GRAVEDAD INSTITUCIONAL
La irresponsabilidad fiscal, la inconstitucionalidad de la ley y el encubrimiento delictivo de la modificación del Presupuesto, hicieron caer la sesión
El oficialismo no logró quórum por la ausencia de varios de sus propios diputados. Iban a impulsar el tratamiento del proyecto que autoriza a Alberto Rodríguez Saá a crear cargos públicos sin límite. Los legisladores que aprueben la ley tachada de inconstitucional están expuestos a ser denunciados penalmente.
El bloque de Unión por la Patria intentó tratar hoy sobre tablas la modificación del artículo 11 del Presupuesto 2023 que faculta al gobernador Alberto Rodríguez Saá a nombrar empleo público con absoluta discrecionalidad. La oposición señaló que el Gobierno con la excusa de incorporar beneficiarios del Plan de Inclusión a la administración pública, nombrará más empleados en el Estado ya que el proyecto otorga amplias facultades al gobernador porque no establece un cupo.
Desde el oficialismo cargaron contra la oposición, pero la realidad es que el bloque de Rodríguez Saá tiene quórum propio. De los 25 que suma hubo 19 presentes y se necesitan 23 para alcanzar el número mágico para sesionar. Seis faltaron.
Desde Unidos por San Luis advirtieron sobre la gravedad institucional, la irresponsabilidad fiscal, la inconstitucionalidad de la ley y el encubrimiento delictivo que implica la modificación del Presupuesto como pretende el actual gobernador.
Ya fueron denunciados penalmente siete ministros por hacer firmar contratos a los trabajadores de Plan por actuar por fuera del marco jurídico. No contaban con la previsión presupuestaria.
El albertismo no logró quórum para sesionar. (Imagen captura)
Los senadores que aprobaron el proyecto y los diputados que eventualmente levanten la mano están expuestos a ser denunciados.
Esta ley viola el artículo 8 de la Constitución provincial que prohibe la suma del poder público a una persona.
“El Poder Legislativo es el encargado de sancionar el Presupuesto (inciso 4 del artículo 144 de la Constitución), instrumento que hace las veces de límite al Gobierno para efectuar las contrataciones y ejecutar el gasto estatal (artículo 34 de la Ley de Contabilidad). En el caso, la decisión adoptada coloca al propio gobernador como el responsable facultado para auto establecerse un límite al gasto que él mismo realizará”, señaló ayer el bloque de senadores poggista en un documento que alertó sobre la gravedad institucional.
También colisiona con el artículo 92 de la Constitución el cual prohíbe la sanción de leyes que no indiquen expresamente sus fuentes de financiamiento y esta norma no lo señala.
“Lo anterior reviste una irresponsabilidad fiscal sin antecedentes puesto que se autorizaron aumentos de gastos sin los fondos suficientes para poder afrontarlos poniendo en riesgo y comprometiendo el erario público que, como es sabido, se encuentra en una delicada situación resultado de un déficit sistemático y crónico registrado en los últimos años”, señalaron los senadores opositores.
Diputados del bloque oficialista.
Días antes de las elecciones del 11 de junio, en plena veda electoral, los ministerios avanzaron con la firma de contratos del personal de Inclusión Social sin ajustarse al ordenamiento legal. Recién a fines de julio el Ejecutivo envió la reforma del presupuesto.
Hoy hubo un grupo reducido de militantes en los palcos (algunos se hicieron pasar como beneficiarios del Plan) que fueron utilizados como fuerza de choque por los diputados Gustavo Morales y Anabela Lucero. Los mandaron a apretar a los diputados de la oposición al estacionamiento del Palacio, pero la Policía los frenó en el camino y tuvieron que volver a sus lugares.
Una vez que se declaró desierta la sesión, cronista de este medio observaron que la mayoría se subió a una trafic blanca. Ayer ocurrió lo mismo en el Senado y venían desde localidades del sur provincial.