La dura evaluación de Fopea sobre San Luis: alertó sobre “el manejo discrecional de la pauta” por parte del Gobierno y la “labor jaqueada”

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) trazó un crudo análisis del actual escenario de la libertad de expresión en San Luis en su informe de 2022. La organización difundió el monitoreo que realizaron profesionales de todo el país sobre las agresiones al periodismo y cómo se encuentra la labor en el territorio nacional.

A nivel país alertó por el aumento de ataques del narcotráfico a periodistas y medios de comunicación y en el caso de la San Luis señaló el manejo discrecional del Gobierno de la pauta y la discriminación que reciben aquellos que critican la gestión.

El informe sobre la provincia estuvo a cargo del periodista y monitor del Foro, Óscar Flores. Desde el inicio manifestó que tanto el periodismo de San Luis como el de la región, “debe despegarse de su dependencia económica y de la agenda de los gobiernos de turno”.

El reparto de los créditos blandos y subsidios por parte de la administración de Alberto Rodríguez Saá en pleno año electoral fue traído a colación por Fopea: “La ayuda se parece mucho más a una dádiva con fines proselitistas”.

“Es oportuno señalar que la crisis de los medios es anterior a la pandemia y generada por diversos factores. Se profundizó después de la pandemia, es cierto, y provocó incluso el cierre de empresas periodísticas, pero mientras eso ocurría, el Gobierno se mantenía indiferente a esa crisis y no demostró interés alguno en ayudar a los privados”, consideró.

Respecto al manejo de la publicidad oficial que hace el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Fopea fue muy claro. No sólo se considera al reparto discrecional, sino que es utilizada como un concepto de premios y castigos.

El informe consigna que fue monopolizada la agenda informativa lo que generó “una dependencia casi total de los medios hacia el Gobierno”.

“Aquel periodista o medio que ‘saca los pies del plato’ y cumple con su función de fiscalizar al poder o, aún más, esboza críticas a la gestión pública, es discriminado no sólo de las pautas publicitarias, sino en el acceso a conferencias de prensa y anuncios oficiales”, precisaron.

Así, destacaron que en el interior provincial donde la fuerza de trabajo privado es casi nula, el panorama se agudiza y la dependencia del dinero estatal es mayor.

“En ese contexto, las normas éticas de nuestra profesión merecen un debate no solo frente al público, sino ante nuestra propia conciencia como periodistas”, reflexionó Flores.

Por otra parte, ahondan acerca de las condiciones laborales y los altos niveles de precarización en la actividad puntana ya que “deben agregar a su labor periodística la búsqueda de auspiciantes para completar un salario mensual o, directamente, generar el total de sus ingresos”.

Las agresiones a periodistas

Fopea señaló que durante el año pasado se registraron 88 ataques al periodismo y la libertad de expresión en la Argentina, de los cuales dos pertenecen a San Luis.

Uno de los episodios puntanos a los que se refieren lo vivió el periodista El Chorrillero, Néstor Miranda cuando fue agredido por el actual ministro de Seguridad, Claudio Latini cuando cumplía su función como subjefe de la Policía.

Sucedió el 18 de julio y Miranda fue increpado por Latini a los gritos en la Jefatura policial mientras hacía una cobertura. Le dijo que “esta era su casa” y que si no se retiraba lo “iba a hacer detener””.

En ese momento Fopea repudió el hecho y se solidarizó con el cronista. Reclamó por “más respeto y tolerancia a las autoridades públicas hacia el trabajo de la prensa, única manera posible de que pueda cumplirse el derecho de cualquier comunidad a estar informada de los hechos de interés público”.

La otra denuncia fue realizada por la periodista Vanesa Escudero de Villa Mercedes. En aquella oportunidad, el 8 de agosto relató que desde la secretaría de Comunicaciones le avisaron por teléfono que a partir del 1 de agosto no recibiría más la pauta oficial en su radio, aduciendo cuestiones de reestructuración.

En paralelo, Escudero señaló que desde la Jefatura del Noticiero de Canal 13, donde trabajaba desde hace 13 años, le indicaron también telefónicamente que no enviara más material de la corresponsalía de Villa Mercedes, sin brindarle mayores precisiones sobre los motivos.

“Fopea se solidariza con Escudero e insiste en que los medios estatales deben ser públicos y no estar a merced de la discrecionalidad de un gobernante de turno, para evitar eventuales casos de persecución laboral o discriminación”, dijo en ese momento la entidad.

“El Periodismo bajo acecho del crimen organizado”

El Foro alertó sobre un aumento en la peligrosidad de los ataques a la prensa, especialmente por el avance del narcotráfico en la ciudad santafesina de Rosario.

Planteó que “frente al aumento de la violencia narco, se necesita un Estado capaz de brindar seguridad a los periodistas y garantizar la libertad de expresión”.

El año pasado “cerró con una nueva alarma concreta, real y palpable para los periodistas: la amenaza del crimen organizado. Rosario se ha convertido en la puerta de entrada para que los narcos, sus modos y sus recursos avancen contra los medios y los periodistas. La situación es grave y puede serlo aún más con un Estado ausente, pasivo e incapaz de garantizar la seguridad y la protección de los periodistas”, dijo Fernando Stanich, director del Programa de Libertad de Expresión de Fopea.

Por ejemplo, las instalaciones de Televisión Litoral fueron blanco de dos balaceras, que no produjeron víctimas fatales. Y en el predio de Telefe Rosario apareció un cartel mafioso intimidatorio en octubre pasado.

"Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode", avisaron con la misma consigna que pusieron en diversos ataques narcos en la región.