Mónica Becerra reclamó al Gobierno que termine las obras en el Colegio Nacional “Juan Esteban Pedernera”
Fue a través de un proyecto que presentó en la Cámara de Diputados la legisladora del departamento Pedernera. Y está fundamentado en las dificultades que presenta el edificio alquilado donde tienen clases.
La tormenta del 26 de enero terminó de dañar el Colegio Nacional Nº 2 “Juan Esteban Pedernera”, que estaba en refacciones desde el año pasado. La obra a fines de 2022 no tenía el avance esperado, por eso las condiciones climáticas dejaron en ruinas a la institución. Como consecuencia los alumnos comenzaron el ciclo lectivo en diferentes espacios escolares.
Esa situación no solo provocó que el alumnado tuviera que deambular por toda la ciudad para poder estudiar, sino también que muchos grados se vieron obligados a volver a la virtualidad.
Por iniciativa de los padres, en abril resolvieron alquilar las instalaciones de España 74 (donde en su momento funcionaba la UNViMe). El pago mensual lo asumió la Municipalidad, por eso el día de la inauguración, el 17 de abril, el intendente Maximiliano Frontera encabezó un acto.
En los últimos días la diputada de Unidos por San Luis Mónica Becerra presentó en la Cámara un proyecto de declaración para que el Gobierno agilice y termine de una vez las obras del Colegio ubicado en Avenida Mitre Nº 873, y que también arbitre las medidas necesarias para poner en condiciones las aulas de España 74.
Becerra, que es represente del Departamento Pedernera, expuso que se ha tomado conocimiento a través de los padres del alumnado que “estas instalaciones no se encontrarían en condiciones adecuadas”, ya que “no cuenta con salidas de emergencia, que los alumnos están hacinados en aulas sin buena ventilación, sin baños en condiciones, tapados y sin puertas”. Y que además “a menudo aparecen tarántulas y murciélagos, y no tienen patio para su esparcimiento”. Tampoco hay un lugar destinado para la biblioteca.
Así está el Colegio Nacional de Villa Mercedes. (Foto Denise Vargas)
Tuvo en cuenta que para que el aprendizaje pueda garantizarse “debe brindarse a los alumnos las condiciones adecuadas para desarrollar clases seguras, y esto implica necesariamente edificios con instalaciones y equipamiento que respondan a normas de seguridad y salubridad”.
En la iniciativa marca la “gran preocupación” de la comunidad educativa. “El retardo en el comienzo de clases, los remedios provisorios que no reúnen las condiciones adecuadas para garantizar la presencialidad en forma segura afectan el derecho a la educación”, detalló.
También aseguró que esta situación “se ha vuelto una falta grave y repetitiva por parte de las autoridades competentes ya que situaciones similares ocurrieron el año pasado”, las cuales también fueron motivo de la presentación de otros informes.
Expuso que ya pasaron tres meses desde el inicio del alquiler, que las instalaciones están en refacción hace más de un año y que todavía las refacciones no se concluyen. “En la ley de presupuesto 2023 se ha asignado el monto de $55 millones en concepto de refacción sin que a la fecha se brinde una solución adecuada”, expuso.
Esta semana algunos docentes contaron esta situación a los medios de comunicación, y pidieron que se tomen medidas.