Diputados reclamaron al Gobierno que informe la ejecución del gasto de los primeros seis meses del año y la situación del Tesoro
La presentación de Unidos por San Luis se encuadra en la Ley Permanente de Presupuesto que establece la obligación del Poder Ejecutivo de informar semestralmente las inversiones, recursos y endeudamiento, entre otras cosas.
Conocidos los números en rojo de la Cuenta de Inversión de 2022 que confirman el déficit crónico que exhibe el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, la diputada Mónica Becerra del bloque Unidos por San Luis formalizó la presentación de un pedido de informe sobre el estado de la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos y la situación del Tesoro provincial.
Tanto el gobernador electo, Claudio Poggi como los legisladores están atentos a cada uno de los movimientos de la actual administración y en particular al manejo de los fondos que se está haciendo, sobre todo después de la derrota electoral del 11 de junio del oficialismo.
En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, tomó estado legislativo y pasó a la comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía el requerimiento por el cual se busca que Terrazas del Portezuelo informe que está haciendo con los recursos.
Entre los fundamentos que esbozaron los legisladores de Unidos por San Luis, remarcaron la importancia de la publicidad de los actos consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
El accionar de la administración de Rodríguez Saá ha generado sospechas sobre el estado en que recibirá Poggi la Provincia el 10 de diciembre. Las alertas se encendieron al conocerse que se está designando funcionarios políticos como empleados estatales y se está dando lugar a obras en forma inconsulta.
Los legisladores del bloque que se referencia en el futuro gobernador pidieron al ministerio de Hacienda cuatro puntos que buscan sean respondidos en un plazo de diez días.
Ellos son:
1.- La ejecución presupuestaria de recursos de la administración central y la ejecución presupuestaria de recursos de la administración descentralizada al 30 de junio.
2) La ejecución presupuestaria de gastos de la administración central y la ejecución presupuestaria de gastos de la administración descentralizada al 30/06/2023.
En ambos casos la información deberá contener el detalle requerido en el artículo 5 de la Ley Nº VIII-0252-2004 Permanente de Presupuesto y exponerse de manera mensual y acumulada.
Qué dice la ley en el citado artículo:
“Será obligación del Poder Ejecutivo la publicación demuestra de la ejecución presupuestaria con detalle de gastos, recursos, déficit y endeudamiento desagregada. Dicha publicación deberá contener además las leyes, decretos y resoluciones modificatorias complementarias de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública provincial”.
3.-La evaluación y análisis previsto en el artículo 42 de la Ley Nº VIII-0256-2004 de Contabilidad, Administración y Control Público.
El artículo de referencia establece:
“El Programa de Presupuesto Público y Control Financiero evaluará la ejecución presupuestaria en forma periódica, durante el ejercicio y al cierre del mismo; en sus aspectos físicos y financieros, efectuando un análisis de los resultados obtenidos. En tal sentido analizará las variaciones producidas con relación a lo programado, determinará sus causas y efectuará las recomendaciones que estime conveniente”.
4) Detalle de la situación y composición del Tesoro al 30/06/2023.
“Los funcionarios que tienen a cargo de la administración de los fondos públicos tienen la obligación de rendir cuentas y dar a conocer sus actos, lo que se efectiviza con la publicidad de éstos, con un criterio amplio y de máxima difusión”, puntualizó Becerra.
En declaraciones a El Chorrillero, la legisladora subrayó la necesidad que en esta coyuntura el Gobierno rinda cuentas.
Explicó que uno de los disparadores que motivó la presentación fue el resultado de la Cuenta de Inversión del 2022 que recientemente ingresó a la Cámara Baja.
“Nos encontramos con todo tipo de sorpresas. Un Presupuesto que estaba subvaluado por todos lados. Era de $121 mil millones y tenemos una Cuenta de Inversión de $220 mil millones. Un déficit que se transformó en crónico”, puntualizó.
También hizo hincapié en el control de las modificaciones presupuestarias que de forma permanente lleva adelante el Gobierno: “No son publicadas, no se da publicidad, no podemos seguir la ‘película’ de ejecución del gasto. Y cuando ingresa las Cuenta de Inversión tenemos que estar deduciendo a dónde fueron a parar las partidas”.
En este sentido alertó sobre la situación del Tesoro, sobre todo a lo largo de los meses electorales y el último tiempo.
Mónica Becerra.
“Nos encontramos con un montón de gastos y de utilización de los recursos del Estado de manera indiscriminada. Pongo de ejemplo la Feria Industrial de Villa Mercedes con la cantidad de artistas que hubo y que no conocemos la inversión. Realmente preocupan las finanzas, preocupa por sobre todas las cosas el estado de las reservas”, agregó.
La presentación está fundada en la Constitución, legislación que rige la gestión de los fondos y lo que dicen organismos internacionales que pregonan por la transparencia. Incluso mencionaron que San Luis ocupa el último lugar del ranking delineado por el Cippec.
“Resulta indiscutido la relevancia y alcance de la publicidad de los actos de gobierno, y la obligación de todo funcionario de explicar sobre el manejo de los negocios públicos, especialmente aquellos que versan sobre el uso de los fondos estatales como prevé el art. 9 de nuestra Constitución”, aseguró.
De esta manera consideraron que el ocultamiento de información o entorpecer la difusión, “redundaría en una lisa y llana violación a los preceptos constitucionales e internacionales”.
“Un Gobierno que no informa o no quiere informar sobre la marcha del manejo de los fondos públicos tiende un manto de sospecha sobre la regularidad y honestidad de su gestión”, consideró Becerra.
En tanto que Becerra trazó un diagnóstico del desempeño de la administración de Rodríguez Saá en los últimos años.
“El déficit es crónico, nadie lo puede negar, solamente ellos lo pueden negar (por el Gobierno). Lo cubren con recursos extraordinarios tal como la venta de bonos. Si las reservas se hubieran utilizado de una manera responsable podríamos decir ‘bueno se han solucionado los índices, hay mayor calidad de vida en el ciudadano, estamos mejor’. Pero la verdad es que esos indicadores son deplorables, la situación que hoy viven los sanluiseños es realmente compleja en cuanto a la falta de trabajo, la inseguridad, salud, todo”, finalizó.