San Luis entre las provincias que más juicios laborales tiene: cuántos son y cómo aumentaron en el último tiempo

Uno de los recurrentes debates que se introduce en la agenda política económica argentina es la llamada “industria” de los juicios laborales en el que figuras y expertos lo traen a colación para explicar uno de los aspectos intrínsecos de la productividad.

En San Luis, a lo largo de los últimos años, se presentó una constante: el crecimiento de este tipo de litigios. Es que, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el 2022 se registraron 1814 juicios iniciados.

Esto ubicó a la provincia en la 7ma posición en el “ranking” nacional y es superada por jurisdicciones con mayor peso, tanto en lo económico como en lo poblacional: Buenos Aires (36.655), la Ciudad de Buenos Aires (19.362), Mendoza (9592), Córdoba (8782), Santa Fe (8301) y Neuquén (2095).

Ahora, hay que señalar que el informe del organismo del ministerio de Trabajo de la Nación, contabiliza los siniestros y los juicios notificados a las ARTs, es decir, que sólo se toma en cuenta a los trabajadores formales. Es por ello que se omite del análisis a los informales que deciden avanzar con su causa en la Justicia.

A la hora de discriminar los casos, hay que subrayar que la industria es la actividad que encabeza la lista en San Luis con 596 juicios, es decir, un cuarto del total.

Quien le sigue es la administración pública y seguridad social con 548; y completa el podio el comercio y reparación de vehículos con 156. La construcción presentó 118, el sector agropecuario-ganadero 97 y los servicios de transporte y almacenamiento 66.

Dicho esto ¿cuáles son las principales razones que explican los juicios? Según el estudio, 1087 se deben a accidentes de trabajo, 291 por accidentes itienere (ocurrido durante el desplazamiento desde el domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversa), 435 por enfermedad profesional y uno por enfermedad fuera de listado.

Hace tres años la cifra se ubicaba en 640 con casi los mismos rubros en la cabeza del ranking: industria con 277, administración pública, defensa y seguridad social con 159 y la construcción con 60.

Todo lo mencionado significó un aumento del 183,4% en la comparación con el mismo dato pero del 2016 cuando se registraron un total de 640 juicios dentro del territorio puntano.

Las cifras volcadas por la SRT muestran cómo escalaron año tras año:

|2016 | 640.

|2017 | 795.

|2018 | 1130.

|2019 | 1488.

|2020 | 1351.

|2021 | 1839.

|2022 | 1814.

Sucede lo contrario a nivel nacional que el número descendió en un 28,3%. En 2016 fueron 120.316, mientras que el año pasado fue de 93.766.

El debate sobre los juicios laborales se posiciona como clave dentro del mundo empresarial y político. Incluso en el Congreso de la Nación las diferentes comisiones abordan el tema.

Por ejemplo, los diputados de la Comisión de Comercio recibieron en febrero de este año a representantes de diferentes entidades, a fin de abordar la problemática, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las Pymes.

Juan Ángel Ciolli, representante Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), advirtió que “es un tema que tenemos que abordar en conjunto con los trabajadores porque afecta a pymes y a la organización de trabajadores. Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9 trabajadores, un juicio puede provocar el cierre de una empresa”.

En este sentido también se sumó en aquella oportunidad el asesor del departamento de legales de la CAME, Juan Pablo Diab, que explicó lo “grave de la problemática de la litigiosidad laboral”.

“El 95% de los juicios laborales están referenciados en tres leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve estas normas que la historia ha demostrado que no funcionó. Para empresas es un incordio en gastos judiciales”, sostuvo.

Y desde el interior, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Julián Moreno, consideró que “tiene que quedar claro que los derechos de los trabajadores no tienen nada que ver con los problemas de las pymes”.

“En los casos de crisis las multas deberían reducirse para que no sea un juicio laboral lo que destruya una unidad productiva”, manifestó.