Tercer día de acampe en el bosque Vulpiani: ahora la Fiscalía pidió que el juez ordene el desalojo
María del Valle Durán argumentó que cuentan con el derecho a manifestarse, pero sin vulnerar derechos de terceros. Hoy la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani formalizó una presentación para que se detengan las obras.
En la noche de este miércoles, comienza el tercer día de acampe de vecinos y ambientalistas en contra del Parque Acueducto Vulpiani. Durante la jornada, los autoconvocados ratificaron el reclamo y por la tarde la fiscal de Instrucción N°4, María del Valle Durán pidió el desalojo del lugar.
En la mañana, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani había presentado una denuncia para frenar las obras. La presentación judicial surgió luego de otra denuncia que hizo el gerente de la empresa Serving, Sergio Finelli.
El abogado que representa a los manifestantes, Gustavo Quiroga planteó que si bien la empresa cuenta con la aprobación del Gobierno provincial para llevar adelante las tareas, esto “es de naturaleza precaria y podrá ser revocada en cualquier momento ante el incumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental”.
También tuvo en cuenta que la constructora inició las obras en mayo sin contar con la documentación legal correspondiente.
En la denuncia, expusieron que los vecinos y ambientalistas están “ejerciendo su derecho de reunión, protesta y petición de un derecho de pertenencia colectiva y de titularidad de las futuras generaciones (el ambiente). Mientras que el denunciante –Finelli- pretende ejercer un derecho de carácter individual solo en beneficio de la empresa“.
De la misma manera, hicieron responsable a Duran “y a los efectivos policiales intervinientes o comisionados responsables por la integridad física, personal y de los bienes, de todos los asambleístas presentes en el lugar”. Esto debido a que ayer la fiscal los intimó a abandonar el lugar.
El pedido de desalojo
En la tarde de este miércoles, Durán transmitió a El Chorrillero que solicitó al juez Marcos Flores Leyes “el desalojo de los manifestantes que se niegan a dejar de obstruir la entrada y salida de vehículos, maquinarias y personas al predio donde se está haciendo la obra”.
Aclaró que esto es “sin dejar de reconocer la garantías que todo ciudadano tiene de manifestarse pacíficamente, pero sin vulnerar con ello derechos de terceros”.
“Sin perjuicio de que el reclamo pueda o no ser legítimo y fundado, no es lo que estamos tratando en esta causa. Desde la fiscalía nos circunscribimos a que se permita el libre tránsito y derecho de trabajadores”, explicó.
En la misma línea, dijo que la Asamblea Ciudadana “tendrá que presentar los reclamos o recursos pertinentes ante las autoridades que correspondan si sus fundamentos son atendibles”.
Un reclamo que no cesa
Una de las autoconvocadas, María José Escudero aseguró esta mañana que no están “impidiendo el paso vehicular” y aclaró: “Nunca cortamos la calle, somos una manifestación pacífica, no está en nuestros planes hacerlo, pero si queremos parar el avance de las máquinas”.
En declaraciones a El Chorrillero, la joven explicó que ante la intimación del martes recurrieron a Quiroga para ratificar el derecho de los ciudadanos al reclamo.
“Hoy a la mañana quisieron avanzar con las máquinas, pero estamos haciendo guardias todo el tiempo. Necesitamos que el gobernador Alberto Rodríguez Saá reconsidere la obra y que considere la propuesta ciudadana”, pidió.
“Pedimos que consideren nuestra propuesta de hacer senderos, áreas de uso diurno que podamos disfrutarlo, que se llame a activar el turismo en este lugar, pero no de la forma que ellos quieren”, agregó.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis adhirió al reclamo y hoy una comitiva acudió al acampe.
“Nos presentamos con muchos colegas participando de la asamblea para proteger el lugar además de ser vecina, es un sitio donde asisto y que valoramos. El bosque en el verano es maravilloso y sería un horror que lo convirtamos en cemento, estamos convencidos de que esta obra no debe hacerse”, expresó la decana Viviana Reta.
La representante del centro de estudiantes, Sofía Tulco expuso que “es de suma importancia la lucha contra el desmonte” y por eso se organizaron pacíficamente. “Si pretenden hacer dicha obra que la hagan en otro lugar porque esto es un espacio que brinda bienestar”, planteó.
“No se ha presentado ninguna autoridad y eso es lo que estamos pidiendo, queremos que vengan las personas que tomaron la decisión de hacer la obra acá y queremos saber por qué no consultaron con la población. Que el Gobierno tome las decisiones que tenga que tomar a favor de esto y no en contra”, señaló.
Una declaración en Diputados
Este miércoles, ingresó a la Cámara Baja un proyecto de declaración presentado por Luis Lucero Guillet y Víctor Sosa para expresar preocupación y repudio por la situación.
Desde el oficialismo se opusieron a tratarlo sobre tablas y pasó a la comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía.