Ricardo Bazla: “Los legisladores oficialistas están actuando en contra de la Constitución”

El avance de legisladores de Unión por la Patria para aprobar la modificación de un artículo clave del Presupuesto 2023, mereció una advertencia del abogado y dirigente de Avanzar, Ricardo Bazla.

En declaraciones a El Chorrillero avisó que “están actuando en contra de la Constitución Provincial” y que su actuación “implica un desconocimiento de la ley o una violación de la misma”.

Este martes, senadores que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá lograron media sanción de un proyecto que autoriza al Gobierno provincial a contratar sin ningún tipo de límites empleados públicos bajo el argumento de incorporar beneficiarios del Plan de Inclusión.

En Diputados se buscó hacer lo mismo a las apuradas, pero los legisladores que responden al gobernador no lograron el quórum necesario por lo que la sesión quedó desierta por la ausencia de miembros del mismo oficialismo.

“Pueden tener una consecuencia judicial en la medida en que esto prospere y que veamos si efectivamente se produce un daño al erario público provincial o a determinadas personas”, sostuvo Bazla.

Así, manifestó que lo preocupante es “la forma en que van los legisladores van caminando por el filo de la cornisa” y como “nos llevan puesto a todos los sanluiseños, sobre todo generando un nivel de riesgo en el pago de los próximos salarios de policías, de docentes, de personal médico, de la salud”.

“No es tan sencillo aumentar la cantidad de cargos. Toda la vida el Presupuesto ha establecido límites a la cantidad y esos límites no pueden ampliarse, sin decir la cantidad de cargos que existirán, cuántas personas van a parte del Estado provincial ¿de dónde van a salir los fondos?”, puntualizó.

E insistió: “Están firmando un cheque sin fondos y en blanco es decir no le ponen el monto porque no saben determinar la cantidad de cargos que se van a crear y tampoco dicen de dónde van a salir los recursos para cubrir esos gastos”.

“Naturalmente que uno respeta la opinión de los diputados y no estamos en condiciones de molestar sus opiniones ni de molestarlos a ellos, solamente les estamos diciendo, ‘miren, a nosotros nos parece que legalmente no están haciendo bien las cosas’”, agregó.

Días atrás, Bazla denunció a los ministros de Gobierno, Fabián Filomena; de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich; de Seguridad, Claudio Latini; de Educación, Eugenia Cantaloube; de Salud, Cristian Niño; y también al secretario de Turismo, Luis “Piri” Macagno.

¿La razón? Fueron acusados de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y estafa establecidos en los artículos 248, 172 y 173 del Código Penal.

Todo esto enmarcado que a dos días antes de las elecciones del 11 de junio hicieron firmar contratos a beneficiarios de planes sociales siendo conscientes de que no contaban con el respaldo legal.

“Acá es donde está la violación de la ley, el abuso de autoridad. Hay un ejercicio abusivo por parte de los ministros que no están cumpliendo sus obligaciones, sus deberes ¿por qué? porque se han alejado de lo que dicen las leyes y lo que dice la Constitución”, dijo.

Tampoco descartó que la denuncia se pueda ampliar e involucrar a más funcionarios en la medida que se avance en la investigación y en la cadena de responsabilidades.

Por último, señaló que se trata de una situación generada por la “arbitrariedad del Gobierno de San Luis que está en retirada y que perdió las elecciones”.

“Los únicos responsables de esta situación son quienes integran el Gobierno actual. No hay responsabilidad a quien todavía no está gobernando”, culminó.