Gallardo denunció que Rodríguez Saá usa a los trabajadores del Plan y reclamó responsabilidad a los diputados oficialistas

La diputada Eugenia Gallardo reclamó hoy responsabilidad a los diputados del oficialismo que promueven la sanción de una ley para que Alberto Rodríguez Saá pueda nombrar nuevos empleados en la administración pública, usando de excusa a los trabajadores del Plan de Inclusión a quienes se les prometió días antes de las elecciones contratarlos en el Estado.

El proyecto que pretenden sancionar “no les va a dar solución a su situación actual, ni futura y lo que es peor, genera una enorme fragilidad fiscal, que pone en riesgo real el normal funcionamiento del estado, el pago de médicos, de docentes, de policías, de medicamentos, etc”, dejó en claro Eugenia Gallardo en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

A su vez consideró que “la Ley tampoco soluciona el problema de aquellas personas que ya firmaron contratos en estos meses, porque no tiene efecto retroactivo sino hacia futuro, por lo que esos contratos no son válidos y los funcionarios que los engañaron y los hicieron firmar esos contratos cometieron fraude, porque sabían que no tenían el sustento legal correspondiente y deberán responder en la justicia y con sus propios bienes por ese hecho”.

El comunicado completo

“San Luis necesita un Gobierno y legisladores responsables

La media sanción al proyecto de Ley que ayer le dio el Senado al Ejecutivo Provincial, no tiene por objetivo contratar a beneficiarios del Plan de Inclusión, se trata de una ley que busca habilitar al Gobernador y a sus ministros a incorporar a su voluntad, a cualquier persona al estado, sin ningún tipo de límites, controles, ni restricciones.

Con la excusa de querer beneficiar a personas del plan de inclusión social, pretenden aprobar de manera express también en la Cámara de Diputados, una ley que es inconstitucional, llevándose por delante los principios republicanos. Es una ley que le quita al Poder Legislativo la función de control al Poder Ejecutivo.

Esta ley viola el Art. 8 y el Art.92 de la Constitución Provincial, porque no prevé la fuente de financiamiento del gasto. El proyecto que viene con media sanción del senado no establece la cantidad de máxima de personal a incorporar a la administración pública provincial, a tres meses de que este Gobierno termine su mandato.

Es absolutamente comprensible la preocupación de los beneficiarios del plan de inclusión por esta situación, pero tienen que saber que esta Ley es inconstitucional; no les va a dar solución a su situación actual, ni futura y lo que es peor, genera una enorme fragilidad fiscal, que pone en riesgo real el normal funcionamiento del estado, el pago de médicos, de docentes, de policías, de medicamentos, etc.

La Ley tampoco soluciona el problema de aquellas personas que ya firmaron contratos en estos meses, porque no tiene efecto retroactivo sino hacia futuro, por lo que esos contratos no son válidos y los funcionarios que los engañaron y los hicieron firmar esos contratos cometieron fraude, porque sabían que no tenían el sustento legal correspondiente y deberán responder en la justicia y con sus propios bienes por ese hecho.

A mis colegas diputados del oficialismo, les pido responsabilidad, que obren responsablemente, como diputados deben representar al pueblo, no salir en defensa de las mentiras, las ilegalidades y los abusos de los funcionarios del ejecutivo provincial.

A los colegas Diputados oficialistas les queremos advertir que, de aprobar esta ley, será declarada nula de forma inmediata por la Justicia.

Por los últimos 3 meses en paz.

Basta de abusos, basta de mentiras”.