Desde la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes rechazaron el pedido de aumento de la luz

Soy comerciante y presido la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes de la Provincia de San Luis. Represento al sector del comercio minorista, el último eslabón de la cadena de distribución. Esta esfera se caracteriza principalmente por la presencia de pequeños comercios de origen familiar, atendidos por sus propietarios y con un reducido número de empleados.

Antes de abordar el tema central de esta audiencia pública, es relevante contextualizar la difícil situación por la que atraviesa este sector, que junto con las micropymes, los autónomos y los emprendedores, el comercio minorista fue uno de los más afectados durante la pandemia. Durante meses, muchos de estos establecimientos se vieron obligados a cerrar y, aún tras la flexibilización de las restricciones, una gran cantidad de ellos no lograron subsistir.

En ese sentido, importante destacar que el comercio cumplió estrictamente todas las medidas y protocolos sanitarios impuestos por el comité de crisis de la provincia, a pesar de las pérdidas económicas irreparables que eso conllevaba.

También es relevante mencionar que este sector en particular no ha recibido asistencia gubernamental para superar la mencionada crisis. Su supervivencia se ha debido únicamente a la eficiente administración de sus propietarios, quienes han implementado medidas de austeridad, búsqueda constante de reducción de costos y aumento de la productividad.

Es necesario destacar que el comercio ya atravesaba dificultades antes de la pandemia debido a los problemas económicos a nivel nacional y provincial, los cuales tuvieron un impacto negativo en la actividad comercial. En resumen, el comercio ya presentaba un escenario desfavorable y la pandemia exacerbó esta situación, dejándolo casi sin capacidad de reacción.

Una vez superada la pandemia, durante la llamada pospandemia, el Gobierno provincial anunció una reactivación económica para los sectores más afectados, que incluía líneas de crédito y financiamiento. Sin embargo, estas medidas no llegaron al sector comercial, al menos no en la forma necesaria. Además, es importante mencionar que, durante la pandemia, cuando era posible "trabajar” se hizo bajo un alto régimen de protocolos y medidas sanitarias tomadas en la provincia que por cierto algunas de ellas no estaban dirigidas a controlar la circulación, sino que claramente afectaban el consumo y la actividad comercial. En ese escenario se impusieron multas exorbitantes e inapelables por incumplimientos relacionados por ejemplo con la circulación según el número de DNI o faltante de lavandina en el trapo de piso, etc.

Esto significa que el sector no solo no recibió ayuda, sino que también tuvo que afrontar el pago de multas adicionales.

Además de todo lo mencionado anteriormente, durante la pandemia se acumularon deudas de alquiler, servicios, proveedores y salarios. Los comerciantes tuvieron que asumir todas estas obligaciones sin recibir ayuda del Estado, descapitalizándose y vendiendo equipamiento y bienes de capital para poder saldarlas. En otros casos, tuvieron que recurrir a créditos con tasas impagables. En resumen, el comercio enfrentó esta crisis por sí mismo, sin asistencia externa y asumiendo todas las deudas generadas.

Ahora bien, en cualquier otro lugar del mundo, superar esta situación habría sido probablemente más sencillo. En Argentina, el segundo país con mayor inflación en la región, la pérdida de poder adquisitivo de las familias debido al fenómeno antes mencionado ha empeorado progresivamente no solo la situación de nuestros clientes sino la del comercio de San Luis. Esto se refleja en una disminución de las ventas, como lo indica el Índice de Ventas Minoristas, que muestra claramente que el sector comercial ha experimentado retracciones en las ventas en forma sostenida durante el primer semestre de este año.

Las consecuencias de la inflación son graves, principalmente desde un punto de vista económico y especialmente para las personas de menores recursos. No obstante, sus efectos no se limitan únicamente al ámbito económico, sino que son transversales a la cotidianeidad de las personas afectando a la psicología de los ciudadanos. Esto se traduce en la reducción de ciertas actividades y en un descenso en la calidad de vida.

En este contexto, es preocupante observar que uno de los sectores que ha experimentado un crecimiento en su actividad económica según informes y relevamientos es el rubro farmacias. Desde un punto de vista económico, esto puede parecer positivo, pero a nivel social es un indicador preocupante, ya que implica que la sociedad está enfrentando mayores problemas de salud. Hemos realizado consultas sobre los medicamentos más vendidos y entre ellos se encuentran los ansiolíticos, las pastillas para dormir y los medicamentos para el estrés. Esto demuestra claramente que la inflación y los problemas económicos están afectando la calidad de vida de las personas.

Todo lo mencionado anteriormente solo representa una parte de las dificultades que enfrenta la actividad comercial. Además de la inflación, existe una carga impositiva elevada, aumentos en las tarifas municipales y provinciales, incrementos incontrolables en los alquileres y negociaciones salariales. Estos factores son determinantes para el sector y están impulsando cada vez más el cierre definitivo de los comercios o su informalidad.

Toda actividad económica persigue la obtención de una utilidad y, para ello, se deben establecer los costos, los cuales se reflejan en una estructura de costos que incluye costos fijos y variables. Los costos fijos se mantienen constantes ante cambios en la producción de bienes y servicios y pueden ser suministros, gastos de administración, pago de servicios, entre otros. Estos costos fijos pueden ser discrecionales o comprometidos. Los costos discrecionales pueden reducirse sin que la producción de la empresa se vea afectada, como por ejemplo el alquiler de una oficina o los gastos de publicidad. Los costos comprometidos, por otro lado, no pueden modificarse sin que la producción se vea afectada, como los salarios de los empleados o los impuestos.

En este punto, es importante destacar que ya hemos reducido al máximo todos los costos discrecionales y, en un alto porcentaje de comercios y pymes, también hemos disminuido costos comprometidos, como el costo de la mano de obra. Esto ha generado desempleo y es una situación preocupante.

En situaciones normales, los comerciantes cubren sus costos y obtienen una rentabilidad mínima del 10% al 15%, alcanzando un máximo del 25% al 30% en algunos rubros. Actualmente, los porcentajes de utilidad obtenidos por el sector comercial son inferiores al mínimo o muy cercanos a esos valores. Incluso hay casos en los que no hay ganancia ni pérdida, es decir, los comercios se mantienen en el punto de equilibrio. Podría surgir la pregunta de por qué continúan con la actividad si no obtienen ganancias. La respuesta es sencilla: siguen adelante porque no desean despedir a sus empleados, porque hay familias que dependen de esos comercios, porque son el resultado de muchos años de esfuerzo y, sobre todo, porque creen que las cosas pueden cambiar y que, si todos contribuimos, podemos lograrlo.

Desde el sector deseamos dejar en claro que seguiremos esforzándonos y apostando por esta provincia. Mantenemos la esperanza generada por este cambio de gobierno. Sin embargo, también queremos comunicarles que no tenemos margen para más aumentos ni ajustes. Ya hemos optimizado nuestros costos al máximo y hemos reducido o incluso eliminado nuestros márgenes de rentabilidad. El próximo paso será el cese de actividades.

Puntualizando en el tema que nos convoca y habiendo descripto la situación del sector, es insoslayable mencionar que vuestra empresa tampoco prestó ningún tipo de apoyo al sector en cuanto a eliminación de intereses o exinaniciones del pago a quienes no podían trabajar, muy por el contario se aplicaron intereses exorbitantes que se tuvieron que cancelar a los efectos de evitar el corte del servicio. Esta situación fue planteada oportunamente desde nuestra Asociación de Comerciantes ante vuestras autoridades cuya respuesta fue que EDESAL necesitaba cobrar esos intereses generados en las facturas de los usuarios registrados para poder cubrir otros déficits producto de una mala administración o falta de control de las conexiones clandestinas.

Por otra parte, desde el año pasado varios municipios de nuestra provincia han adherido al cobro de las tasas municipales junto con las facturas del servicio eléctrico, servicio que le genera a Edesal un ingreso adicional, engrosando aún más su rentabilidad, que de por si ya es la más elevada respecto de otras empresas de otras provincias. Es mas no solo que este servicio les genera un ingreso extra, sino que tenemos información de que hay municipios molestos porque reciben las recaudaciones de las tasas con una demora de entre 90 y 120 días, lo que les hace pensar que retienen esos fondos para utilizarlos.

En la actualidad los costos de energía eléctrica para los pequeños comerciantes representan uno de los costos de mayor implicancia, aun por encima de las cargas sociales de los empleados, por encima de las tributaciones nacionales y provinciales y en algunos casos hasta supera el costo del alquiler del local comercial.

Señor presidente, tomando como base la legislación vigente cuyo espíritu es proteger a la parte más débil de la relación de consumo, con su consiguiente contrato comercial, entre las cuales podemos citar a la ley 24240 de defensa al consumidor, donde claramente establece quien en este caso lo seria la parte vulnerable, y la ley de abastecimiento, máxime la constitución con supremacía a las antes mencionadas, que en su artículo 42 determina que los consumidores tienen “derecho a una información adecuada y veraz y al control de los monopolios a los efectos de que se asegure la calidad y eficiencia de los servicios públicos”,  queremos dejar constancia de que claramente en este caso se incumple y se atenta contra una protección constitucional de los consumidores.

Por todo ello, y haciendo ejercicio del derecho establecido por la base legislativa mencionada supra es que señor presidente le comunico, siendo este el mandato de mis representados, que nos oponemos rotundamente e informamos que no asumiremos ningún tipo de aumento, no vamos a financiar los problemas de su empresa. Es tiempo y es oportuno que la empresa revise su administración, rentabilidad y gestión, creemos totalmente injustificado un ajuste en el cuadro tarifario e instamos al organismo contralor a su cargo, a que tome intervención en esta situación, de lugar a nuestro reclamo e intime a la empresa prestadora del servicio a publicar en forma clara, eficaz y verídica, tal como se establece en el capítulo 2 art 4º de la ley 2420 “información para el usuario” no solo la justificación de este pedido de aumento sino también presente en forma clara y veraz la información de rentabilidad que tiene, teniendo en cuenta que es una empresa monopólica, subsidiada y prestadora de servicios públicos. Este es un dato de no menor ya que deja al consumidor si la posibilidad de “libertad de elección”, derecho también establecido en la ley.

En ese sentido es oportuno mencionar que esta empresa no debe analizase desde el punto de vista comercial como cualquier otro comercio o industria, ya que tiene la obligación de prestar un servicio público de primera necesidad para nuestro sector y para la sociedad en general.

Además, solicitamos se haga público el plan de inversión que va a realizar la empresa a los efectos de, primero saber cómo y cuando va a regularizar el incumpliendo de las normativas municipales vigentes, y en  segundo lugar, y no por ello de menor relevancia, cual es el plan estratégico para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio que presta a los usuarios que abonamos regularmente y que financiamos a un gran número de conexiones clandestinas, y en ese sentido también, solicitamos  se nos informe cual es el plan de acción que tiene la empresa para mitigar esas irregularidades que impactan directamente en los usuarios registrados.

Para finalizar mi exposición señor presidente  quiero en nombre de mis representados y de todo el universo del sector productivo, comercial y de servicios dejar claro que en vistas de que esta audiencia no es vinculante, vamos a realizar todas las acciones y utilizar todos los recursos legales que correspondan para frenar este aumento que atenta contra la subsistencia del sector productivo y de servicios y en ese sentido les solicitamos que analicen su continuidad, si no les dan los resultados esperados y no pueden prestar el servicio, o pretender invertir a costas de los usuarios y obtener una utilidad muy superior a lo que la legislación establece para este tipo de empresas, como se dice comúnmente en el ambiente comercial, si no les dan los números cierren y dejen el lugar a otra empresa que si lo pueda hacer, y no nos sigan perjudicando.