El Ente Deporte gastó 356 mil dólares en asesoramiento y control de la construcción de dos canchas de fútbol

La puesta en marcha de dos canchas de fútbol 11 de césped sintético forman parte del listado de prioridades de la gestión de Alberto Rodríguez Saá que convocó a la firma Sporthub SA para el asesoramiento, provisión de materiales y control de construcción en “canchas propiedad del Gobierno provincial”.

Al ritmo que avanza la campaña electoral y se acelera la cuenta regresiva hacia el 10 de diciembre, el Gobierno abre la billetera para proyectos y planes que despiertan polémica por el trámite sumarísimo para aprobarlos y pagarlos, y porque se hacen en un momento de crisis social con demandas que no encuentran respuestas de Terrazas del Portezuelo.

El secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo y la secretaria de Deportes, Cintia Ramirez en su condición de presidenta del Ente Deporte, firmaron el convenio con Daniel José Fernández en representación de Sporthub SA.

Está fechado el 24 de abril y estipula que el vínculo finalizará el 2 de junio. De todos modos, el contrato dice que entra en vigencia a partir del 18 de abril. Las actuaciones administrativas para hacer frente al compromiso se hicieron con celeridad y en menos de tres días estuvieron en condiciones de hacer la erogación. Toda esta información se desprende de la documentación oficial que forma parte del expediente al que tuvo acceso El Chorrillero.

El Gobierno pagó 355.680 dólares equivalentes $87.141.600 de acuerdo a la cotización del dólar oficial en el Banco Nación. El 60% se canceló de manera anticipada, otro 20% previo a la entrega de materiales y el 20% restante al terminar.

El acuerdo se hizo a través del Ente Deporte, un organismo desconcentrado al que se le delegaron competencias para resolver y canalizar distintos tipos de actos que en muchos casos implican pagos (fue creado en abril de 2022 y cuenta con una super estructura de funcionarios).

La elección del oferente fue justificada con el argumento de que es “la única empresa que puede realizar el servicio en el plazo requerido dado que numerosos eventos deportivos y partidos de importancia serán desarrollados en el corto plazo en dichos predios, no existiendo sustitutos convenientes para tal fin”.

Sporthub SA con domicilio en Concordia N° 3726 Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio continuidad jurídica a consultora Red SA.

Según el contrato, sus servicios no incluyeron “obras civiles, fletes de insumos ni de equipos, viáticos ni alojamiento del personal”. Tampoco corrieron por su cuenta la logística de manipuleo de césped, arena y estructuras, seguridad ni electricidad en obra. Todo quedó a cargo del comitente, es decir el Gobierno.

En este trámite se volvió apelar a una modalidad cada vez más recurrente en la actual administración que es imponer la confidencialidad. En la cláusula 19 se dejó establecido ese carácter para “toda la información sobre la celebración o ejecución y términos” del contrato.

El antecedente de confidencialidad para el manejo de dinero fue el convenio firmado el 29 de septiembre último entre la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, que entonces dirigía la actual ministra nacional, Ayelén Mazzina y la gerente de la Sapem Consultoría y Servicios, Gabriela Gaspari. En ese caso fueron $350 millones destinados a gastos del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Pocos días antes del evento se filtraron los documentos que vinieron a confirmar que el Gobierno estaba a cargo de la organización, algo que oficialmente se negaba.