En un trámite que duró 13 minutos, los senadores de Alberto Rodríguez Saá aprobaron las Cuentas de Inversión con un déficit de $7100 millones

Durante la sesión de este martes en un trámite que insumió un poco más de 13 minutos, los senadores del partido del gobernador Alberto Rodríguez Saá aprobaron las Cuentas de Inversión 2022.

Se sancionó por mayoría (6 a 2) porque el bloque de la oposición integrado por Adolfo Castro Luna (Pedernera) y Sergio Guardia (Junín) se opuso porque nuevamente el balance fue negativo. A favor votaron la bancada Unión por la Patria, María Angélica Torrontegui (Pueyrredón), Diego García (Ayacucho), Juan Carlos García (Belgrano), Mariana Cruz (San Martín) y Daniel Camilli (Pringles). A ellos se sumó Marcelo Debandi (Chacabuco) que recientemente se separó y formó un bloque propio (Doctrina Peronista).

La crítica principal se centró en que las finanzas arrojan como resultado un déficit de $7.172 millones. Esto se registró también en los tres años anteriores: en 2019 por $5400 millones; 2020 por $4173 millones; y en 2021 por $9117 millones.

A pesar de esto, la administración actual nunca fue austera en el gasto público. Por ejemplo, el mandatario puntano utilizó $338.295.430 el año pasado en gastos reservados cuando estaban proyectados $1.400.000. Además, se destinaron $2.041.681.938 para atender la pauta oficial y la comunicación institucional.

En su alocución, Castro Luna indicó que los últimos cuatro años de gestión de Rodríguez Saá arrojaron balances negativos porque “se vienen utilizando fondos que no son ordinarios para cubrir gastos corrientes y se suma la suspensión transitoria de la ley del 50 y 50. Esto es directamente descapitalizar a la provincia y estamos en un círculo vicioso donde dejamos a San Luis de rodillas”.

El legislador puntualizó que en el Presupuesto 2022 se proyectó que el 18% del gasto iba para obra pública. Sin embargo, sólo se efectuó el 11% y “si tenemos en cuenta lo que aportó Nación vemos que hay solamente un siete por ciento que representan recursos provinciales”.

“Si esto se hubiera utilizado para mejorar los indicadores provinciales en materia de atención a las situaciones de emergencia para que estuvieran por encima de los promedios nacionales, quizás podríamos hablar en otros términos”, planteó.

Trazó una comparación sobre cómo aumentó la pobreza en el Gobierno del actual gobernador con la Nación. Por ejemplo, en 2013 era del 1,4% en San Luis y el promedio en el país del 4,7%, mientras que en la actualidad es del 45,2% y 39,9% respectivamente.

El encargado de defender los gastos que realizó el Gobierno durante el año pasado fue Daniel Camilli (Pringles). Fue muy breve en su exposición y se limitó a leer algunos datos de las Cuentas.

Por ejemplo, mencionó que hubo “un superávit de $4.459.098.999 millones. A su vez, la recaudación total representó $224.136.264.034 de los cuales el 95,65% fueron recursos propios y 4,35% nacionales”.

“Una vez más la Provincia tiene la independencia económica y financiera ya que no posee deuda con organismos nacionales ni internacionales”, aseguró.

Al final, pidió el acompañamiento de la ley basándose en que el Tribunal de Cuentas “ha concluido que los gastos del Gobierno correspondientes al año pasado cumplen con los requisitos del artículo 51 de la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público”.