En allanamientos en San Luis y otras cinco provincias rescataron a 403 víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral

Como resultado de los operativos de una investigación del fiscal Federal, Cristian Rachid, la Gendarmería y la Policía Federal secuestraron dispositivos de almacenamiento de información, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

El juez Federal, Juan Esteban Maqueda dispuso la prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados, a siete ciudadanos, según se informó desde Argentina.gob.ar

Efectivos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires y de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Sur, Campo de Mayo, Rosario, Santa Fe, Paraná, Mendoza, Córdoba y Río Cuarto, dieron cumplimiento a 32 órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal de San Luis, con la intervención de la fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), vinculadas a la granja de rehabilitación de adicciones Remar.

En San Luis efectivos de la Policía Federal llevaron adelante un operativo en siete domicilios de la capital puntana y El Suyuque. En las casas funcionan sedes de la organización no gubernamental que se ocupa de personas con problemas de adicciones y que tiene otros tipos de problemas.

Tras el registro de los domicilios ocurrido ayer en San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba se realizó el rescate de 403 presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, siendo hombres y mujeres adultos, como así también menores de edad.

Asimismo, el personal de las fuerzas de seguridad decomisó dispositivos de almacenamiento de información, teléfonos celulares, 1.919.520 pesos argentinos, 9.140 dólares estadounidenses, notebooks y documentación pertinente para la causa.

Por disposición del magistrado interviniente, las víctimas quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que siete ciudadanos involucrados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados.