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Pasó a cuarto intermedio la audiencia que define el desalojo de los ambientalistas en el Acueducto Vulpiani

La Justicia resolverá en las próximas horas si hace lugar o no a la medida que pidió la fiscal María del Valle Durán.

Carteles en el Superior Tribunal de Justicia.

por Nestor Miranda

elchorrillero.com

Actualizada: 07/08/2023 13:47

Este lunes a la mañana, pasó a cuarto intermedio la audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Impugnaciones para tratar el pedido de desalojo de los ambientalistas y vecinos que acampan en el Acueducto Vulpiani.

El abogado que representa a los asambleístas, Gustavo Quiroga, aseguró que en las próximas horas la Justicia podría emitir una resolución sobre el tema.

“Hablaron todas las partes. La fiscal (María del Valle) Durán insistió con el desalojo, luego fiscalía de Estado manifestó que no tenemos derecho de estar en ese lugar ni de hacer este reclamo porque se trata de un terreno que es de propiedad del Gobierno provincial, pero la realidad es que todos somos dueños de esto y tenemos la obligación de defender y proteger ese espacio”, sostuvo.

En la audiencia, Quiroga dijo que por la lucha que llevan adelante los ambientalistas “hay una posibilidad muy seria y fuerte de generar una nueva institucionalidad ambiental en la provincia”.

Semanas atrás, la fiscal de Instrucción pidió el desalojo, pero el juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, no hizo lugar a la medida. La funcionaria apeló esa decisión y llegó al Tribunal de Impugnaciones.

En principio, la Justicia no aceptó que tanto asambleístas como el abogado participaran de la audiencia porque no hay acusados ni detenidos. Por eso, presentaron un “recurso de reconsideración”, el cual le permitió al letrado estar presente como “defensor del ambiente”.

Quiroga contó que hace algunas semanas iniciaron un proceso judicial en el fuero civil, pero no tienen novedades: “Pedimos una gran cantidad de medidas y no resolvieron ninguna”.

Desde hace poco más de un mes que persisten con el acampe los asambleístas y continuarán con la medida hasta que el Gobierno cese definitivamente la obra. Es que el gobernador Alberto Rodríguez Saá quiere crear un paseo comercial con una inversión de más de $1820 millones. Sin embargo, eso implicaría el desmonte de bosque nativo y por eso se oponen.

Uno de los ambientalistas, Nahuel Arias, explicó a El Chorrillero que hasta el momento ninguna autoridad se acercó a dialogar: “Siguen ejerciendo la misma actitud desde Terrazas del Portezuelo de no querer brindar información. Además, la Policía sigue hostigándonos, pero continuaremos en alerta, defendiendo el lugar y lo vamos a seguir haciendo”.

Hace algunas semanas, presentaron un proyecto de creación de una reserva municipal al intendente de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla. Tenía 10 días para contestar pero hasta el momento no les dio una respuesta.

Luis, otro de los ambientalistas, indicó: “Dicen que el acampe es un delito, pero lo están cometiendo ellos desde el 2 de mayo que trataron de entrar con las máquinas de manera ilegal y sin el estudio de impacto ambiental”.

Y agregó: “Estar en el lugar es lo único que hace que no comience la obra, de lo contrario ya estarían talando el bosque de 12 hectáreas que se encuentra detrás del Acueducto”.

“Queremos que esa área sea una reserva, no necesitamos un shopping. Vamos a defender el bosque en esta situación de crisis ambiental porque es un lugar verde, de descanso y disfrute para los vecinos”, cerró.

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