El negocio del juego: Rodríguez Saá le asegura con una licitación a medida el monopolio al Grupo Slot por otros 10 años más
La empresa íntimamente ligada a sus intereses corre con ventaja en el proceso. Es la única que cumple con un requisito del pliego.
En plena retirada, Alberto Rodríguez Saá está armando un Gobierno paralelo más allá del 10 de diciembre y también atando millonarios negocios con empresas vinculadas al poder que encabeza.
A través de la licitación N° 1 de la Agencia para el Desarrollo Económico y Asistencia Social (ex Caja Social) formalizó el trámite para concesionar la explotación del negocio de tragamonedas.
Antes de ser promocionada al Tribunal de Cuentas, Cecilia Badaloni como responsable máxima del organismo que dirige Gretel Cali lanzó la convocatoria con la publicación del edicto. Hoy a las 10 se conocerán los oferentes en un acto que se realizará en el edificio La Herradura de Terrazas del Portezuelo.
En el trámite para adjudicar las salas de máquinas tragamonedas en La Toma, Naschel, Tilisarao, Concarán, Quines Candelaria, Luján, San Francisco, Potrero, El Volcán, Unión y Buena Esperanza no quedó nada librado al azar.
El Chorrillero accedió al pliego que contiene un requisito que le da ventaja para la renovación del negocio por otros 10 años al Grupo Slots.
En las bases y condiciones se exige:
-Acreditar como mínimo 20 años de actividad ininterrumpida en la explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar.
-Acreditar como mínimo 5 años de actividad ininterrumpida de juegos de azar bajo la modalidad en línea (on line).
El segundo punto es el que prácticamente le asegura continuar con el monopolio. Según pudo averiguar este medio, el Grupo Slots es la única en el país que acumula más de un lustro en este rubro.
El canon mensual por cada máquina fue fijado en $8.333,34 estableciéndose la cantidad mínima inicial de 594 aparatos.
El canon mensual total se estableció en $4.950.003,96 y el monto total por 10 años de contrato fue estipulado en $594.000.475,2.
En el ítem compromisos se piden inversiones en los locales de las salas y propuestas sobre juego responsable, perspectiva de género y armonía con el ambiente.
La garantía de impugnación es de $29.700.023,76.
Edicto.
Hace menos de un mes inició también el proceso para contratar el servicio de impresión, edición, digitalización y distribución del Boletín Oficial y Judicial de la Provincia por $170.640.000.
Este negocio desde que se privatizó hace varias décadas está en manos de la empresa Payné que pertenece al propio gobernador.
Si bien el mandato de Rodríguez Saá finaliza dentro de tres meses, el llamado a licitación lo hizo por el término de un año comprometiendo fondos del presupuesto que administrará el próximo Gobierno.