Alberto Rodríguez Saá quiere designar a Enrique Ponce como defensor del Pueblo
La decisión de proponerlo ahora es considerada como una maniobra más del “Gobierno paralelo” que quiere montar el actual mandatario antes de dejar el poder dentro de pocos meses.
Alberto Rodríguez Saá es el gobernador que sacó de hecho del sistema institucional a la Defensoría del Pueblo. Durante su primer mandato el organismo quedó vacante y desde entonces sus diputados y senadores que son mayoría no volvieron impulsar la cobertura del cargo.
Ahora a cuatro meses de dejar el poder, propone la designación de Enrique Ponce que viene de perder las elecciones en la ciudad de San Luis como candidato del armado oficialista para favorecer la fallida reelección de Sergio Tamayo.
Ponce quedó envuelto en plena campaña en un escándalo al tomar estado público que había sido contratado como asesor de la Gobernación con un sueldo de casi $800 mil.
Su nominación para la defensoría del Pueblo es valorada como una maniobra más de Rodríguez Saá de montar un “Gobierno paralelo” para obstaculizar la futura gestión de Claudio Poggi.
El gobernador electo y Cambia San Luis vienen denunciando que Rodríguez Saá está creando un “estado paralelo” opositor creando estructuras donde se pretende nombrar a actuales funcionarios, asesores y seguidores del actual mandatario.
Si bien la postulación fue realizada por legisladores oficialistas y la designación es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, el nombre fue sugerido por Rodríguez Saá.
A lo largo de estos casi 20 años, en varios momentos se solicitó que se cumpliera con la Constitución. El último requerimiento fue en agosto de 2021 por parte de Eduardo Mones Ruiz y Luis “Tochi” Moreno quienes se dirigieron al Senado. Un año antes lo había hecho el abogado y dirigente Francisco Guiñazú.
El artículo 235 de la Carta Magna introdujo la figura del defensor dentro de la jurisdicción de la Legislatura.
El objetivo es “proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones”.
En la marcha que se realizará este lunes en la ciudad de San Luis también se repudiará la pretensión de nombrarlo a Ponce.