Se complica la situación judicial de Toti Videla y podría ir preso
Si la Justicia Federal lo encuentra culpable de los delitos denunciados, le podría caber una pena de cumplimiento efectivo. En febrero el abogado Rafael Berruezo había promovido una investigación penal.
La resolución judicial que le inhabilitó para ser candidato a intendente de la ciudad de San Luis, no significa para Jorge “Toti” Videla que se haya cerrado un capítulo de su vida política que le trajo más dolores de cabeza que satisfacciones.
El fallo del Tribunal Electoral Provincial que bajó la postulación a intendente de la capital porque no reúne el requisito de residencia consagrado en el artículo 267 inciso 3 de la Constitución provincial agravaría la situación del actual intendente de Juana Koslay en la Justicia Federal.
Rafael Berruezo. (Foto gentileza)
El fiscal Federal Cristian Rachid tiene bajo su jurisdicción la investigación del delito de falsedad de domicilio, que sería en infracción a la Ley Electoral. En la misma causa, se ha solicitado a la Justicia Electoral que remita la declaración jurada presentada por Videla, donde manifiesta que tiene más de tres años de residencia en la ciudad de San Luis.
Este requisito era necesario para poder estar habilitado para disputar el cargo de intendente de la ciudad de San Luis. La declaración jurada es un instrumento público, con lo cual, Videla habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, esto es, insertar un dato falso en un instrumento público que tiene una pena máxima de 6 años de prisión.
Si la Justicia Federal lo encontrara culpable de los dos delitos denunciados, le podría caber una pena de cumplimiento efectivo, significando que sería recluido en el Servicio Penitenciario provincial.
Toti Videla y Alberto Rodríguez Saá.
Se había lanzado a la carrera electoral en la capital a instancias del actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá que habilitó a varios dirigentes oficialistas a postularse para potenciar las chances de reelección de Sergio Tamayo, que es el candidato de Terrazas del Portezuelo.
El abogado y vecino de Juana Koslay, Rafael Berruezo en febrero promovió una investigación penal a Videla por la posible constitución de “domicilio falso”. En ese momento se conoció que había comunicado a la Justicia que tenía como residencia Ituzaingó N° 1061 en la capital, propiedad donde funcionara una peluquería.
“Vemos que esta intentona de violar la Constitución provincial a Videla le podría significar terminar condenado con prisión efectiva, con más una posible condena si se demostrara que malversó fondos de la municipalidad de Juana Koslay, para la incipiente campaña electoral. Delito que prevé también una pena máxima de 6 años”, consideró Berruezo en declaraciones a El Chorrillero.