Senadores oficialistas facultaron a Rodríguez Saá a nombrar empleo público sin límites

Durante la sesión de este martes, senadores oficialistas autorizaron al gobernador Alberto Rodríguez Saá a que, antes de finalizar su mandato, pueda nombrar empleo público sin límites.

Es que le dieron media sanción a la modificación del artículo 11 del Presupuesto 2023 que establece el número de cargos en la administración pública. La votación terminó 6 a 3.

El Gobierno mandó este proyecto a la Legislatura después que los ministros hicieran firmar a beneficiarios de Inclusión Social contratos para pasar a la administración pública. Fue una maniobra ilegal de los funcionarios para que los trabajadores votaran a la fórmula Jorge Fernández-Eugenia Catalfamo en las elecciones del 11 de junio.

Hoy llegaron al recinto dos despachos de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía: uno firmado por el presidente de la comisión, el albertista Héctor Camilli que no sabía el costo fiscal de la designación de más personal y el segundo emitido por Sergio Guardia (Unidos por San Luis) y Marcelo Debandi.

El primero, que se terminó sancionando, quedó redactado de la siguiente manera: Establecer el número de cargos de la administración central y organismos descentralizados en 33.757, de horas cátedra en 70.596 y del Poder Judicial en 1431. El Poder Ejecutivo provincial podrá aumentar el número total ante los establecidos y deberá priorizar la designación de aquellas personas beneficiarias del plan de inclusión social que se encuentren cumpliendo funciones en establecimientos públicos y que reúnan el perfil de la función requerida. El aumento sólo podrá realizarse consecuente con los recursos presupuestarios correspondientes, asimismo podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos. Toda reestructuración que disponga el Ejecutivo, deberá ser comunicado dentro de los 30 días de producida a la Legislatura para su conocimiento.

No le impone límites a Alberto Rodríguez Saá.

El que formuló la oposición decía: establecer el número de cargos de la administración central y organismos descentralizados en 33.757, de horas cátedra en 70.596 y del Poder Judicial en 1431. El Poder Ejecutivo podrá aumentar el número total antes establecidos siempre que cuente con el recurso presupuestario correspondiente; asimismo podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos. En ningún caso el número resultantes luego de los aumentos aquí autorizados podrá superar aquellos establecidos en el anexo IX “Planta de Personal Administración Central y Organismos Descentralizados” del Proyecto de Presupuesto para el 2024. Todo aumento o reestructuración que disponga el Poder Ejecutivo en este sentido deberá ser comunicada dentro de los 30 días de producida, a la Legislatura, para su conocimiento.

Es decir, propusieron un tope.

En su alocución, Guardia hizo dos reflexiones: en primer lugar dijo lugar que la cantidad de nombramientos que mencionaron "resulta suficiente para hacer frente a la extensión y ampliación que ha experimentado en los últimos años el sector público en materia de servicios como en el exponencial crecimiento de su red de infraestructura".

En segundo lugar mencionó que es importante "un equilibrio entre recursos y gastos y así una previsión de partidas en personal que cubra única y exclusivamente esa cifra. Es decir, en el caso de que el Gobierno quisiera contratar mayor cantidad de nombramientos a las previstas en el proyecto de presupuesto para el año venidero claramente no tendrá los fondos para hacer frente a dicha erogación".

Camilli, fue el encargado de defender la postura del bloque oficialista y fundamentó la necesidad de aumentar la planta por "el crecimiento demográfico y económico, el desarrollo de la infraestructura, y la ampliación en materia de servicios públicos que se brinda a la población”.

También dijo que en la modificación “se hace especial mención a que se debe priorizar la incorporación de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social”. Después en declaraciones a los medios dijo que son entre 6700 y 8 mil personas.

Si bien Camilli aseguró que el límite de la ampliación del número de cargos es lo establecido en el Presupuesto 2024, la realidad es que eso no figura en la parte resolutiva.

La semana pasada los senadores oficialistas retiraron de la sesión el dictamen porque “no había consenso en el propio bloque”.

Hoy le dieron luz verde.

Desde el inicio de la sesión, hubo gente en las gradas de la Cámara que abuchearon y silbaron a los legisladores opositores cuando hablaban. En el grupo había simpatizantes del oficialismo que fueron autorizados por la autoridades del cuerpo a entrar.

Fuera de la Legislatura, se concentraron decenas de trabajadores del Plan que pedían por el contrato.

Por su parte, el senador Adolfo Castro Luna  afirmó que el despacho de Unidos por San Luis “no se opone al nombramiento ni a la ampliación de la participación de más agentes del Estado dada la necesidad (por los beneficiarios), lo que si pone un límite que está firmado por el actual Poder Ejecutivo en cuanto a la ejecución del próximo presupuesto”.

“El Gobierno actual tiene todas las posibilidades de modificar estos números y de hacer lo que sea necesario y lo que planteamos es transparentar estos nombramientos”, planteó.

Debandi, del bloque unipersonal Doctrina Peronista, se dirigió a quienes estaban en la gradas: “Realmente estamos en una situación re difícil porque la gente del Plan no se merece esto. Me entero que les hicieron firmar contrato cuando se violaba la ley, no correspondía. Tendrán que dar sus razones (por los funcionarios) en la Justicia. Esto es pan para hoy y no sé después. Tenemos que ser responsables. Muchas vicisitudes están pasando y las soluciones hay que darles de fondo, un parche no soluciona el problema. Hace muchos años que seguimos pasando la misma situación”.