El Gobierno admitió que cometió una ilegalidad al hacer firmar los contratos de Inclusión Social
Fue a través del ministro de Seguridad, Claudio Latini, quien reconoció a los trabajadores que la rúbrica se produjo violando la ley de Presupuesto vigente.
La manifestación de trabajadores de Seguridad Comunitaria que se llevó adelante este viernes en Terrazas del Portezuelo sacó a la luz un acto ilegal del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá para ganar las elecciones del 11 de junio.
Casi tres meses después, el ministro de Seguridad, Claudio Latini admitió que firmaron contratos a los beneficiarios cuando la ley no lo permitía. Días antes de los comicios les prometieron para asegurarse el voto de los beneficiarios, el pase a la administración pública provincial, pero lo hicieron violando el Presupuesto 2023.
Eloy Horcajo, ministro de Hacienda Pública.
El artículo 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, año 2023”, fija la cantidad de trabajadores estatales e instaura que “el Poder Ejecutivo provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos”.
Claudio Latini, ministro de Seguridad.
Recién el 25 de julio, es decir, un mes y medio después de firmar los contratos, Rodríguez Saá envió a la Legislatura un proyecto para modificar la norma y poder sumar personal.
Nicolás Anzulovich, ministro de Desarrollo Social.
El reclamo de los beneficiarios sociales surgió porque aún no cobran como empleados públicos, cuando les habían asegurado que sería a fines de agosto.
En la protesta del viernes, Latini salió a explicar la situación y reconoció que Rodríguez Saá avanzó con el trámite de contratación de los trabajadores sin contar con un marco legal para hacerlo.
Cristian Niño, ministro de Salud.
“Como el Ejecutivo por supuesto queremos que estén con nosotros, que tengan un sueldo digno como cualquier empleado público. Hay una ley que tiene un tope y no permite más de esa cantidad de empleados públicos. Se está modificando la ley de Presupuesto para que ustedes puedan ingresar a la administración pública”, fue el argumento que dio el funcionario de Rodríguez Saá.
Eugenia Cantaloube, ministra de Educación.
Y agregó: “Hasta tanto los senadores no traten la ley, no podemos decir ‘si ya están, ya son empleados públicos’”.
El ministro habló en medio del enojo y la impotencia los trabajadores que esta vez salieron a la calle a pesar de las amenazas de represalias de los funcionarios.
Luis Macagno, ministro de Turismo.
Expresaron su malestar porque no era lo que les prometieron en actos que convocó el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Nicolás Anzulovich.
Pocos días antes de las elecciones los habían citado en clubes para comunicarles la contratación. Sin embargo, los trabajadores no podían ingresar con celulares, para no grabar las promesas que les hacían.
Ahora el Gobierno deja la responsabilidad en los legisladores para que aprueben el proyecto. Les transfiere la presión para remediar la irregularidad.
Rodríguez Saá se comprometió a mejorar las condiciones sabiendo que no tenía disponibilidad legal para contratar personal y hoy los trabajadores siguen sin certezas sobre su futuro en medio de una crisis económica que los asfixia.