Casi imposible: un alquiler en San Luis se puede llevar hasta el 72% de un salario

Por estos días el debate acerca de la Ley de Alquileres es una incógnita en el Congreso de la Nación. Una norma que en los papeles no cumplió con las exceptivas y que deja a la deriva, no sólo a los inquilinos que deben pagar cifras descontextualizadas, sino también a los propietarios que no tienen en claro cómo calcular los aumentos ni cómo fijar los plazos de contrato.

Es en este marco de incertidumbre en el que navegan miles de familias que se ven obligadas a destinar una gran parte de sus salarios cada mes para continuar en su condición de inquilinos.

Con la escalada inflacionaria y con el dólar transitando una nueva corrida cambiaria, los bolsillos se resienten cada día un poco más y la capacidad de afrontar el pago de los inmuebles se torna casi imposible.

Si bien los valores de los alquileres dependen de las zonas y de las condiciones, un relevamiento realizado por El Chorrillero por las principales inmobiliarias de la capital refleja que un departamento promedio de dos habitaciones llega a los $85 mil dentro de las cuatro avenidas de la capital.

Claro está que la oferta alcanza diferentes precios, sectores y pretensiones. Una casa en un barrio en las periferias de la ciudad no costará lo mismo que una ubicada en el centro.

Dicho esto, al tomar datos publicados por el ministerio de Economía de la Nación, hay una conclusión: que un trabajador privado de San Luis con un sueldo de $242.769 debe destinar un 35,01% para el pago del alquiler.

Este ingreso mencionado es un cálculo que se produce entre el sector que más gana con el que menos lo hace. De más está decir que los valores de los inmuebles no afectan de la misma manera a todos.

Por ejemplo, el rubro privado que más trabajadores contiene es la industria (18.834) y presenta un sueldo de $325.336, lo que significa que un 26,13% es destinado a la mensualidad.

El otro es el comercio (10.083) que presenta un salario más bajo que el anterior caso. Con $191.618 deja en la mensualidad un 44,36%.

Aquellos que se dedican a actividades administrativas (4523 trabajadores) deben desembolsar un 50,29% de sus ingresos ($169.014) para afrontar dicho alquiler.

Quienes presentan una dificultad aún mayor son los empleados vinculados al alojamiento y la gastronomía ($118.570) ya que el alquiler le consume un 71,69% del salario.

En el caso de contemplar otros sectores como el de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social o el de trabajadores en las menores escalas salariales del Estado, directamente no alcanzan a afrontar el alquiler mencionado con lo que perciben.

Párrafo aparte son las subas anuales que ya superaron hace mucho los tres dígitos. En el caso de agosto, la cifra del aumento comunicado será del 109,3%. Traducido, aquel que poseía un alquiler de $85 mil pasará a pagarlo en $178 mil.

El debate de la ley

Tras idas y vueltas y un largo proceso, la oposición encabezada por Juntos por el Cambio logró hace unas semanas convocar a una sesión especial el 23 de agosto (luego de las elecciones PASO) para debatir los diferentes proyectos que modifican la actual Ley de Alquileres.

Tanto el bloque que responde al Gobierno nacional como la oposición ya tienen iniciativas con dictamen desde mediados del año pasado. Sin embargo, la dificultad para alcanzar el número mínimo de voluntades terminó demorando el debate en el recinto.

La reforma ya se discutió en comisión el año pasado y de allí surgieron dos dictámenes con estado parlamentario. Es decir, están listos para ser debatidos. No obstante, el dictamen de mayoría que logró imponer el Frente de Todos no modifica los dos puntos más cuestionados de la ley: la actualización anual de los montos y el plazo de tres años de los contratos.

Por su parte, Juntos por el Cambio y otros bloques llegaron a un consenso para sacar un dictamen de minoría que vuelve a los contratos de dos años y permite la actualización por un mínimo de tres meses (luego se llegó a un acuerdo para que sea cada 6 meses).

Lo cierto es que la expectativa frente al actual escenario es alta y la resolución que tenga la conflictiva norma es esperada por miles de inquilinos.