"Suposiciones" y "sin prueba directa", las razones de las tres absoluciones en el "Robo del Milenio"

El juez que absolvió a un exsubcomisario, a otro policía y a un encargado de edificio por el denominado "Robo del Milenio" al Banco Macro de Congreso, en el que hace 13 años una banda de boqueteros jamás identificada saqueó 99 cajas de seguridad y se llevó entre 25 y 30 millones de dólares, consideró que la acusación se basaba en "simples suposiciones" y que no había prueba directa contra ninguno de los tres imputados.

"Considero que no se ha probado en la presente causa la responsabilidad penal que les han atribuido los acusadores a los imputados Marcelo Aristóbulo Amarilla, Omar Jacabo Mikic y Rolando Pedro Quiroga Pardo con la certeza que un temperamento condenatorio requiere", señala el juez Carlos Rengel Mirat en los fundamentos del fallo de 290 páginas al que accedió Télam.

El pasado 21 de abril, el magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 26 absolvió al exsubcomisario que en ese momento era el segundo jefe de la por entonces Comisaría 5º de la Policía Federal (PFA) en Congreso, al cabo que cumplía la función de ser su chofer y al portero del edificio del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene por donde entraron los ladrones; y ahora se difundieron los fundamentos.

El juicio se había iniciado el 17 de febrero pasado, y en sus alegatos la fiscalía había pedido para Amarilla y Mikic una condena de ocho años de cárcel y para el portero uruguayo Quiroga Pardo, seis años, mientras que la querella del Banco Macro había solicitado una pena de cuatro años para los dos expolicías y de tres años en suspenso para el encargado.

"Los pedidos de condena que efectuaron los acusadores al momento de sus alegatos se sustentaron en afirmaciones genéricas y no en pruebas directas que hayan vinculado a los imputados con el hecho ilícito cometido", dice el juez.

En lo que es una crítica que incluye a los funcionarios judiciales que instruyeron la causa -la fiscal Viviana Fein y el juez Mauricio Zamudio -ambos ya jubilados- el juez Rengel Mirat afirma que "no ha existido en toda la causa ninguna prueba directa que permita determinar que los imputados hayan prestado alguna especie de colaboración en el robo, ya sea facilitando el ingreso a los autores materiales al Instituto Argentino de Seguridad e Higiene -Quiroga Pardo- o liberando la zona del hecho para evitar la intervención de personal policial -Amarilla y Mikic-".

"El pedido de condena de los acusadores se ha basado en simples suposiciones o presunciones que no están fundadas en hechos objetivos sino que se trataron de criterios subjetivos de esa parte y tienen su basamento en meras opiniones", agregó.

Rengel Mirat afirma que "no se trataron de presunciones objetivas que pudieran arrojar certezas" y concluye que para Amarilla, Mikic y Quiroga Pardo "corresponderá disponer sus absoluciones por beneficio de la duda".

"Se cuenta con prueba escasa y confusa respecto de la participación de los imputados que no permite sustentar un resultado condenatorio, más allá de toda duda razonable", remarca el juez quien reitera que "debe primar el principio ‘in dubio pro reo'".

A su vez, recuerda que "en todos los casos debe primar también el principio de inocencia y la correspondiente obligación de que la carga de la prueba de toda imputación recaiga en los acusadores y no en los imputados".

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la fiscal de juicio, Diana Goral, y la auxiliar fiscal Marina Narváez, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal en el debate, ya trabajan en la apelación a este fallo absolutorio.

La acusación de la fiscalía

La hipótesis que intentó probar la fiscalía en el debate es que los policías Amarilla y Mikic "liberaron la zona" y le dieron cobertura a la banda desde el exterior, a partir de la prueba clave de la causa, que eran los videos de cámaras de seguridad que los filmaron durante la madrugada del robo y la mañana y la tarde siguientes en un garaje situado en la calle Sarmiento y Riobamba.

Sobre ello, el juez afirmó: "El contenido de esas filmaciones no hace más que confirmar algo que los propios imputados reconocieron desde el inicio del proceso y es que el día del robo a la entidad bancaria, durante solo una parte del desarrollo del suceso, se encontraban en las adyacencias del lugar, lo cual no alcanza para tener por acreditada su participación criminal en el mismo".

En el caso del portero Quiroga Pardo, se le imputó haber "facilitado el acceso" de la banda al edificio donde trabajaba para que hagan el boquete y luego fingir que había sido tomado como rehén junto a su hijo -que también estuvo imputado en la causa pero luego quedó sobreseído- y a un joven en situación de calle al que los ladrones, cuando huyeron, le arrojaron un fajo con unos 5.000 dólares que quedaron tirados en una escalera.

"Solo surge su presencia en el edificio por donde se ingresó a la sucursal bancaria ‘Macro’ al momento del hecho, pero de ninguna manera un involucramiento en el plan delictivo y mucho menos su cooperación en el mismo a través de la facilitación del ingreso de los autores materiales del robo", opinó el juez sobre la situación del encargado.

Este caso tuvo en 2010 su repercusión porque, emulando a los autores del denominado "Robo del Siglo" al Banco Río de Acassuso ocurrido en 2006, en este hecho los ladrones también dejaron escrita una frase burlona para los investigadores en la que se jactaban de haber superado aquel atraco bancario: "No será el del siglo, pero es el del milenium" (sic).

El robo del milenio

Según el requerimiento de elevación a juicio, el hecho se inició cerca de las 22 del sábado 6 de marzo de 2010 en la sucursal del Banco Macro de la avenida Callao 264, a poco más de dos cuadras del Congreso de la Nación, y terminó a las 7.17 del domingo 7, cuando se activó la alarma.

Unas 256 cajas de seguridad fueron violentadas, pero solo 99 cofres fueron saqueados por los delincuentes, que se apoderaron de dinero en efectivo, joyas, lingotes de oro, documentos y otros valores.

Teniendo en cuenta no solo el efectivo, sino también el valor de las joyas y otros objetos, el botín fue calculado por la Justicia en entre 25 y 30 millones de dólares, de los cuales nunca se recuperó nada. (Télam)