Avanza la causa de una trabajadora de Inclusión Social que denunció al ministro Anzulovich por enriquecimiento ilícito
La mujer ratificó la presentación para que se lo investigue por un delito que prevé una condena de hasta seis años de prisión.
En el retorno de la actividad judicial, Alicia Toribio fue citada a ratificar su denuncia contra el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito.
Se trata de una trabajadora de Inclusión Social que en junio había hecho la presentación en la Unidad de Abordaje Fiscal a partir de publicaciones de los portales El Chorrillero y El Puntano, donde daban cuenta de los gastos millonarios del ministro.
Así, Toribio se basó en los gastos millonarios del funcionario como una moto valuada en $22 millones y la construcción de una vivienda en un barrio privado.
A eso sumó, otras unidades que forman parte de la colección de vehículos de Anzulovich como una Jeep Renegade Longitude 1.8 Automático Modelo 2019 valuado en $15 millones; una Jeep Compass todo terreno modelo 2008 de $4.00.000; una Bronco Sport Wildtrak 2.0 todo terreno modelo 2021 de $23.000.000.
“Sale a la luz que nuestro jefe si se quiere, lleva una vida de millonario, siendo una burla para todos los del Plan que pasamos muchas necesidades”, había cuestionado en ese momento la trabajadora.
Los bienes del funcionario de Alberto Rodríguez Saá habían salido a la luz en plena campaña de su esposa y senadora Nacional, Eugenia Catalfamo.
El abogado que la representa, Rafael Berruezo estimó que ahora la Justicia tomará algunas medidas y una vez que se designe al fiscal de Instrucción, tendrá que llevar adelante la investigación.
Berruezo apuntó a que en la causa, el ministro deberá concurrir a la Justicia a “explicar y a justificar su patrimonio, porque tiene la obligación de demostrar”.
“Por lo pronto lo importante es que ya se ratificó la denuncia y sigue adelante la causa”, consideró.
Respecto a las pruebas que ofrecerán, tuvo en cuenta las que “están relacionadas a informar a los registros de la propiedad, tanto inmuebles como automotor, para que informen los bienes que están a nombre de él, de su esposa y de algún familiar directo, porque en estos casos siempre la investigación va por esos lados”.
“Sobre todo, él tiene que venir a demostrar. Primero como funcionario público, tiene la obligación, lo que se llama la vindicación, de presentarse para que lo investiguen, que no lo han hecho. Y por otro lado, tratándose del enriquecimiento ilícito, tienen la obligación de venir a demostrar la licitud de los bienes”, enfatizó.