La Justicia empezó a pedirles explicaciones a los ministros por los contratos de Inclusión Social

Hubo un avance en la causa en que funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá fueron denunciados por hacer firmar contratos a trabajadores del Plan de Inclusión sabiendo que no podían hacerlo porque no contaban con el respaldo legal ni presupuestario.

El abogado Ricardo Bazla, impulsor de la presentación contra siete ministros del Gobierno provincial, explicó que la Unidad de Gestión Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial dispuso librar un oficio al ministro de Gobierno, Justicia y Culto , Fabián Filomena, para que envié el expediente de un contrato en particular .

Tiene un plazo de 20 a 30 días para responder.

Por el momento, el letrado decidió preservar la identidad de la persona que firmó ese contrato porque integra el Plan y “deduzco que puede estar en un grado de vulnerabilidad social”.

“Con esto comienza a producirse las medidas de prueba que hemos solicitado en su momento, es decir, la Justicia está actuando en el sentido de aportar claridad y hacer todo lo necesario para llevar u obtener el conocimiento de la verdad real y saber realmente qué ocurrió”, dijo.

“Indudablemente actuaron de manera ilegal y contraria a los que establece la Constitución provincial pretendiendo contratar personas teniendo conocimiento que no existía el respaldo legal ni el presupuesto para eso”, sostuvo.

Además de Filomena están denunciados los ministros Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich; de Seguridad, Claudio Latini; de Educación, Eugenia Cantaloube; de Salud, Cristian Niño; y también al secretario de Turismo, Luis “Piri” Macagno. Se les atribuye el delito de abuso de autoridad por incumplimiento de la autoridad de deberes de funcionario público y estafa.

“Por el hecho de que comenzó a tener resultados la etapa de pruebas, espero que se produzcan otros oficios que en su momento solicité para que el Gobierno informe con precisión cuáles son los contratos efectivamente firmados o la cantidad total de personas que tienen registrados como empleados de la administración pública para que también se requiera a Anses el número de empleo registrado en el Gobierno”, planteó y agregó: “Hay una serie de medidas de pruebas que todavía no se realizaron y son de suma importancia para el esclarecimiento de esta situación”.

Bazla no descartó que la denuncia se pueda extender a otros funcionarios de la administración de Rodríguez Saá.

Anticipó que también pidieron que se cite a prestar declaración testimonial al viceministro de Desarrollo Social, Alan Sosa Tello y el encargado de planes sociales de Villa Mercedes, Fabricio Mena porque estos últimos 15 días “ambos se han manifestado de tediosa manera respecto a la existencia de estos contratos y donde reconocen el hecho”.

En el caso de que los funcionarios digan ante la Justicia que los contratos nunca existieron, Bazla señaló que “serán los responsables de llevar al Poder Judicial a las personas que sostienen firmar esos documentos”.

“El grado de perversidad con que maneja Rodríguez Saá debe tener un límite, además de dejarnos fundida la provincia y espero que no someta a los beneficiarios de los planes a tener que presentarse en la Justicia y que los ministros cumplan con su obligación de presentar la documentación que obran en su poder por más que la que quieran esconder”, cerró.