra que busca retomar el intendente de Villa Mercedes.
Ricardo Bazla aseguró que Maximiliano Frontera instruyó a sus concejales para que se reanude el juicio político en su contra y destituirlo del cargo de auditor. Así lo transmitió en un video que difundió por las redes sociales.
Expuso que “indudablemente el intendente Frontera no es una persona apegada a la transparencia, a la publicidad de los actos de gobierno y pretende callarnos con esta decisión”.
El auditor que no le deja pasar una a Frontera ha promovido varias investigaciones en el municipio. En las últimas horas lo denunció penalmente en la Justicia por administración fraudulenta: no justificó gastos por más de $6 millones. Este año también advirtió la falta de funcionamiento de la plata de tratamientos cloacales que están contaminando el Río Quinto.
Consideró que la autoridad máxima de la cuidad quiere que “no lo controlemos, que no realicemos las denuncias penales que ya hemos realizado y que están en curso en los tribunales de Villa Mercedes”.
“Nada ni nadie podrá detenernos en la función para la que fuimos elegidos en las elecciones del 2019. Nuestra obligación es controlar al Ejecutivo Municipal. Es brindar transparencia a la ciudanía de Villa Mercedes sobre el manejo de los dineros públicos. Y no parece ser esa la intención del intendente Frontera”, expuso.
Los puntos por los cuales promovieron el juicio político a Bazla tienen que ver todos con sus actos de control permanente alrededor de la Municipalidad. Uno de ellos es su participación en el Gabinete de Seguimiento y Control Fiscal, que integraron varios concejales de la oposición impulsado por Claudio Poggi. Aunque también fue parte la presidenta, Silvia Palacios, a él se le cuestiona que “se apartó” de su función dentro del TC.
También es señalado por el cuestionamiento que hizo a la falta de personería jurídica del Sindicato Municipal. De hecho uno de los firmantes del pedido a juicio es el secretario general de ese gremio, José Mercau.
“Las decisiones no han sido mías, sino institucionales. Y la denuncia por los $6 millones se da a partir de una resolución del órgano. Hace dos años y medio que no brindan una respuesta satisfactoria, que no se cumple con lo que ordena la Carta Orgánica Municipal, no con lo que se nos ocurre a nosotros”, explicó en diálogo con El Chorrillero.
“Les molesta que los investiguemos. Conozco de la arbitrariedad con la que manejan los dineros públicos, y como estamos en contra de eso, es que ellos se ponen nerviosos y reaccionan de esta manera. Es una persecución política. Tratan de destituirnos para manejarse con impunidad, y no lo van a lograr. A mí no me van a frenar con una amenaza de juicio”, agregó.