En los 38 allanamientos detectaron “masiva explotación laboral”: hay siete imputados y ningún detenido

Luego de una investigación realizada por el fiscal Federal en San Luis, Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de Protex, se detectaron indicios de que en Remar había “situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales”.

El martes se realizaron 38 allanamientos en simultáneo en San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y provincia y Ciudad de Buenos Aires. Fueron dispuestos por el juzgado Federal de San Luis a cargo de Juan Maqueda.

En los procedimientos, intervinieron Gendarmería Nacional, áreas especializadas de la Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, según informaron desde el Gobierno de la Nación.

“De los allanamientos y relevamientos que se realizaron durante toda la jornada se verificaron múltiples y diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de Remar”, consignaron.

A las víctimas “les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado”.

De la investigación y los operativos surgieron 14 conclusiones:

1. En aquellos domicilios donde se hallaron personas acogidas, se verificaron indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, etc.
2. En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban.
3. En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
4. Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
5. Las principales actividades económicas de la organización que se pudieron conocer están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción, tareas domésticas.
6. En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad trasladados sin autorización de sus padres.
7. En todos los casos las personas entrevistadas manifestaron realizar tareas para la organización sin paga alguna.
8. En varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas.
9. En todos los casos manifestaron no recibir salario, ni retribución dineraria alguna por las tareas encomendadas.
10. En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales.
11. En algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social –Ley 25.855-. Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
12. En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron no recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
13. En varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
14. Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual este Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.

Desde Nación señalaron que “en virtud de la todo lo descubierto durante el allanamiento” por sugerencia del Comité y pedido expreso de Rachid y Portex, Maqueda “dispuso la intervención de las sedes allanadas, designando a veedores de los gobiernos provinciales respectivos y con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación”.

También, por disposición del juez, “las víctimas que deseaban retirarse quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las que por diferentes motivos no podían retornar a sus hogares, bajo la supervisión de los veedores, mientras que siete ciudadanos imputados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados”.

Desde la Justicia Federal en San Luis transmitieron que aún no hay detenidos por la complejidad de la causa y el análisis que deben llevar adelante.